Jorge Sanz: "La verdadera singularidad de España es la defensa de soluciones demagógicas"

Jorge Sanz Oliva (Madrid, 57 años) es un técnico que conoce de cerca la política, pero habla con la claridad que ni los unos ni los otros destilan cada vez que se refieren al galimatías del mercado eléctrico. Mientras los ciudadanos se preguntan qué significan algunos términos inventados, como 'topar', y de qué manera les afectan las medidas de un real decreto de 160 páginas que solo un especialista puede entender, Sanz deja titulares al alcance de cualquiera. E incluso se atreve a darle la vuelta a los eufemismos empleados por el Gobierno para reforzar su posición negociadora en Bruselas: "Es en su defensa de soluciones demagógicas en lo que verdaderamente España es singular, y no en afirmar que somos una isla energética".

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Su trayectoria lo avala como uno de los mayores conocedores del mercado eléctrico en España: ejerció como director general de Política Energética y Minas entre 2004 y 2009, durante la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y fue 'rescatado' una década más tarde por el popular Mariano Rajoy para encabezar la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Actualmente, desempeña el cargo de director asociado de NERA Economic Consulting en nuestro país, y ha hecho un hueco para responder las preguntas de El Confidencial en una semana de gran intensidad para todos los que se dedican al mundo de la energía. Tras un mes de invasión, se han despejado las dos grandes incógnitas que impacientaban a la calle: el Ejecutivo intentará paliar los récords del combustible con una bonificación universal de 20 céntimos por litro y los de la luz con un tope al gas de 30 euros el megavatio hora (MWh), que la Comisión Europea aún tiene que aprobar. Sanz se opone a ambas medidas.

PREGUNTA. ¿Debe caminarse hacia una reforma integral del mercado marginalista de la electricidad o es suficiente con aplicar una 'excepción ibérica' durante algún tiempo?

RESPUESTA. La UE no modificará el mercado eléctrico marginalista porque existe un consenso absoluto, que yo comparto, acerca de que es el sistema que evita el derroche de un recurso escaso, como es la energía. Adulterar la señal de precio y transmitir artificialmente a los consumidores el mensaje de que la electricidad es barata, cuando en realidad no lo es, porque es escasa, solo serviría para incrementar el consumo de electricidad y, con ello, también el de gas. La Comisión Europea y la mayor parte de los países de la UE lo saben y, por eso, no comparten las propuestas del Gobierno español. A nadie se le puede pasar por la cabeza que las instituciones europeas tengan interés en perjudicar a los consumidores. Lo que defienden es compensarles con dinero, pero sin adulterar el precio de la energía. Es en su defensa de soluciones demagógicas en lo que verdaderamente España es singular, y no en afirmar que somos una isla energética.

"La integración de los mercados gasistas de España y Francia se conseguiría enviando buques metaneros directamente a Marsella"

El argumento del Gobierno para defender una medida excepcional que no se aplicará en el resto de Europa es doble. Por un lado, el gas ocupa un papel marginal en el 'mix' energético español —las centrales de ciclo combinado solo producen el 15% de la electricidad, debido al gran peso de las renovables—, por lo que no tiene sentido que, siendo mucho más caro, marque el precio y la remuneración al resto de las energías cuando entra de último en el 'pool', como establece el sistema marginalista. Por el otro, la escasa interconexión con el resto del continente, que apenas llega al 3% en el caso de la electricidad, limitaría el efecto contagio y la distorsión del mercado común.

Ahora, la política europea para reducir la dependencia energética de Rusia puede poner punto y final a este aislamiento secular, y se suceden los movimientos para construir nuevas infraestructuras que permitan conectar la red ibérica con la europea, especialmente para transportar gas. Sanz comparte el esfuerzo por integrar los mercados del continente, pero advierte de que debe conseguirse con los menores costes posibles. Y el ducto Midcat, que uniría España y Francia a través de Cataluña, no constituye la mejor opción. "Es muy probable que sea más barato y tenga un impacto ambiental mucho menor ampliar la planta de regasificación de Marsella que interconectar la red de gasoductos de alta presión española con la francesa. La integración de los mercados gasistas de España y Francia se conseguiría enviando buques metaneros directamente a Marsella, en lugar de descargarlos en Barcelona para vehicular el gas posteriormente a través de los tubos", asegura.

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Sanz nada contra corriente en algunos asuntos, y su defensa cerrada de la transición no le impide apoyar proyectos impopulares como la reciente taxonomía de la Unión Europea, que incluye el gas y la nuclear como energías verdes: "Cada país es libre de elegir la estrategia que más se ajuste a las preferencias de sus ciudadanos a la hora de descarbonizar". En el caso de España, la apuesta es por la eólica y la solar; en Francia, en cambio, prefieren los reactores alimentados por uranio. Para el ex director general, la clausura de las centrales nucleares existentes solo llevaría a importar más gas, en un contexto de récords de precios y reducción de las compras a Rusia. "Es necesario replantear su cierre", afirma, lo que equivale a aliviar su fiscalidad para que los titulares de las centrales puedan recuperar las inversiones de 'extensión de vida' con los propios márgenes operativos de las instalaciones. Algunos países, como Alemania, ya han optado por esa opción.

Sin embargo, Sanz rebate a las voces que abogan por construir nuevos reactores, como ya están haciendo Francia y Holanda. El coste sería inasumible. "Para recuperar la inversión necesitan precios por encima de 100 euros/MWh durante 40 años y, a día de hoy, el consenso de mercado es que eso no va a ocurrir", afirma. De la misma manera, califica la recuperación del carbón —casi todos los países europeos, incluido España, han vuelto a quemarlo durante esta crisis energética— como una "solución coyuntural" mientras dure la inestabilidad, pero le augura poco recurrido por sus elevados precios y la gran contaminación que produce.

"Subvencionar la energía a todos los consumidores, con independencia del nivel de renta, es ineficiente y regresivo"

Estos movimientos, en algunos casos desesperados, para garantizar el suministro ante un posible cierre del grifo por parte de Rusia han hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ralentización del proceso de transición energética, en un contexto de tensiones inflacionistas causadas por la guerra en Ucrania. Sanz descarta que sea así: "La necesidad de reducir la dependencia del gas nos lleva a acelerar el proceso, es decir, a acelerar las inversiones en renovables y en ahorro energético". España parte de una posición privilegiada tras el gran despliegue de los últimos años, cuando las energías limpias aún no eran rentables, pero debe seguir ampliándolo con más ahínco ahora que sí lo son, opina el director asociado de NERA. Sin embargo, el Ejecutivo ha tomado en los últimos días algunas medidas que van en el sentido contrario.

El error de las bonificaciones

P. ¿Las medidas que ha aprobado el Gobierno para mitigar la subida del combustible suponen un freno para la transición o solo un parche momentáneo?

R. Las subvenciones distorsionan las señales de precios y ocultan al consumidor la señal de que un recurso es escaso, lo que equivale a derrocharlo. La solución más eficiente y más justa es dar un cheque y enfocarse exclusivamente en los consumidores vulnerables, como los profesionales y las familias con bajo nivel de renta. Subvencionar la energía a todos los consumidores, con independencia del nivel de renta, es ineficiente y regresivo.

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Las críticas de Sanz coinciden con las de numerosos expertos, como Ignacio Conde-Ruiz, miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, o el periodista especializado Javier Blas, recogidas esta semana en El Confidencial. Todos ellos preferirían medidas que ayudasen a quienes más lo necesitan y redujesen el consumo, como recomienda la Agencia Internacional de la Energía. Pero el Gobierno ha insistido en que cualquier bonificación con criterios de renta tardaría mucho más en llegar y causaría problemas burocráticos. "La subvención universal solo invita al derroche", enfatiza el director asociado de NERA, que pide unas políticas públicas "mucho más generosas" con los principales damnificados por las consecuencias de la guerra.

En cualquier caso, España llega tarde. El reciente paro de los transportistas apenas constituye el ejemplo más reciente de un descontento que se viene fraguando durante los últimos años, y ha tenido expresiones notables en otros países, como los chalecos amarillos franceses. Al frente de las protestas se sitúan los grupos que se sienten penalizados por las políticas de descarbonización y no entienden algunas de sus contradicciones. El ex director general pide respuestas coherentes a los nuevos desafíos, para evitar las situaciones disparatadas que activan el descontento. Los ejemplos abundan: España prohíbe la extracción de gas a través de fractura hidráulica —el llamado 'fracking'— mientras importa cantidades ingentes obtenidas con ese método en Estados Unidos, y continúa con el desmantelamiento de las nucleares, pero no tiene reparo en comprar electricidad producida en Francia por esas centrales. Toda una paradoja en un país abanderado de la transición energética gracias a la contribución de personajes como el propio Sanz.