Los propietarios de 13 millones de viviendas en España podrían deducirse hasta un 60% en la renta

A finales del pasado año entró en vigor el Real Decreto-Ley que busca impulsar la eficiencia energética del envejecido parque de viviendas de nuestro país a través de bonificaciones fiscales en la declaración de la renta (pudiendo estar sujetas a modificaciones) de carácter general. Se trata de un programa de ayudas vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno destinado a la rehabilitación residencial para reducir el consumo energético por valor de 3.420 millones, de los que 450 millones se destinarán a los incentivos fiscales repartidos en dos plazos.

Hasta el 31 de diciembre de 2022, la norma contempla dos tipos de ventajas fiscales. En la primera, los propietarios se podrán beneficiar de una deducción de hasta el 20% de las cantidades invertidas en obras para reducir el consumo de calefacción y refrigeración, con un límite de 5.000 euros anuales. La reducción tendrá que ser de al menos un 7% del consumo anterior a la reforma.

"La realización de estas obras es costosa y aunque existen ayudas parciales del Estado, necesitan de una financiación adicional”

En el segundo tramo, la bonificación se eleva hasta el 40% y un máximo de 7.500 euros anuales. Está dirigido a la disminución de, como mínimo, un 30% del consumo de energía primaria no renovable o a la mejora de la nota de la calificación energética, con una letra A o B (la escala de calificación se va degradando hasta la G).

Y, por último, hasta el 31 de diciembre de 2023, se contempla la deducción más elevada, hasta un 60% de las cantidades invertidas con un desembolso tope de 5.000 euros para rehabilitación en edificios residenciales que reduzcan el consumo en la misma proporción que el tramo anterior. Los vecinos de la comunidad se deducirán la inversión en función de su cuota como propietario.

En todos los casos, solo se podrán beneficiar de las ventajas fiscales las viviendas habituales o en alquiler residencial y será necesario un certificado de eficiencia energética anterior y posterior a la obra, que será el que demuestre la reducción del consumo exigida. También es importante saber que la expedición del certificado tendrá que ser anterior a 2023 en los dos tramos más bajos y antes de 2024, en el más elevado.

Los edificios más envejecidos

Según los últimos datos del INE del número de viviendas en España, se estima que 13,2 millones se podrían beneficiar de estas ayudas a tenor de los datos del Catastro recabados en un estudio de Idealista, que señala que en nuestro país el 51,3% del parque de viviendas tiene más de 40 años. El informe llega a ese porcentaje de antigüedad porque las casas construidas antes de 1980 no tenían que regirse bajo ninguna normativa sobre condiciones térmicas.

Por Comunidades Autónomas, País Vasco tiene la media de inmuebles residenciales más envejecidos, con el 63,5%, seguido de Cataluña (59,8%) y Aragón (56,2%). En el otro lado de la balanza, Murcia (41%), Islas Canarias (41,9%) y Andalucía (44,2%).

Los edificios son responsables del 35% de la emisión de CO2 en las grandes ciudades, por lo que es “imprescindible poner medidas que les ayuden a disminuir estas emisiones, como la instalación de paneles solares, mejores calderas o ahorro en el consumo. La realización de estas obras es costosa y aunque existen ayudas estatales, necesitan de una financiación adecuada para que sea una inversión rentable y no un gasto”, apunta Jorge Sáenz de Miera, responsable de Avanza Credit de Deutsche Bank.

La entidad cuenta con un equipo dedicado en exclusiva a financiar estas rehabilitaciones, "con un producto ágil y sencillo que alcanza el 100% del proyecto y a un plazo de hasta 10 años", concretan.

“La mayor parte de la población vive en pisos, muchos no tienen ascensor y es necesario adaptarlos, tanto por regulación como por el envejecimiento de la población”, comenta Sáenz de Miera. En la actualidad, a tenor de la demanda de este tipo de créditos en Deutsche Bank, las partes de los inmuebles que más necesitan financiación son, precisamente, las relacionadas con la accesibilidad de viviendas y edificios residenciales mediante la instalación de ascensores y rampas de acceso (en un 50%). Las obras de mejora de la eficiencia energética representan la otra mitad, de las que un 90% tienen que ver con el aislamiento de fachadas y el 10% restante con la sustitución de calderas e instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

El beneficio de llevar a cabo este proceso no solo se percibe con el pago de menos impuestos y en la factura energética (hasta un 30% inferior), sino también en la revalorización del inmueble, que puede llegar a alcanzar un 25%, según Alia Tasaciones, que señala otras tres ventajas adicionales: el retorno de la inversión, "que queda amortizada a partir de los seis u ocho años"; los beneficios para el medio ambiente, "con una reducción de la huella de carbono de hasta un 20%", y el propio confort que ofrece la vivienda rehabilitada.