Ribera propone deshacer la última reforma europea y volver a 'topar' la luz a 180 euros/MWh

El mercado de la luz ya está limitado en España. En concreto, a 3.000 euros el megavatio/hora (MWh), que es el máximo al que las compañías pueden ofertar la electricidad en el 'spot' diario. Hasta el 6 de mayo del año pasado, ese límite era de solo 180 euros, pero la adaptación de un reglamento europeo de 2019 lo elevó hasta el techo actual. Ahora, el Gobierno pretende revertir el cambio y defenderá en el próximo Consejo Europeo que la luz se vuelva a 'topar' a 180 euros.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press que los gobiernos de España y Portugal presentarán una propuesta conjunta al resto de socios en ese sentido. La también vicepresidenta tercera considera que, si hace apenas dos años aquel precio "parecía una locura a la que nunca se llegaría y hoy está ampliamente superada", es "poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar". Este jueves, la luz se paga a 217,13 euros en el mercado mayorista, por lo que la medida reduciría en casi 40 euros el precio actual.

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Ribera se refiere al artículo 10 del Reglamento 2019/943 de la Unión Europea, que buscaba la plena armonización no solo de los precios de casación —donde coinciden la oferta y la demanda—, sino también de los límites de las ofertas en todos los mercados comunitarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de regular el español, marcó entonces un precio máximo de 3.000 euros para las ofertas, el mismo que había establecido una decisión de la Agencia Europea para la Cooperación de Reguladores de Energía (ACER) de 2017 para la casación. Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la resolución de la CNMC entró en vigor y, en el entonces incipiente escenario de crisis energética, permitió que la luz superase los 180 euros por primera vez en la historia el pasado septiembre.

Pese a que la aplicación de un reglamento es obligatoria en todos los Estados miembros, la propia resolución de la CNMC reconoce que la redacción del artículo que pide armonizar los límites de precios "es imprecisa". El operador ibérico (OMIE) emprendió una consulta entre los agentes afectados antes de establecer la nueva regulación. Mientras que los grupos dominantes en el mercado defendían equiparar el límite de oferta con el de casación (3.000 euros), los grandes consumidores y las comercializadoras independientes pedían una actualización progresiva desde valores más bajos. En los últimos días, estas han demandado a la ministra el regreso al tope de 180 euros.

Finalmente, Ribera ha recogido estas reivindicaciones, pero OMIE llama a la prudencia. Su director de Asuntos Internacionales y Marketing, Rafael Gómez-Elvira, ha pedido en Onda Cero "cuidado" con este tipo de iniciativas que, si se emprenden de manera unilateral, podrían contribuir a "dinamitar la integración de los mercados mayoristas". La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, también ha defendido que el nuevo límite se pacte a escala comunitaria, para evitar el riesgo de que desplace la oferta de gas a otros países.

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La batalla se debe librar en Bruselas, aunque para algunos se trate de una "tomadura de pelo". Es el caso de las asociaciones de consumidores, como Facua, que demanda que el máximo se fije en 50 euros. No hay que olvidar que el precio medio del megavatio hora en España se situó en 47,7 euros en 2019, año de aprobación del reglamento europeo y último periodo normal, antes de los precios inusualmente bajos del 2020 pandémico y los récords de 2021. Recuperar el límite de 180 euros constituiría un gran avance para embridar el mercado, pero ese precio sigue siendo elevadísimo: cuadriplica los niveles que eran habituales en España hasta la irrupción de la crisis energética. Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, ya ha dicho que la medida resulta insuficiente y reclama gravar más los beneficios de las eléctricas.

Ribera ha insistido en que el Gobierno está esperando a aprobar sus propios planes hasta que tenga la respuesta de la Comisión, pero advierte de que esta será nacional si Bruselas se retrasa. Todas las miradas están puestas en el Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo. El Ejecutivo es autónomo para tomar algunas decisiones, como la extensión de la rebaja fiscal a la luz, que caduca el 30 de abril. El presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado que la prorrogará hasta el próximo 30 de junio, pero no deja de ser un parche para amortiguar el impacto de los récords del mercado mayorista en la factura. Faltan unos días para que Europa tome una decisión y Sánchez continúa su gira comunitaria: los apoyos de otros Estados resultan fundamentales para que esta ataque directamente la formación de precios, que constituye la verdadera raíz del problema.