Calviño pedirá a Bruselas a mitad de año el acceso a los 70.000 M de créditos del fondo

El plan de recuperación español solamente está utilizando, por el momento, 70.000 de los 140.000 millones de euros a los que tenía acceso. El Gobierno apostó primero por desplegar la mitad que le correspondía en forma de transferencias a fondo perdido, y reservarse la mitad a la que tenía derecho en forma de créditos ventajosos. Pero el Ejecutivo español pretende añadir pronto a su plan los 70.000 millones de euros de créditos, según ha explicado este lunes en Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

La vicepresidenta ha explicado que, a mitad de año, el Ejecutivo español enviará a la Comisión Europea una enmienda a su plan nacional, añadiendo los 70.000 millones de euros de créditos. Esta petición tendrá que ser revisada por los técnicos comunitarios y, tras darles la luz verde, se actualizará el montante de los desembolsos previstos. Calviño ha sugerido que la adenda servirá también para adaptar el plan nacional a las nuevas circunstancias y los nuevos objetivos que se están marcando tras la invasión rusa de Ucrania. “Disponemos de un instrumento y de una oportunidad extraordinaria para orientar todas estas reformas e inversiones de una manera eficaz para dar respuesta a los retos de la actualidad. Y esa misma orientación tendrá la adenda del plan que prevemos para mediados de este año y la solicitud de los créditos correspondientes a España”, ha explicado la vicepresidenta en Bruselas.

El Gobierno siempre ha explicado que, aunque en un primer momento solamente se había enviado un plan adaptado únicamente las transferencias, su intención era utilizar al completo los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de recuperación acordado por los Veintisiete en 2020 y que tiene el objetivo de reactivar la economía tras el 'shock' de la pandemia. El reglamento establece que los Estados miembros tienen hasta agosto de 2023 para solicitar la parte de créditos, aunque el Gobierno quiere dejarlo hecho en los próximos meses. Sin embargo, todavía se está trabajando en los detalles de esa adenda que el Ejecutivo español tendrá que enviar a Bruselas.

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La vicepresidenta participa en un encuentro de dos días de los ministros de Finanzas de la Eurozona y de la Unión Europea en el que se debatirá acerca de cómo limitar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía europea. La reunión se celebra pocos días después de que los líderes se dieran cita en Versalles (Francia) y pusieran sobre la mesa una “agenda de la soberanía” que se traducirá en una inversión de miles de millones de euros para lograr autonomía energética y un aumento del gasto en defensa. Algunos países, como Francia, han propuesto que se busque una manera de financiar ese gasto de manera conjunta, como se hizo con el fondo de recuperación.

Pero la opinión general es que todavía es temprano para hablar de ello y para cuantificar los efectos de la guerra sobre la economía europea. La vicepresidenta ha asegurado que se está “en una fase muy incipiente en la que la atención se está centrando en minimizar el impacto en el crecimiento negativo en términos de alza de precios o de carestía de materias primas y otros insumos industriales esenciales”, pero sí que ha mostrado la predisposición del Gobierno a apoyar las propuestas que ha sugerido Francia, explicando que “España siempre estará entre aquellos que apoyen una respuesta coordinada, una respuesta europea a un reto que evidentemente trasciende de las fronteras nacionales, y que, por tanto, requiere una actuación conjunta, unida, de todos los Estados miembros”.

En todo caso, Calviño se ha mostrado confiada con que estos debates demuestran que el plan español estaba bien diseñado. “Si algo está demostrando la crisis es que el plan de recuperación español estaba muy bien diseñado y responde de una manera eficaz a los retos actuales y a los retos de futuro”, ha explicado a su llegada al encuentro con sus homólogos europeos, asegurando que el 40% del plan nacional se dedica precisamente a la transición ecológica, que juega un papel fundamental en los planes de la Comisión Europea para lograr la independencia energética respecto a Rusia en 2027.