La delicada salud financiera de empresas y trabajadores complica el pacto de rentas

La negociación de un pacto de rentas para sortear el alza de la inflación llega en el peor momento para los agentes económicos. No solo porque los salarios medidos en convenio colectivo perdieron el año pasado alrededor de 1,6 puntos de poder adquisitivo (el IPC medio subió un 3,1% y las nóminas, un 1,5%), sino porque las empresas están todavía muy lejos de haberse recuperado de la crisis ocasionada por la pandemia.

No en vano, la facturación del conjunto de las empresas registradas en la central de balances del Banco de España se redujo en 2020 un 14,3%, la mayor caída registrada en esta base de datos en toda la serie histórica (aún no hay datos del conjunto de 2021). Algunos estudios han calculado que de cumplirse ciertos supuestos basados en la tendencia de la economía española anterior a 2019, el nivel de valor añadido bruto (VAB) generado por las sociedades no financieras, a euros constantes, no se alcanzará hasta 2023.

Es más. Un estudio del catedrático Vicente Salas, uno de los mayores expertos del país en contabilidad empresarial, ha estimado que durante los primeros siete trimestres de la pandemia (entre el primero de 2020 y el tercero de 2021) el margen bruto de explotación de las empresas se ha reducido en tres puntos (hasta el 40%) debido, sobre todo, al aumento de los gastos de personal, lo que significa unos 20.000 millones menos de beneficio bruto de explotación.

Como consecuencia de ello, las empresas han reducido en 47.356 millones sus inversiones brutas respecto de lo que hubieran invertido en caso de que no hubiera habido covid, lo que a la postre ha influido también en su rentabilidad. En concreto, y con datos referidos a los primeros tres trimestres del año, la rentabilidad media de las empresas creció un 2,8%, siete décimas más que un año antes, pero todavía por debajo del 4,5% de 2019, según datos de la central de balances del Banco de España.

Debilidad del consumo

No les ha ido mucho mejor a los trabajadores. La pérdida de valor añadido neto generado por las empresas, un 15% menos, ha significado un descenso del 6,7% en la retribución de los asalariados, lo que significa unos 44.000 millones de euros. Lo peor, sin embargo, puede estar por venir a la luz de la escalada de los precios de la energía. La elevada inflación limita las posibilidades de gasto de las familias, especialmente en el caso de los hogares de menores rentas, que destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes energéticos, que son los que han experimentado un mayor encarecimiento. Y este efecto ya se está notando en la debilidad del consumo privado.

En el caso de las empresas, el descenso en el beneficio neto de las sociedades no financieras —excluidos los bancos— durante los primeros siete meses de la pandemia ha alcanzado los 93.000 millones. En total, incluyendo salarios y beneficios, unos 137.000 millones que parcialmente han sido compensados por los ERTE, en el caso de los trabajadores, y por los programas de apoyo financiero aprobados por la Administración para empresas con problemas de liquidez y solvencia.

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Las cifras son relevantes porque reflejan la situación de partida de unas negociaciones entre sindicatos y empresarios cruciales para la economía española, toda vez que lo que está en juego es evitar que el fuerte incremento de los precios por el aumento del coste de la energía, que debiera tener un carácter temporal, aunque se alargue en el tiempo bastante más de lo previsto, se convierta en estructural. Es decir, dé carta de naturaleza a la llamada inflación de segunda ronda.

Ya en octubre del año pasado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió de este riesgo durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde reclamó que sindicatos y empresarios “interioricen” un pacto de rentas para evitar que el actual repunte de los precios “de naturaleza fundamentalmente transitoria”, dijo, se traslade al conjunto de la economía.

Hernández de Cos habló de un “reparto equitativo de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo”. En caso contrario, alertó, “podría alentarse una realimentación de precios y costes con efectos adversos para la competitividad, la actividad económica y el bienestar de los ciudadanos”. Desde entonces, el IPC interanual ha pasado del 5,4% al 7,4%, con una clara tendencia a aumentar. Y ahora hay que negociar un pacto de rentas en un contexto muy difícil. En particular, en los sectores más afectados, ya que existe una fuerte heterogeneidad. Mientras que ciertos sectores, como el de la energía o el industrial, ya habrían revertido la caída del año anterior, otros, principalmente los que están relacionados con el sector servicios (hostelería o turismo), continúan claramente por debajo de los niveles anteriores a la crisis.