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El BCE niega que pensiones y salarios públicos causen inflación de segunda ronda
  1. Economía
INFORME MENSUAL DEL BANCO CENTRAL

El BCE niega que pensiones y salarios públicos causen inflación de segunda ronda

La inflación sigue por las nubes, pero lo que preocupa es que el alza contagie a más productos. El BCE piensa que, por el momento, no se observan efectos de segunda ronda

Foto: Christine Lagarde, presidenta del BCE. (EFE/Julien Warnand)
Christine Lagarde, presidenta del BCE. (EFE/Julien Warnand)
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La inflación de segunda ronda, es decir, una escalada de los precios derivada de convertir un incremento temporal del IPC (en este caso por la energía) en un problema estructural, se encuentra hoy en el centro del debate económico. Lo que preocupa, en particular, es el efecto que puede tener la indexación de las pensiones y los salarios públicos —que son competencia de los Estados— a la evolución de la inflación, y la respuesta que ha dado el BCE es que, por el momento, no hay motivos de alarma.

“Se ha llegado a la conclusión de que la probabilidad de que los sistemas de fijación de salarios desencadenen efectos de segunda vuelta como consecuencia de la indexación a la inflación es relativamente limitada en la zona del euro”, sostiene el banco central es su primer boletín económico del año. “No se espera que el crecimiento de las pensiones y salarios públicos genere efectos significativos de segunda vuelta”, insiste el BCE más adelante; entre otras razones porque el crecimiento de los salarios en el sector público seguirá siendo “sistemáticamente inferior al del sector privado, lo que sugiere que es poco probable que se produzcan efectos de desbordamiento positivos del sector público al privado”. Tradicionalmente, hay un efecto arrastre cuando las rentas públicas crecen más que las privadas, que tienden a mimetizarse.

El BCE llega a esa conclusión a partir de una evidencia. La indexación total o parcial a la evolución de los precios se aplica únicamente en cinco países que representan el 19% de la remuneración de los asalariados públicos de la zona del euro. En dos de ellos (Bélgica y Luxemburgo), la indexación es automática al coste de la vida, mientras que en Chipre y Malta la indexación es solo parcial. En Italia, por último, solo se actualizan si la inflación resulta ser más elevada que la subida de los salarios públicos durante tres años, y la diferencia se compensa en el siguiente trienio.

Esto quiere decir que en la mayoría de los países de la zona del euro los salarios públicos no están indexados de forma automática a la inflación. Incluso, los salarios públicos están congelados en Grecia y en Francia, aunque no se aplica en educación y sanidad ni a quienes perciben salarios más bajos.

No es irrelevante, teniendo en cuenta el importante peso que tienen los salarios públicos y las pensiones en el conjunto del gasto. En concreto, se estima que en 2020 la remuneración de los asalariados públicos en la eurozona (excluyendo las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores) se situó en torno al 7,8% del PIB, mientras que las pensiones públicas por jubilación, viudedad y orfandad representaron alrededor del 12,7%. Es decir, en total, un 20,5%, la quinta parte del PIB.

Foto: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. (EFE/Julien Warnand)

Gasto en pensiones

Por lo que respecta a las pensiones públicas, la indexación total a la evolución de la inflación se aplica en seis países (Bélgica, Grecia, España, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia), que representaron el 37% del gasto en pensiones de la zona del euro en el año 2021. En el resto, la indexación es solo parcial. Irlanda es el único país en el que no hay ninguna referencia y las pensiones se actualizan anualmente en la Ley de Presupuestos en función de lo que estime oportuno el Parlamento de Dublín.

Los datos más recientes de Eurostat muestran que la inflación subyacente, que es la que tiene un carácter estructural al eliminar los componentes más volátiles (energía, alimentos no elaborados, alcohol y tabaco), crece en la eurozona a un ritmo del 2,3%, muy lejos de la que es coyuntural, un 5,1% en enero. Esto sugiere, en línea con lo que estima el BCE, que por el momento no hay una inflación significativa de segunda ronda. En el caso de España, el IPC se encuentra en el 6,1%, mientras que la subyacente ha escalado al 2,4%, lo que da a entender que tampoco se ha trasladado con intensidad. Otra cosa es que lo haga en el futuro si los precios de la energía y de las materias primas permanecen en niveles muy elevados.

Por el momento, el BCE llama a la tranquilidad y ayer mismo Philip R. Lane, su economista jefe, recalcó que las altas tasas de inflación actuales se han debido a un ciclo pandémico que ha generado cuellos de botella globales para los productos manufacturados y, lo que es más importante, la zona del euro, señaló, ha visto un aumento muy sustancial en los precios de la energía en los últimos meses. Es decir, que el BCE entiende que una vez normalizados los precios de la energía la inflación se situará en niveles compatibles con el objetivo del 2% que pretenden los banqueros a medio plazo.

Lo que teme el BCE, por el contrario, es que si la política monetaria se endurece “de forma exagerada”, como asegura Lane, el resultado al final será una inflación que se mantenga de forma persistente por debajo del objetivo del 2% a medio plazo.

La inflación de segunda ronda, es decir, una escalada de los precios derivada de convertir un incremento temporal del IPC (en este caso por la energía) en un problema estructural, se encuentra hoy en el centro del debate económico. Lo que preocupa, en particular, es el efecto que puede tener la indexación de las pensiones y los salarios públicos —que son competencia de los Estados— a la evolución de la inflación, y la respuesta que ha dado el BCE es que, por el momento, no hay motivos de alarma.

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