Bruselas confirma su apuesta por el gas y la nuclear pese a una fuerte oposición

A pesar de las críticas recibidas por países como España, Dinamarca o Austria, la Comisión Europea ha presentado su propuesta para el etiquetado de inversiones verdes, conocido como taxonomía, en la que considera al gas, hasta 2035, y la nuclear, hasta 2040, como energías transicionales cumpliendo con una serie de criterios. Eso significa que el Ejecutivo comunitario no las considera energías limpias, pero, utilizadas de una determinada manera y cumpliendo una serie de requisitos, sí que entran dentro del etiquetado sostenible. La Comisión insiste en que se trata de "un documento vivo" que se revisará cada tres años.

La taxonomía verde es el sistema de clasificación que permite a los inversores saber qué proyectos son sostenibles y cumplen con una serie de requisitos. La inclusión por parte de la Comisión Europea de la energía nuclear o del gas dentro de ese etiquetado verde no significa que los Estados miembros que no lo deseen deban abrir centrales nucleares, sino, por ejemplo, que proyectos que utilizan gas o energía nuclear pueden ser financiados como proyectos sostenibles.

El asunto ha sido sensible desde el primer momento y la Comisión Europea lo sabía, con cada Gobierno jugando sus cartas y presionando a Bruselas por sus intereses. Desde el Ejecutivo comunitario acabaron jugando con el calendario para elegir en qué momento dejar caer la propuesta que iba a generar muchas quejas y ruido. Tanto es así que finalmente Bruselas decidió enviar su propuesta a pocos minutos de la medianoche del 31 de diciembre de 2021.

"Intensificar la inversión privada en la transición es clave para alcanzar nuestros objetivos climáticos", ha defendido este miércoles Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros. "Hoy estamos estableciendo condiciones estrictas para ayudar a movilizar financiamiento para apoyar esta transición, lejos de fuentes de energía más dañinas como el carbón. Y estamos impulsando la transparencia del mercado para que los inversores puedan identificar fácilmente las actividades de gas y nucleares en cualquier decisión de inversión", ha asegurado en una rueda de prensa, insistiendo en que los inversores sabrán qué inversiones incluyen energía nuclear o gas, y que serán "libres" de decidir si apuestan por ellas o no.

Oposiciones y presiones

La medida es muy polémica, con un grupo de Estados miembros, entre los que se encuentra España, que se oponen a que se consideren ambas energías como sostenibles. Dinamarca, Luxemburgo, Austria y la propia España coordinaron una posición común en una de las últimas reuniones de ministros de Energía, subrayando que, de adoptarse lo que hasta entonces era un borrador, significa “un paso para atrás”.

Los críticos señalan que el mensaje que se envía a los mercados es de desconfianza y poca claridad. Los técnicos comunitarios rechazan estas ideas. Aseguran que han estudiado todas las opciones, todos los comentarios de las capitales y que han consultado con expertos, y que la taxonomía europea seguirá siendo una referencia para los inversores de todo el mundo. “Estamos muy seguros de que lo que estamos poniendo sobre la mesa es jurídicamente sólido”, ha explicado una fuente comunitaria al ser preguntada por la posibilidad de que algunos Estados miembros y organizaciones puedan llevar la medida a los tribunales europeos.

A la oposición de este grupo de Estados miembros, que tenían hasta el 12 de enero para presentar sus comentarios, también se suma la del grupo de los expertos que asesoran a la Comisión Europea, que consideraron en un informe de más de 40 páginas publicado la semana pasada que esta propuesta del Ejecutivo comunitario representa “un serio riesgo de socavar la infraestructura de taxonomía sostenible”. El propio Banco Europeo de Inversiones (BEI) se ha opuesto a esta inclusión. "Las posiciones están muy divididas", ha admitido McGuinness, que, sin embargo, asegura que han logrado "un equilibrio".

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EFE

Las críticas desde algunas capitales son feroces, y los eurodiputados contrarios a la medida están intentando movilizar a algunos de sus colegas ya no solamente sobre la base de la propuesta, sino de la manera en la que la Comisión ha operado. Se le acusa de estar utilizando la fuerza que le da el tramitarlo como un acto delegado para imponer sobre los Veintisiete una medida muy relevante en la que hay bastante división.

Al ser un acto delegado, eso significa que las mayorías para frenarlo son mucho más complejas. Para bloquearlo en el Consejo, necesitarían ser al menos 20 Estados miembros representando al 65% de la población europea los que se opusieran, y los números no salen. El Parlamento Europeo, donde estos días hay un debate muy intenso sobre la propuesta de la Comisión, lo podría tener más fácil si hay una mayoría simple de eurodiputados contra la medida, el Ejecutivo comunitario tendría que volver a revisar la propuesta.

A nadie se le escapa en Bruselas que la operación se ha tratado de un ejercicio de equilibrismo político por parte de la Comisión. Francia ha liderado un grupo de Estados miembros, entre los que se encuentran otros como Hungría o República Checa, que han pedido la inclusión de la nuclear, a la que se oponía frontalmente el Gobierno alemán, que, sin embargo, defendía la inclusión del gas. El resultado es una especie de compromiso que, en cualquier caso, no ha terminado de convencer en Berlín, donde el sector de Los Verdes del nuevo Gobierno de coalición alemán sigue mostrando resistencia.