Polémica sobre los convenios autonómicos: ¿no afectarán a la unidad de mercado?

No puede haber semana sin su polémica política. Los partidos políticos no lo permiten, necesitan que haya tensión en todo momento, aunque sea por cuestiones estériles. En la última semana, han conseguido que hasta la reforma laboral haya entrado en fase de ruido político a pesar de su gran relevancia. En especial, en la lucha contra la subcontratación que devalúa salarios y la temporalidad abusiva, dos grandes lacras para España, no solo en términos de bienestar social, sino también de eficiencia económica.

Algunos de los socios de coalición del Gobierno han optado por arrastrar la reforma laboral a la polémica política. Y no precisamente buscando lo mejor para los trabajadores, sino continuar con la batalla nacionalista o independentista. En palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO, se trataría de una “torpeza histórica” que los partidos de izquierdas tumbasen esta reforma laboral, en clara alusión a ERC y Bildu. “Hay que pensar más en el precariado que en los intereses electorales”, sentenció.

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Al margen de lo que piense cada uno sobre el precariado, lo que es evidente es que están menospreciando el valor del acuerdo social y la seguridad jurídica que ofrece el hecho de que la reforma emane del acuerdo entre trabajadores y empresarios. Si la CEOE finalmente se queda fuera del acuerdo porque los partidos territoriales fuerzan al Gobierno a introducir modificaciones, el riesgo de que un futuro Gobierno de derechas vuelva a cambiar el marco laboral es enorme.

La principal exigencia de los partidos nacionalistas e independentistas es que la reforma laboral otorgue prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales. De esta forma, conseguirían una victoria territorial, aunque los efectos prácticos para los trabajadores sean escasos o nulos.

La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene por delante un reto mayúsculo de conseguir el apoyo de los socios de investidura sin cambiar el texto pactado con la CEOE. De lo contrario, será el momento de introducir cambios y de acompañarlos con el relato político de que se trata de meros “ajustes” irrelevantes. Aquí es donde entra en el juego el convenio autonómico.

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Desde el Ministerio de Trabajo se traslada que esto no supondría ningún cambio en el Estatuto de los Trabajadores, sino que se trata de “aclarar” el papel que ya tienen los convenios autonómicos con prevalencia sobre los estatales. CCOO también ha tratado de quitar hierro al asunto: “La salida que le puede dar el Gobierno es relativamente inocua en términos de negociación colectiva”, señaló Sordo esta semana. “Con regulaciones diametralmente distintas en el Estatuto de los Trabajadores de 1994 y la reforma de 2010, la estructura de la negociación colectiva se ha mantenido, por lo que es de esperar que este cambio no vaya a alterar las cosas”, explicó en declaraciones a este periódico. La realidad es que los convenios estatales tienen hoy capacidad para determinar qué materias no pueden modificarse a nivel territorial y, por tanto, tienen prevalencia.

La pregunta, por tanto, es pertinente: ¿realmente este cambio va a ser insignificante?

El argumento de Sordo es que, desde 1994 hasta la reforma de 2010, el Estatuto de los Trabajadores ya dio prevalencia a los convenios territoriales y eso no hizo que aumentaran los acuerdos a nivel autonómico. Fueron los provinciales y los estatales los que se consolidaron. De ahí que es posible pensar que cambiar la normativa actual para dar prevalencia al convenio autonómico no cambiaría la negociación colectiva.

Sin embargo, dar prevalencia al convenio autonómico no supondría exactamente volver a la regulación de los 90, ya que en ese momento los convenios provinciales podían modificar los de ámbito superior, incluidos los autonómicos, salvo en unas pocas materias indisponibles. Por el contrario, dar prevalencia al convenio autonómico también sobre el provincial sería un importante cambio que daría un gran incentivo al desarrollo de estos acuerdos.

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Esto es, existe un riesgo de que esta regulación no sea inocua, sino que genere importantes cambios. Pero sustituir convenios provinciales por los autonómicos no genera problemas de ruptura de la unidad de mercado, sino todo lo contrario. En este sentido, podría ayudar a racionalizar la negociación colectiva en España.

Pero la proliferación de convenios autonómicos quitaría relevancia a la negociación a nivel estatal. Sobre todo, en los sectores en los que actualmente los convenios provinciales son minoritarios. En este caso, podrían surgir problemas de concurrencia que terminen por distanciar las condiciones laborales. Además, a día de hoy, los convenios estatales pueden poner límites a los provinciales para controlar la fragmentación del mercado; pero, si los estatales pierden esta prevalencia, se multiplica el riesgo de que surjan desigualdades en los mercados laborales de las diferentes regiones. Y, por extensión, desigualdades entre los trabajadores.

Además, hay otro motivo para pensar que este cambio podría cambiar la negociación colectiva como no ocurrió en los 90: el auge de las presiones territoriales. Los partidos, la proliferación de partidos nacionalistas, independentistas y regionalistas, supone una plataforma para que surjan unidades de negociación a nivel autonómico. Si estas están compuestas por las mismas organizaciones que las unidades estatales (CCOO, UGT y CEOE), los riesgos de concurrencia se reducen.

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Allí donde existen sindicatos autonómicos, como País Vasco, Cataluña, Galicia o Navarra, sí se podrían generar peleas por la concurrencia y acuerdos laborales que se alejen de los pactos nacionales. Los partidos territoriales también pueden utilizar este cambio para impulsar sus propios convenios autonómicos. Y no hay más que ver cómo se han comportado las distintas CCAA, que, cada vez que otra ha tenido una competencia, la han peleado hasta conseguirla.

En definitiva, toda esta suma de riesgos hace que una hipotética prevalencia de los convenios autonómicos pueda generar importantes cambios en la estructura actual de la negociación colectiva de España, afectando a la unidad de mercado. La experiencia de los 90 no tiene por qué repetirse ahora, ya que el entorno político y social es muy diferente. ¿Quién puede garantizar que la negociación colectiva se vaya a mantener al margen?