España renuncia al último año de barra libre fiscal con un crecimiento que se ralentiza

España e Italia son dos países con trayectorias más o menos similares en el arranque de la crisis del coronavirus. Ambos son Estados miembros con altos niveles de deuda pública y grandes desequilibrios y que se vieron particularmente afectados por la pandemia en 2020 tanto a nivel social como económico. Pero en la fase final, en la que se espera que sea la salida de la pandemia, los dos están tomando caminos distintos.

El 2022 será, en principio, el último año en el que se mantendrán suspendidas las normas fiscales. Eso significa que la disciplina y las reglas volverán a aplicarse en 2023, aunque los ministros de Finanzas se enfrascarán en los próximos meses en un debate para reformar el paquete de reglas. Y, en este último año de barra libre fiscal, Madrid y Roma están tomando caminos inversos.

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España ha adoptado uno de los tres únicos presupuestos con una posición fiscal (entendida como el cambio en el gasto primario, excluyendo las medidas temporales relacionadas con la crisis e incluyendo los gastos financiados por los fondos europeos, en relación con el crecimiento potencial) contractiva de la Unión Europea, junto al de Eslovaquia y, en menor medida, el de Malta. Italia, por el contrario, tendrá los presupuestos más expansivos del bloque comunitario. La Comisión Europea aplaude unos, los españoles, animando al Ejecutivo a “preservar” la “prudencia fiscal” de estas cuentas, y critica los otros, llamando la atención del Gobierno liderado por Mario Draghi por un gasto corriente muy alto que desoye las recomendaciones de Bruselas.

Cambio de escenario

Lo cierto es que las cuentas españolas se diseñaron en un escenario muy distinto, en el que el optimismo era el ambiente general. La Comisión Europea todavía esperaba en verano que la economía española creciera un 6,2% en el actual curso y un 6,3% en el 2022. En ese momento, con un crecimiento robusto, tenía sentido que el Gobierno diseñara las cuentas pensando ya en una adaptación más gradual al regreso de las normas fiscales. Aunque la Comisión será flexible en la reintroducción de las reglas, las dos principales normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establecen que el déficit presupuestario no debe superar el 3% y que el nivel de deuda pública debe situarse por debajo del 60% del PIB.

Con una previsión de crecimiento muy fuerte, los departamentos de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, procuraron tener en cuenta la “prudencia fiscal” que recomendaba la Comisión e ir preparando el terreno para la vuelta de las normas. Desde la Comisión Europea una fuente señala que parte de esa contracción presupuestaria tiene, además, otra explicación: España contó con cuentas mucho más expansivas que las de otros Estados miembros en 2020 y 2021, por lo que explican que se trata también de una cuestión de tiempos. En el Ejecutivo comunitario apoyan la “prudencia fiscal” del Gobierno.

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Pero la situación ha cambiado mucho desde el 15 de octubre, cuando el Ejecutivo envió los planes a la capital comunitaria. La Comisión ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento para la economía española. En 2022 ya no espera que se expanda un 5,5%, lejos del 6,3% que proyectaba en verano, y desde luego muy lejos del 7% con el que el Gobierno español ha diseñado sus cuentas. Si en primavera de 2021 Bruselas situaba a España al frente de la recuperación europea, ahora señala que será la decimoséptima.

Si se cumplen las proyecciones de los técnicos europeos, y este es el dato relevante a la hora de analizar hasta qué punto hay que apretar el acelerador, España será el único país que no recupere sus niveles de PIB precrisis en 2022. El Gobierno, efectivamente, ha tenido cuentas más expansivas estos últimos dos años, pero no ha sido suficiente para devolver al país a la senda precrisis.

Contraste italiano

Si las cuentas de España tienen la posición fiscal más contractiva después de dos años siendo una de las más expansivas, las italianas se encuentran ahora justo en el punto contrario: Roma ha enviado las cuentas más expansivas de la Unión Europea para el próximo curso. La economía transalpina crecerá, según prevén los técnicos comunitarios, un 6,2% el próximo año, y el plan de recuperación italiano ha sido aplaudido en Bruselas. Pero ahora mismo la Comisión Europea tiene claro a quién tirar de las orejas en esta ocasión: a Draghi.

Lo que quiere evitar la Comisión en el caso italiano es que haya un aumento significativo del gasto corriente que acabe por convertirse en un gasto fijo que lastre el crecimiento, pero Paolo Gentiloni, comisario de Economía, admite que hay que encontrar un difícil equilibrio que permita al mismo tiempo reducir los desequilibrios y los altos niveles de endeudamiento y de déficit presupuestario sin matar la recuperación. Porque el mensaje central de Bruselas ha sido ese durante los últimos meses: hay que seguir apoyando a la economía, aunque los países más endeudados tengan que “pivotar” hacia posturas más prudentes.

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En su informe hecho público este miércoles, el Ejecutivo comunitario señala que Italia no ha tenido suficientemente en cuenta las recomendaciones. “En Italia, el impacto del aumento del gasto corriente financiado a nivel nacional sobre la situación fiscal asciende al 1,5% del PIB. Italia tiene un alto nivel de deuda y había recibido una recomendación para limitar el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional y utilizar el fondo de recuperación para financiar inversiones adicionales en apoyo de la recuperación mientras se aplica una política fiscal prudente”, señala el texto.

Es justo lo que ha hecho España: reducir el gasto corriente, persiguiendo esa prudencia fiscal, y apoyar sus inversiones sobre los fondos europeos que llegarán como parte del fondo de recuperación a lo largo de 2022. La duda entre algunos expertos y analistas es hasta qué punto el Gobierno ha podido levantar demasiado pronto el pie del acelerador, especialmente teniendo en cuenta los problemas que tradicionalmente están asociados a la ejecución de los fondos, que suelen retrasarse, y los problemas relacionados con los desembolsos del fondo de recuperación. Los retrasos o cualquier problema a la hora de recibir un desembolso por parte de la Comisión expondrían a España a quedarse todavía más corta en sus inversiones durante el año que viene.