La tormenta demográfica prueba la solvencia de la economía española
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Informe de Scope Ratings

La tormenta demográfica prueba la solvencia de la economía española

La agencia Scope advierte en un informe de los efectos perniciosos que puede tener el envejecimiento de la población sobre la capacidad financiera del país

Foto: Manifestación en defensa de las pensiones. (EFE)
Manifestación en defensa de las pensiones. (EFE)
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El futuro de las pensiones ha vuelto a situarse en el centro del debate político en las últimas jornadas. El acuerdo del Gobierno con los sindicatos para elevar las cotizaciones sociales un 0,6%, con el fin de sufragar el incremento del gasto que se derivará del proceso de jubilación de la generación del 'baby boom' ha vuelto a poner de relieve el desafío al que se enfrenta España para hacer sostenible su sistema de pensiones a causa de la tormenta demográfica que se cierne sobre el país.

Bajas tasas de natalidad y un progresivo incremento de la esperanza de vida conducen a una progresiva transformación de la pirámide demográfica que compromete la estabilidad de un sistema basado en que las personas en edad de trabajar sufraguen los ingresos de quienes ya se han jubilado. Es obvio que este no es un problema nuevo para España, que acumula ya más de una década de déficits en la Seguridad Social que han tenido que cubrirse a través del Fondo de Reserva y de los préstamos del Estado, que rondan ya los 100.000 millones de euros. Pero todo parece indicar que los desequilibrios seguirán en aumento, a medida que se reduce la población en edad de trabajar y aumenta el número de beneficiarios del sistema de pensiones.

Este escenario representa una grave amenaza para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, según se desprende de un informe de Scope Ratings al que ha tenido acceso El Confidencial. "La disminución de la población en edad de trabajar y el envejecimiento son algunos de los principales retos a los que se enfrentan las economías europeas en los próximos años", resalta el estudio elaborado por Alvise Lennkh y Giulia Branz, analistas de riesgo soberano de Scope Ratings, que advierten de las implicaciones que este problema puede tener para la solvencia de los países más afectados, entre los que España ocupa una posición destacada.

Foto: Manifestación en defensa de las pensiones. (EFE/Eloy Alonso)

Un problema que, según observan, podría resultar más grave de lo que hoy en día asumen las autoridades europeas. Según las proyecciones de la Comisión Europea, la población española en edad de trabajar se reducirá casi un 15% hasta 2060, al tiempo que la esperanza de vida se elevará en 4,4 años, hasta los 88,3. Esta conjunción de factores llevaría la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años (es decir, la relación entre población activa y jubilados) hasta el 64,1%, casi el doble que en la actualidad.

Sin embargo, la realidad planteada por la ONU resulta mucho más desafiante, ya que proyecta una caída de la población en edad de trabajar cercana al 33% y una tasa de dependencia del 77,7%.

Lennkh y Branz explican que la diferencia entre uno y otro escenario se explica por las diferentes expectativas en torno a la migración. "En el caso de la UE, se espera que las entradas anuales de migración neta disminuyan de alrededor de 1,3 millones de personas en 2019 alrededor de un millón en 2070. Sin embargo, se prevé que el descenso tenga lugar sobre todo en los próximos tres años, y que las entradas netas de migración se mantengan estables en un millón de personas durante los próximos 50 años". Y, aunque reconocen que la migración es la variable más difícil de predecir en este tipo de predicciones, consideran, basándose en datos históricos, que los pronósticos de Bruselas podrían estar sesgados al alza.

La agencia cree que las estimaciones de migración de la UE pueden resultar muy optimistas

"Aunque es posible, no es seguro que los flujos migratorios netos puedan mantenerse en niveles similares a los actuales durante los próximos 50 años. Sobre todo si las economías en desarrollo crecen y mejoran el nivel de vida de su población y/o las tasas de fertilidad siguen disminuyendo como en las últimas décadas, lo que puede reducir los flujos de emigración. Además, un flujo de migración neta de un millón de personas al año también supone que Europa siga teniendo la voluntad y la capacidad de integrar a los inmigrantes", indican los analistas de Scope, que consideran que ese sesgo optimista es especialmente marcado en los casos de Italia y España.

Cifrar cómo repercutirán estos cambios, graduales y en buena medida inciertos, en la solvencia de un país no es una cuestión simple. Con las variables demográficas interactúan también para dar forma a este impacto posibles fenómenos que ayuden a mitigar el riesgo, como podrían ser "políticas destinadas a aumentar la población, estimular la innovación tecnológica, integrar a los trabajadores de más edad en la mano de obra y reformar los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria".

En cualquier caso, y en ausencia de remedios efectivos, son muchas las vías por las que el envejecimiento poblacional se llega a materializar en un debilitamiento de la posición fiscal de un país.

Foto: Inmigrantes acompañados por la Guardia Civil en Ceuta. (EFE)

En el caso de España, Lennkh indica en declaraciones a El Confidencial que "el envejecimiento afectará a la solvencia de España por múltiples vías, no solo por las pensiones. Si bien el envejecimiento dará lugar a un mayor gasto en pensiones, el factor más crítico será el gasto sanitario relacionado con el envejecimiento. En particular, el gasto sanitario (incluidos los cuidados de larga duración) aumenta exponencialmente para las personas de 85 años o más. En España, el porcentaje de población de 85 años o más se duplicará con creces, pasando del 3,5% actual a casi el 8% en 2050".

A esto se añadirían los efectos a largo plazo de una mayor desviación del presupuesto hacia el gasto social. "Como una mayor parte del presupuesto del Gobierno se utiliza para cumplir con las obligaciones de las pensiones y la asistencia sanitaria, habrá menos recursos presupuestarios disponibles para la inversión pública. El riesgo, por tanto, es que la inversión pública disminuya aún más, con efectos adversos sobre el potencial de crecimiento del país", comenta el experto de la agencia de calificación alemana.

Foto: La hostelería explica una parte menor de la temporalidad. (EFE/Cabalar)

Pese a las incertidumbres que inevitablemente acompañan a cualquier predicción a largo plazo, Lennkh advierte contra el riesgo de plantear este como un problema lejano que puede corregirse con leves ajustes y advierte de que España ya atravesó un punto crítico hace más de una década, cuando la población en edad de trabajar alcanzó un máximo de 29,7 millones que se ha ido reduciendo desde entonces año tras año, hasta un total de 1,2 millones. "En los próximos 10 años, seguirá disminuyendo en otros 1,7 millones de personas, según las previsiones de referencia de la ONU", apunta, antes de indicar que la migración solo sirve para frenar, que no evitar, el descenso de la población trabajadora.

"Por esta razón, es fundamental abordar los retos persistentes del mercado laboral, en particular el desempleo juvenil y los contratos temporales. Es poco probable que la juventud española aumente su tasa de fertilidad en ausencia de perspectivas de empleo y seguridad. Pero incluso unas tasas de fertilidad más altas —actualmente entre las más bajas de Europa— no serán suficientes, lo que apunta a la necesidad de aumentar significativamente la migración neta e integrar a los trabajadores extranjeros en la fuerza laboral lo antes posible", sentencia.

El futuro de las pensiones ha vuelto a situarse en el centro del debate político en las últimas jornadas. El acuerdo del Gobierno con los sindicatos para elevar las cotizaciones sociales un 0,6%, con el fin de sufragar el incremento del gasto que se derivará del proceso de jubilación de la generación del 'baby boom' ha vuelto a poner de relieve el desafío al que se enfrenta España para hacer sostenible su sistema de pensiones a causa de la tormenta demográfica que se cierne sobre el país.

Comisión Europea Gasto sanitario
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