Sánchez rebaja la ambición de su agenda energética y mira a la cumbre de diciembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía la esperanza de que la reunión de líderes europeos que se celebra este jueves y viernes en Bruselas diera un impulso a las peticiones españolas de una acción ambiciosa a nivel europeo para controlar la escalada del precio de la luz. España tenía ambición, explicaban fuentes del Gobierno mientras finalizaban los últimos preparativos antes del encuentro. Pero incluso antes de que comenzara el Consejo Europeo de octubre, Sánchez había empezado a recoger cable sobre la ambición, centrándose en que las conclusiones reflejaran que el asunto se mantendrá en la agenda.

Llegaba al encuentro tras reunirse durante una hora con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y durante 45 minutos con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Fuentes gubernamentales defendían que habían sido encuentros muy positivos, pero Sánchez ya había podido testar de primera mano que, aunque se escuchan sus ideas y sus propuestas, había poco margen de maniobra en este momento. Había que mirar, como mínimo al medio y largo plazo.

España quería arañar compromisos concretos por parte de los líderes europeos, pero en la mayoría de capitales había poco apetito por medidas de calado. La posición española contaba con el apoyo claro de Francia, Grecia o Portugal y también parcialmente de otros Estados miembros como Italia, mientras que otros como Alemania o Países Bajos han defendido que no era necesario ir más allá de medidas para paliar el efecto de estas subidas sobre las familias con menos recursos. Otros Estados miembros también han sido muy activos durante el debate, que de hecho se ha parado sin poder tener un acuerdo sobre las conclusiones, aunque por distintos motivos. Por ejemplo, algunos líderes querían aprovechar para incluir en la discusión la posibilidad de retrasar la desaparición de las centrales nucleares.

Sánchez pedía a su entrada en la cumbre inyectar “sentido de urgencia” en el debate, pero tras escuchar a Von der Leyen y Michel admitía el calendario con el que se trabaja en Bruselas. “La Comisión ha marcado sus tiempos y sus plazos, ha instado a la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) a que plantee un informe a mediados de noviembre —que profundizará en si hay una manipulación de los precios en el mercado de emisiones— y a partir de ahí continuaremos viendo cómo la Comisión plantea más medidas”, ha explicado Sánchez, que ha subrayado que “al Gobierno de España le gustaría ir más rápido, pero en Bruselas y en la UE los pasos se dan a un ritmo menos intenso del que desearíamos, pero el Gobierno va a continuar avanzando y trabajando”. La siguiente fecha marcada en el calendario sería la cumbre de diciembre, y España ha estado maniobrando para que se incluya en las conclusiones.

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Para el Gobierno el ejercicio ha sido un éxito, aunque sea parcial por el momento. La ambición de Madrid era lograr medidas en el corto plazo, pero sin haber conseguido ese objetivo fuentes gubernamentales se felicitan de que la presión del Ejecutivo haya hecho que el asunto sea incluido en esta cumbre y que entre en la agenda europea. Bruselas puede no estar tomando medidas inmediatas, pero España ha liderado el movimiento para que lo identifique en el radar como una de las prioridades de los próximos meses. Las conclusiones finalmente han incluido que el asunto se volverá a tratar en la cumbre de diciembre.

Posición española

España ha sido el Estado miembro más activo en lo que se refiere al debate energético, y por lo tanto sobre el que estaban la mayoría de ojos este jueves. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera abrieron la veda a finales de septiembre con un documento de reflexión enviado a la Comisión Europea con un paquete de propuestas, entre las que se incluía la posibilidad de crear un mecanismo de compra y almacenamiento conjunto de gas. Y han liderado los intentos por forzar al Ejecutivo comunitario a tomar medidas más ambiciosas en distintos frentes. Pero sin demasiado éxito.

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La semana pasada el departamento de Kadri Simson, comisaria de Energía, hacía público una comunicación en la que el Ejecutivo comunitario señalaba que en el corto plazo los que tenían capacidad para actuar y mitigar los efectos del aumento del precio de la luz eran los Gobiernos. “Los Estados miembros son más capaces de dar respuestas a corto plazo. En el ámbito de la UE, realmente tenemos que analizar qué podemos hacer en términos de mejora a medio plazo”, explicaba una fuente comunitaria. Eso sí, la Comisión Europea recogía por ejemplo la posibilidad de estudiar a fondo la propuesta española de un mecanismo de compra centralizada.

Como la Comisión, la mayoría de Estados miembros consideran que había pocas medidas que tomar a nivel europeo. Se trata de una situación coyuntural y los precios volverán a su situación normal sin tener que tomar medidas más allá de posibles remedios para paliar el efecto sobre los hogares con menos ingresos.

Sin embargo, para Ribera el documento publicado por la Comisión Europea se quedaba claramente corto. Y en ese mensaje insistían las fuentes gubernamentales hasta el miércoles por la tarde: no estaba mal, era un primer paso, pero había que ir más allá. El mensaje del Ejecutivo español siempre fue el mismo desde el primer documento enviado por Calviño y Ribera: era un problema europeo. Y lo señalaban con dureza. “Si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo”, explicaban las vicepresidentas. “Este no es solo un problema para los gobiernos nacionales, sino también para todo el marco regulador europeo, que está perdiendo credibilidad”, añadían.

El objetivo del Gobierno en esta cumbre era arrancar algo más del resto de Estados miembros. Las conclusiones eran demasiado vagas, aplaudían demasiado una comunicación que para Madrid era claramente insuficiente. Solamente un párrafo del último borrador señalaba la necesidad de “que la Comisión y el Consejo consideren medidas a medio y largo plazo que garanticen la energía a un precio asequible para los hogares y las empresas, aumenten la resiliencia del sistema energético de la UE, proporcionen seguridad de suministro y apoyen la transición a la neutralidad climática”. En este momento todavía no se han cerrado, con varios Estados miembros pidiendo cambios, cada uno tirando de su propio lado de la manta.