Ni un ERTE fraudulento detectado en Teruel: ¿honradez o falta de inspectores de trabajo?

De todas las infracciones en los ERTE detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), más de 5.500 desde el inicio de la pandemia y julio de 2021, ninguna se produjo en Teruel. La provincia aragonesa es la única de toda España donde no afloró fraude con este mecanismo de protección puesto en marcha por el Gobierno para amortiguar el golpe al empleo de la crisis económica derivada de la sanitaria.

En total, durante ese periodo, la ITSS abrió 40.604 expedientes relacionados con los ERTE, de los que había finalizado 32.970 a finales de septiembre. Las infracciones ascendían a 5.584, con sanciones propuestas por valor de 26,6 millones de euros. Los datos fueron proporcionados este mes por el Gobierno tras una batería de preguntas realizada por diputados del Partido Popular.

Alrededor del 10% de todas las infracciones (564) se produjo en Madrid, la provincia más poblada y la que lidera la tabla. En términos absolutos, la siguen Alicante, Valencia, Málaga, A Coruña, Las Palmas, Murcia y Barcelona, todas por encima de las 250. En el extremo opuesto, además de Teruel, están Cáceres, Palencia, Zamora y Cuenca, por debajo de las 10 infracciones.

La imagen cambia si se tiene en cuenta el peso de cada provincia. Para ello, hemos utilizado los datos de trabajadores en ERTE en abril de 2020, cuando se alcanzó el pico de empleados afectados. Madrid tuvo el 10% de las infracciones, pero en la primavera de 2020 llegó a tener el 17% de los trabajadores en ERTE de todo el país. Junto a Barcelona, es la provincia donde más diferencia hay entre ambos datos.

En A Coruña, en cambio, sucedió lo contrario: su peso en el número de infracciones fue superior a su cuota de trabajadores en ERTE. Esa diferencia también fue destacable en Murcia, Cádiz, Zaragoza, Alicante, Málaga y Las Palmas. La provincia gallega también está entre las primeras en porcentaje de infracciones sobre el total de personas en ERTE (siempre teniendo en cuenta la cifra de abril de 2020): un 0,39%. En Melilla, el porcentaje fue más del doble: el 0,85%.

También hay grandes diferencias en el importe medio de la sanción propuesta por la ITSS. El promedio en todo el país fue de 4.758 euros, menos de la mitad de la cuantía de Salamanca (10.813) y tres veces más que en Soria (1.545). En la provincia castellana, la ITSS abrió 211 expedientes y propuso 32 sanciones por un valor de casi 50.000 euros. El ejemplo soriano resalta aún más la excepción de Teruel, que tiene casi 50.000 habitantes más. Soria acumuló más infracciones por los ERTE que Teruel, Cuenca, Zamora, Palencia y Cáceres juntas.

Que no se haya detectado ninguna infracción no significa que no haya habido fraude: la inspección no puede fiscalizarlo todo. En abril de 2020, llegó a haber 7.076 trabajadores en ERTE en la provincia aragonesa. Fuentes del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social señalan que en España hacen falta más inspectores, algo que llevan reclamando desde hace años, como también lo han hecho UGT y CCOO, pero no atribuyen a la falta de medios los datos de Teruel.

Según la última información disponible, publicada en la 'Memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social', a cierre de 2019 había 2.020 efectivos entre inspectores y subinspectores de trabajo (contando los propios del País Vasco y Cataluña). En esa misma fecha, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España había 19,96 millones de ocupados. Eso supone un inspector/subinspector por cada 9.900 trabajadores, muy cerca de la recomendación que hace la Organización Internacional del Trabajo para economías como la española: uno por cada 10.000.

Pero eso es solo una manera de mirar esos datos. Si se tiene en cuenta el número de activos (ocupados + parados), 23,16 millones en la misma fecha, la ratio sería de un inspector/subinspector por cada 11.464. Y si se considera el número de contratos que se firman, la situación también es mala. Mientras que el número de contratos ha aumentado considerablemente en los últimos años, el número de funcionarios ha crecido a un ritmo mucho menor. Y con la pandemia, la carga de trabajo ha aumentado: los ERTE son solo una parte de la regulación laboral, de cuya vigilancia se encarga la ITSS.

Por provincias, Madrid es la que tiene la peor ratio de trabajadores/inspectores, con casi 15.000. En 2015, los sindicatos ya pedían triplicar el número en la región. A principios de este año, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un plan estratégico para adaptar la inspección a las necesidades del mercado actual.