Trabajadores de pymes y autónomos, los más perjudicados por el recorte a los planes de pensiones individuales

• Marisa trabaja como asalariada en una pequeña consultora y gana 30.000 euros al año.
• Fernando dirige el departamento de marketing de una compañía del Ibex y cobra 175.000 euros anuales.

¿Quién sale ganando y quién perdiendo por la última medida del gobierno sobre la fiscalidad del ahorro para la jubilación? ¿A cuál de los dos beneficia y a cuál perjudica la decisión de reducir de 2.000 a 1.500 euros la desgravación de los planes individuales para aumentar hasta 8.500 los de empleo?

Fernando ha sido el afortunado, como ya le sucedió el año pasado, porque esta vuelta de tuerca del Gobierno del PSOE y Podemos para los Presupuestos de 2022 todavía agranda más su privilegio fiscal frente al resto de trabajadores en España. En especial, frente a aquellos que prestan sus servicios en empresas que no cuentan con un plan de empleo (como la mayoría absoluta de las pymes) o los autónomos. ¿Por qué?

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Ahora mismo, sólo quienes trabajan en una compañía que ofrece un plan de pensiones de empleo a su plantilla pueden desgravarse hasta 10.000 euros al año, de los que al menos 8.000 tienen que venir por las aportaciones de la compañía. El límite para el resto de empleados (los de empresas que no tienen planes) se queda en los 2.000 euros, lo cual supone una discriminación fiscal flagrante entre unos y otros.

Pero es que la brecha se va a agravar a partir de 2022 si lo dibujado en los Presupuestos se aplica. Al reducirse a 1.500 euros la desgravación para las aportaciones individuales y extenderse a 8.500 los de empleo, el beneficio fiscal para los empleados de grandes empresas y administraciones (que son básicamente las que cuentan con planes de empleo) aumenta. Especialmente, para los que tienen salarios más altos.

“Imaginemos que las grandes empresas destinan de media un 5% de la remuneración de sus empleados a las aportaciones a planes de empleo. ¿Quiénes se beneficiarán del incremento a 8.500 euros en la desgravación? Sólo los que cobren a partir de 160.000 euros al año”, explican fuentes del sector del ahorro para la jubilación.

Resulta paradójico para una medida que buscaba atacar a los planes de pensiones individuales

Lo cual resulta paradójico para una medida que buscaba atacar a los planes de pensiones individuales, por considerarlos un producto que, en opinión de los partidos que forman la alianza de gobierno, benefician sobre todo a las grandes rentas.

El megafondo público de empleo que no acaba de llegar

El agravio comparativo fiscal entre unos y otros trabajadores se solucionaría con el megafondo público de empleo que el ministro Escrivá anunció a finales de 2020. Sin embargo, parece que su implementación aún se demorará muchos meses. Todavía no han trascendido detalles de cómo se orquestaría ni cómo se gestionaría y ha pasado ya casi un año desde entonces.

En el sector de la inversión, de hecho, no lo esperan en funcionamiento hasta al menos finales de 2022 e incluso no descartan que acabe quedando pendiente para la siguiente legislatura.

Hasta entonces, seguirá dándose una situación de privilegio fiscal para los trabajadores de empresas y administraciones con planes de empleo, en detrimento del resto de asalariados españoles y los autónomos. Una situación que podría haberse evitado esperando a recortar el beneficio de los planes individuales cuando ya estuviera en funcionamiento la alternativa del megafondo de empleo.

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Mientras tanto, el impacto de tanta incertidumbre está siendo negativo para el ahorro para la jubilación. Especialmente, como es de esperar, en los planes de pensiones individuales, donde las aportaciones brutas (sin tener en cuenta las prestaciones) se redujeron en casi 300 millones de euros en el primer semestre de 2021, frente al mismo periodo del año anterior. Pero también en los de empleo, donde hubo una reducción de 2 millones de euros, según los datos de Inverco, la asociación de los fondos de inversión y los planes de pensiones.

Y falta lo peor… Porque tradicionalmente la mayor parte de las aportaciones a planes de pensiones se realizaban en el último trimestre del año.