Sindicatos, patronal y autónomos se unen contra el nuevo 'escudo social' del Gobierno
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Por la propuesta de ERTE y cese

Sindicatos, patronal y autónomos se unen contra el nuevo 'escudo social' del Gobierno

La renovación de los ERTE y del cese de actividad no ha gustado a ninguna de las partes. Queda solo una semana para que ambas prestaciones venzan y el acuerdo está muy lejano

Foto: El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. (EFE)

El Gobierno tiene apenas una semana para cerrar un acuerdo con los agentes sociales que permita extender durante cuatro meses el esquema de protección de rentas a empresas, trabajadores y autónomos. La negociación en plena cuenta atrás no es novedad para el Ejecutivo, y tampoco el rechazo de los agentes sociales a sus propuestas. En esta ocasión, las tres partes están haciendo frente común para cambiar el planteamiento inicial de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de que se mantengan las ayudas actuales durante los próximos cuatro meses.

De hecho, si en algo se han puesto de acuerdo patronales y sindicatos desde el inicio de la pandemia, es en reclamar un esquema de protección de rentas generoso y duradero. En definitiva, más y más ayudas que se cargan sobre el erario público y que en algún momento ese sector privado tendrá que devolver asumiendo un mayor pago de impuestos o un deterioro de los servicios públicos.

Foto: Imagen del puerto de Vancouver, en Canadá. (Reuters)

En esta ocasión, sindicatos y patronal reclaman al Gobierno que haga pocos cambios y que mantenga las ayudas tal y como están. En palabras del secretario general de CCOO, Unai Sordo, "sería absurdo que después de haber tenido 3,5 millones de trabajadores y medio millón de empresas en ERTE mediante sucesivos acuerdos se rompa esto en el último momento. Estamos en la obligación de llegar a un acuerdo y espero que puedan reconducirse las negociaciones".

Uno de los puntos de fricción es la propuesta de la Seguridad Social de vincular las exoneraciones de las cotizaciones de las empresas a la formación de los trabajadores. El ministerio considera que una parte significativa de los más de 260.000 trabajadores que siguen en ERTE necesita recualificación para poder reintegrarse al mercado laboral. El análisis es sencillo: si llevan un año y medio sin trabajar, ni en su empresa ni en otras, tienen un claro problema de encaje en el mercado laboral y es necesario recualificarlos, explican fuentes del Ejecutivo.

Para los sindicatos, la introducción de una cláusula formativa no es apropiada: prefieren que los trabajadores sigan cobrando la prestación

Bajo esta interpretación, el Ministerio de Inclusión ha planeado que las exoneraciones estén vinculadas a que las empresas pongan a sus trabajadores en ERTE a formarse. Tendrán que hacerlo a través de los cursos ofrecidos por el SEPE y serán financiados por el Estado con un copago por parte de las empresas que está por decidirse. El ministerio quiere que las empresas pongan una parte del dinero para que así se comprometan con la formación de los trabajadores y no se desentiendan. En definitiva, que no sea gratis para que no se interprete como una acción carente de valor.

Para los sindicatos, la introducción de una cláusula formativa en este momento no es apropiada y prefieren que los trabajadores sigan cobrando íntegra su prestación mientras están en sus casas. “A veces, una buena idea puesta encima de la mesa fuera de tiempo se convierte en una mala idea”, ha advertido Sordo, quien considera que la idea de los planes formativos "es buena para los ERTE estructurales, pero si la sacamos antes de tiempo a la palestra, puede generar frustración y problemas en el mantenimiento de los ERTE hasta final de pandemia".

Foto: Sede de Globalia.

Uno de estos problemas para el mantenimiento de los ERTE es que a las empresas tampoco les gusta la propuesta, señalan fuentes de la patronal. La sensación es que muchas pymes tendrán dificultades para poner en marcha estas acciones formativas y supondrán un foco de incertidumbre que podría hacer que renunciasen a mantener los ERTE. Además, si la prórroga propuesta por el Gobierno ya supone una reducción de las exoneraciones, añadirle el coste de los cursos supondría encarecer el mantenimiento de esos trabajadores que no pueden despedir por la cláusula de devolución de las ayudas.

Se trata, por tanto, de una oposición frontal de empresas y trabajadores a los planes de formación que maneja el Gobierno para los trabajadores en ERTE. Aquí no es solo un problema de dinero, sino que los agentes sociales no ven la necesidad de introducir ahora esta cláusula formativa.

Otra propuesta del Gobierno que sindicatos y patronal no comparten es la de no renovación automática de los ERTE

Otra propuesta del Gobierno que sindicatos y patronal no comparten es la de no renovación automática de los ERTE. El Ejecutivo quiere que las empresas acogidas a estas ayudas vuelvan a solicitar a las autoridades laborales su concesión, para mejorar el registro de las mismas y luchar contra el fraude. Sin embargo, las empresas consideran que introducir más burocracia puede entorpecer la solicitud de estas ayudas.

El frente a favor de mantener las ayudas sin cambios lo completan las asociaciones de autónomos. Aunque, en su caso, la realidad es que el Gobierno quiere suprimir ya la prestación extraordinaria no contributiva para los autónomos con ingresos bajos, que son la mayoría. En torno al 80%, según los cálculos de ATA, dejaría de cobrar una ayuda a partir del 1 de octubre. Un escenario contra el que los agentes sociales van a pelear en bloque.

En el otro lado de la mesa, el Gobierno considera que España está ya saliendo de la crisis. Según sus estimaciones, el país recuperará los niveles de PIB y de empleo existentes antes de la pandemia en los últimos días de este año. Eso significaría que ha llegado el momento de desmontar las ayudas de forma progresiva y buscar alternativas para los trabajadores afectados a través de la formación. Una posición en la que el Ejecutivo está solo en este momento.

El Gobierno tiene apenas una semana para cerrar un acuerdo con los agentes sociales que permita extender durante cuatro meses el esquema de protección de rentas a empresas, trabajadores y autónomos. La negociación en plena cuenta atrás no es novedad para el Ejecutivo, y tampoco el rechazo de los agentes sociales a sus propuestas. En esta ocasión, las tres partes están haciendo frente común para cambiar el planteamiento inicial de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de que se mantengan las ayudas actuales durante los próximos cuatro meses.

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