La propuesta del Gobierno para prorrogar el cese deja fuera al 80% de los autónomos

El Ministerio de la Seguridad Social ha presentado este miércoles a las asociaciones de autónomos su propuesta para extender el cese de actividad (conocido popularmente como el paro de los autónomos) hasta el próximo 31 de enero, de forma paralela a la prórroga de los ERTE que propuso el martes. El sistema de ayudas vigente actualmente vence el próximo 30 de septiembre, por lo que el Gobierno ha iniciado consultas con ATA, UPTA y UATAE para ampliar su duración. Para las asociaciones, la extensión de la prórroga de cuatro meses es correcta, pero no aceptan las condiciones planteadas por el Ejecutivo, ya que supondría una gran restricción para que los autónomos sigan cobrando la prestación. Así lo ha lamentado Lorenzo Amor, presidente de ATA, a la finalización del encuentro: "No aceptamos su propuesta de suprimir la prestación extraordinaria desde octubre".

Actualmente la mayor parte de los autónomos que siguen cobrando la prestación del cese de actividad están dentro de la prestación extraordinaria por caída de la actividad. Son todos aquellos que, aunque siguen sufriendo una merma en sus ingresos superior al 50% respecto a los niveles previos a la pandemia, ya han agotado el periodo de prestación contributiva (empezaron a cobrar la prestación antes de octubre del año 2020) y perciben una ayuda extraordinaria equivalente al 50% de la base mínima. La propuesta del Gobierno "prácticamente elimina esta prestación extraordinaria", explican desde ATA, lo que supondría "dejar sin prestación al 80% de los autónomos que hoy cobran una ayuda, que son 226.000".

TE PUEDE INTERESAR

No es solo la luz: los problemas de suministro disparan los precios y paralizan las fábricas

Javier G. Jorrín

Es importante tener en cuenta que a medida que pasan los meses, muchos autónomos que cobran la prestación contributiva compatible con la actividad van agotando el contador del periodo cotizado, de modo que su única alternativa es pasar a esta prestación extraordinaria. Ahora el Gobierno quiere eliminar esta ayuda, lo que implicaría que más de 160.000 autónomos perderían su derecho a cobrar una prestación. Al cierre del mes de agosto había 141.000 autónomos cobrando esta prestación, a lo que habría que sumarle el porcentaje que vaya agotando en estos meses su periodo contributivo, que no serían menos de 20.000 de los 83.000 que estaban cobrando la ayuda.

"Es necesario que esta modalidad de cese de actividad se amplíe en los mismos términos que el anterior", ha explicado el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, tras la reunión. En su opiníon, hay muchos sectores que siguen con una situación muy delicada, como son "las agencias de viajes, los guías turísticos, las actividades culturales, musicales o los profesionales de los espectáculos de feria". La mayor parte de ellos llevan cobrando una prestación desde el inicio de la pandemia, de modo que han agotado ya todo su periodo contributivo y, si no se extiende la protección extraordinaria, se quedarían sin ayudas.

ATA ha solicitado al Gobierno que active el 'contador a cero' para los autónomos como ya hace con los trabajadores asalariados que están en ERTE. Esto significaría que la prestación no agotaría derecho a cobrar una prestación contributiva. Sin embargo, esta vía es complicada para la Seguridad Social, ya que renunció a ella hace muchos meses y eso provocó la necesidad de introducir una ayuda extraordinaria no contributiva que ahora se quiere eliminar. Ante esta situación, los autónomos reclaman que se mantenga el esquema de ayudas tal y como está ahora para cubrir con una prestación no contributiva a los autónomos que hayan agotado su contador.

TE PUEDE INTERESAR

Calviño permitirá a las comunidades autónomas ampliar las ayudas a empresas

EFE

La Seguridad Social seguirá negociando con las asociaciones en los próximos días para limar los puntos de desencuentro, con el objetivo de lograr un acuerdo conjunto que permita extender el esquema de protección con acuerdo.

Además, los autónomos han reclamado al Gobierno la activación de un cese de actividad extraordinario para la isla de La Palma que permita proteger a este colectivo de los efectos económicos adversos provocados por la erupción del volcán. La Seguridad Social ha recogido la propuesta, valorándola positivamente, y en los próximos días mandará a las asociaciones una nueva propuesta.