El acuerdo de Trabajo y sindicatos por el SMI agrieta el diálogo social en un momento crítico

La negociación para la subida del salario mínimo ha tensado la relación entre la patronal y el Gobierno tras varios meses de idilio. Los empresarios se han quedado fuera del acuerdo y acusan al Ejecutivo de haber jugado con las cartas trucadas. Si todo sigue así, en los próximos meses "podría llegar a romperse la negociación colectiva", ha advertido este viernes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Pero no solo. En el segundo tramo de la legislatura, Ejecutivo, patronal y sindicatos tienen por delante varias negociaciones clave que se ven amenazadas por el creciente clima de desconfianza. Todos hacen apelaciones al entendimiento, pero el diálogo social se ha agrietado en un momento crítico.

En plena resaca del desacuerdo, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha sido el más explícito sobre el escenario que se avecina. "Van a ser mesas complejas y los acuerdos no van a ser fáciles", ha dicho en declaraciones a la televisión pública. Los sindicatos confían en que el disenso entre Moncloa y la patronal por el SMI no afecte a futuros pactos. El más inmediato, el de la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya discusión ya ha comenzado. Después llegará la siempre polémica reforma laboral, donde las posturas siguen alejadas, el segundo tramo de la reforma de las pensiones o el rediseño de las políticas activas de empleo. Bruselas aprieta, pero solo los agentes sociales pueden ahogarse.

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De momento, la CEOE da una de cal y otra de arena. Por una parte, quiere rebajar la tensión, pero por la otra no renuncia a poner el dedo en la llaga. La mañana de este viernes ha sido un buen ejemplo. En apenas unas horas, se han visto dos versiones distintas de Garamendi. Primero, en Onda Cero, el presidente de la CEOE ha dicho que la decisión de subir el salario mínimo "estaba ya tomada" y que el Gobierno "lo único que ha hecho es darle vueltas a su propio solitario". Más tarde, en la Casa de América, ha negado que lo ocurrido con el SMI vaya a afectar al diálogo social: "En las negociaciones vamos a seguir sentados y si decimos que no, lo haremos de forma educada y daremos nuestras razones, igual que cuando decimos que sí".

Garamendi ha recordado que la patronal no tiene por qué estar de acuerdo con el Gobierno. El diálogo social seguirá, aunque con fisuras, ahora que las propuestas divergentes han quedado a la vista. Pero, sobre todo, por la desconfianza creciente de los empresarios, que lamentan la unilateralidad del Ejecutivo en un tema tan sensible como el salario mínimo. En ese sentido, Garamendi ha lamentado que la decisión se haya tomado con criterios políticos, ajenos a la lógica económica, y que no hubiese partido de un planteamiento serio.

El presidente de los empresarios lo ha dejado claro: la CEOE está más cerca de los postulados de Calviño que de los de Díaz

Pero la patronal también participa en el juego de la política. Y eso implica resaltar las contradicciones en el Consejo de Ministros. La postura del Ejecutivo no es única, y sus dos almas está representadas por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Economía, Nadia Calviño. Esta vez ha ganado la primera, que abogaba por que la revalorización se empezase a aplicar en las nóminas de septiembre. El presidente de los empresarios lo ha dejado claro: la CEOE está más cerca de los postulados de Calviño. Pero las principales negociaciones se pilotan desde Trabajo, y Díaz es la que llevará la batuta en los próximos meses, salvo en el caso de las pensiones.

La vicepresidenta segunda ha negado fricciones en el área económica del Ejecutivo por la subida del SMI: "Es una decisión del Gobierno", ha dicho en Santiago de Compostela, donde se ha reunido con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Y también ha aprovechado para contraatacar. "A veces no negociando se pierde", ha añadido en referencia a la patronal. Díaz da por hecho que los empresarios se han excluido de la negociación y los ha invitado a "resituarse" de cara a las mesas de los próximos meses.

La batalla por el relato

La ministra de Trabajo ha revelado que su departamento estaba dispuesto a pactar la subida por una cuantía inferior a los 15 euros, que es la que finalmente se ha acordado solo con los sindicatos. Sin embargo, Garamendi ha tachado de "falso" que la CEOE no se haya sentido a negociar. "Por la misma razón yo puedo decir que [el Gobierno] no se ha sentado a la mesa", ha reflexionado. Y ha resumido la actitud del Ejecutivo: "Esto es así porque soy el Gobierno y lo hago".

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J. G. Jorrín I. Gil

La batalla por el relato sobre la ruptura de la negociación del SMI es la primera piedra sobre la que ambas partes quieren armarse de legitimidad ante las negociaciones pendientes, entre ellas la de la revalorización del salario mínimo en 2022, que empezará a discutirse, previsiblemente, el próximo noviembre. Para Garamendi, la clave sobre la postura de los empresarios estará en ver cómo se va recuperando la economía. "En enero estaremos en una posición diferente, los sectores más castigados se van abriendo poco a poco. Ya lo veremos", ha dicho.

Los argumentos de fondo son los de siempre. Díaz ha recordado que la subida del salario mínimo beneficiará a medio millón de personas, mientras que el líder de la patronal ha destacado sus efectos nocivos sobre la creación de empleos, especialmente en sectores como el agrario, y ha criticado que la Administración no lo aplique en los contratos que adjudica a las empresas. Los trabajadores por cuenta propia también podrían verse afectados: la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha lamentado que la subida les supondrá un incremento de entre 3 y 12 euros en la cuota.

Una vez más, el Banco de España ha aportado munición a la patronal. Este viernes, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha recomendado "una cierta prudencia" en la subida, ya que, en su opinión, "puede tener algunos efectos secundarios", entre los que ha citado la pérdida de empleos entre los colectivos con menor productividad, como los jóvenes y los mayores de 45 años. "Son consideraciones que deben tenerse en cuenta", ha advertido. Pero el Gobierno no ha podido ser más claro desde el regreso de las vacaciones: cualquier decisión sobre el salario mínimo, depende, en última instancia, del Palacio de La Moncloa.