Ribera renuncia a nuevas medidas y azuza los fondos éticos contra las eléctricas
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COMPARECENCIA EN EL CONGRESO

Ribera renuncia a nuevas medidas y azuza los fondos éticos contra las eléctricas

La legislación europea hay que cumplirla, dijo ayer la vicepresidenta Ribera. Eso significa que no habrá nuevas medidas urgentes. Lo que se propone es que actúen los fondos éticos en las eléctricas

Foto: La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE)
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera. (EFE)

La bala en la recámara que tenía la vicepresidenta Teresa Ribera para bajar el precio de la luz es prestada. Tiene un nombre: ‘fondos éticos’. No es que el Gobierno vaya a intervenir en el mercado eléctrico de forma urgente para abaratar el recibo, o que haya anunciado una nueva batería de medidas, sino que lo que propone es que los accionistas cualificados de las eléctricas, en concreto quienes funcionan con criterios de sostenibilidad, presionen a sus directivos para que la generación hidráulica deje de marcar los precios en el ‘pool’, es decir, en el mercado mayorista. O lo que es lo mismo, en palabras de Ribera, que muestren “empatía social”, tal y como marcan sus estatutos, y que piensen en la sociedad renunciando a ofertar energía que cuesta muy poco de producir, pero que sale muy cara a los consumidores.

Se trata, como es obvio, de un claro mensaje a los propietarios de las centrales eléctricas. En particular, Iberdrola, que reúne las dos condiciones. Por un lado, entre sus principales accionistas (el primero es Qatar Investment Authority —8,71%—) están Norges Bank, el fondo soberano noruego (3,6% del capital), y BlackRock, que al finalizar el año 2020 controlaba el 5,16%. Pero es que, al mismo tiempo, Iberdrola controla el 48% de la producción hidroeléctrica nacional, lo que la convierte en la práctica en árbitro del sistema. Y hay que tener en cuenta, como recordó este lunes la vicepresidenta tercera durante su comparecencia en el Congreso, que en 17 de las 24 horas de ayer el precio de referencia, al ser un mercado marginalista, ha llegado a proceder de la producción hidráulica.

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El segundo gran propietario es Endesa, pero en este caso el accionista claramente mayoritario es la estatal italiana Enel (71% de los títulos). El tercero, ya muy lejos, es Naturgy, con un 11% de la producción mediante agua embalsada. Su máximo accionista es La Caixa (24,8%), seguida del fondo australiano IFM (22,68%), después de que el Consejo de Ministros autorizase a principios de agosto la operación.

A ellos se dirige el mensaje de Ribera. “La empatía social cotiza en bolsa”, dijo la vicepresidenta. “Muchas de estas compañías tienen entre sus accionistas a fondos de inversión que responden por principios ambientales, sociales y de gobernanza”, añadió.

Necesidades sociales

¿Es eso cierto? Lo que dice el código ético de Iberdrola es que “el grupo adopta una ética empresarial responsable que permite armonizar la creación de valor para sus accionistas con un desarrollo sostenible que gira en torno a tres vectores, a saber, aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, con la finalidad de atender determinadas necesidades y expectativas de los principales grupos de interés de la sociedad”. Es decir, existe un compromiso social y medioambiental que es el que esgrime la vicepresidenta tercera, casi textualmente, como si hubiera leído el código de Iberdrola, ante la imparable subida de la luz.

Ribera dice que hay "margen" para mejorar los mecanismos que determinan el precio de la luz

El papel de los fondos éticos en las eléctricas, como se recordará, ya ha sido puesto a prueba recientemente en el caso Villarejo, que afecta, precisamente a una parte de la cúpula directiva de Iberdrola. Los fondos éticos responden a los criterios denominados ASG, acrónimo de ambientales, sociales y gobernanza. Los fondos éticos, según Morningstar, ya representan el 21% de los fondos europeos y el 25% de los activos, lo que revela su importancia y su capacidad de influencia sobre los ejecutivos de las empresas, que pueden ser censurados en las juntas de accionistas. Morningstar define una estrategia como una "inversión sostenible" si su prospecto u otros documentos oficiales la describen como centrada en la sostenibilidad, el impacto o los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Esta clasificación no mide la eficacia de la estrategia de sostenibilidad del fondo, pero refleja sus objetivos declarados.

La propuesta de Ribera, en todo caso, viene a reconocer la impotencia del Gobierno, que ha asumido a pies juntillas la legislación de la Unión Europea, lo que indica que no dará la batalla en Bruselas. Y si lo hace, y obtiene resultados, sus efectos serían muy a largo plazo. Desde luego, no afectaría a la situación actual. El mercado de futuros muestra que hasta el segundo trimestre de 2022 el precio se situará muy por encima de los 100 euros en el ‘pool’, y solo a partir de ahí comenzará una suave bajada hasta el entorno de los 80 euros en el cuarto trimestre de ese año, lejos de las medias históricas. Solo en 2023 bajaría hasta situarse alrededor de los 50 euros por megavatio.

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Y es que el Gobierno, como se ha dicho, defiende con ahínco la legislación comunitaria, que tiene cuatro ejes que Teresa Ribera asume como propios. Por un lado, se prohíbe establecer precios fijos en los mercados mayoristas, donde debe prevalecer la oferta y demanda; por otro, y en línea con lo anterior, se prohíben los precios máximos y mínimos, que es lo que había propuesto Unidas Podemos. En tercer lugar, se obliga a que el sistema eléctrico funcione con precios marginales “sí o sí”, y en cuarto lugar, ningún país puede discriminar las distintas tecnologías de generación, ya sean hidráulica, nuclear o renovable.

Esto hace que el margen de maniobra que se ha autoimpuesto el Gobierno para no pagar “multas, sanciones e intereses” a Bruselas sea muy estrecho, lo que significa, ni más ni menos, que lo confía todo a la puesta en funcionamiento del Fondo Nacional de Sostenibilidad —aquí el proyecto de ley—, con el que se pretende que los costes fijos del régimen retributivo específico de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, que aglutina más de 60.000 instalaciones en todo el país, salgan de la tarifa eléctrica. La propuesta ya la hicieron los expertos convocados por el anterior Gobierno en 2017, pero desde entonces no ha visto la luz.

El segundo instrumento que maneja el Ejecutivo para rebajar el precio de la tarifa es la devolución a los consumidores de parte de lo ingresado por contaminar en el mercado de emisiones de CO2, que hoy beneficia sobre todo a los gobiernos.

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