El lado oscuro de la descarbonización de la economía que España no quiere ver

El Gobierno prevé que la transición energética cree en España 250.000 puestos de trabajo netos al año de aquí al 2050 y permita incrementar el PIB cerca de un 2% respecto a lo que ocurriría si no hiciésemos nada. En la tercera década del siglo XXI, y tras la mayor pandemia que se recuerda, nadie duda de la necesidad de acelerar la descarbonización para salvar al planeta. Pero ¿realmente va a salvar la economía?

El tecno-optimismo, al que se ha apuntado con gran alborozo el Ejecutivo español, dice que sí. Bastaría con invertir en I+D+i para conseguir los avances tecnológicos que transformen el modelo energético. "Cuando los tengamos, la transición ya estará hecha", ironiza el economista Juan F. Jimeno. Esta corriente pone el énfasis en los aspectos positivos de las disrupciones, que, como el coche eléctrico o las energías renovables, contribuirán a hacer posible el objetivo de llegar a la neutralidad en carbono para mediados de siglo, como se ha comprometido la Unión Europea. Y, de momento, es la que se impone.

La descarbonización puede generar un 'shock' de oferta como el que tuvo lugar durante la crisis del petróleo de los años setenta

En el escenario actual, todos asumen el coste del cambio. El Green New Deal, nacido en Estados Unidos y que Bruselas ha abrazado de forma entusiasta a través del fondo de recuperación Next Generation EU, ya es hegemónico: nadie cuestiona la necesidad de realizar fuertes inversiones para acelerar el cambio y salvar el planeta, además de para apoyar la transformación de algunos sectores que pueden verse perjudicados si no se adaptan. Sin embargo, son pocos los que quieren ver las consecuencias que este proceso tendrá para el conjunto de la economía.

La descarbonización es un 'boomerang' que, además de volverse contra las actividades más dependientes de los combustibles fósiles, puede provocar importantes efectos macroeconómicos, incluso generar un 'shock' de oferta como el que tuvo lugar durante la crisis del petróleo de los años setenta. Y los políticos están ignorando esta realidad. Así lo sostiene el prestigioso economista Jean Pisani-Ferry, catedrático del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en un 'policy brief' publicado esta semana por el Peterson Institute for International Economics. El debate va mucho más allá de la mina que cierra o el coche que no puede circular por Madrid Central. Sobre la mesa, peligros como la deuda galopante, la inflación, la subida de los tipos de interés o el crecimiento de las desigualdades.

Pisani-Ferry fue uno de los expertos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó para constituir el 'comité de sabios' que ha redactado un documento de 444 páginas sobre las reformas que necesita el país. Participó, precisamente, en la extensa parte del informe dedicada a la política energética, que se desmarca de la visión tecno-optimista en algunos aspectos: advierte, por ejemplo, de la necesidad de medir muy bien el coste de las renovables antes de acometer nuevas inversiones y seguir apostando por la nuclear mientras no haya alternativas mejores. Por contra, la estrategia España 2050, un informe similar elaborado por la oficina de Prospectiva —dependiente de la Presidencia del Gobierno—, solo menciona la palabra nuclear para hablar del "modelo tradicional de familia nuclear con hijos".

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Para Moncloa, "es probable que nuestro país logre cumplir los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2030 incluso en escenarios no especialmente favorables de innovación tecnológica y crecimiento económico". Sin embargo, matiza, "alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050 es un reto mucho mayor, que va más allá de la adopción de nuevas tecnologías y que requerirá de una transformación estructural de nuestra economía y nuestros patrones sociales". La propuesta: economía circular, energías limpias y menos consumo. Ni una palabra sobre las consecuencias macroeconómicas que esto puede provocar. Para eso hay que leer a Pisani-Ferry.

En 'La política climática es política macroeconómica, y las implicaciones serán significativas', el profesor alerta contra las "implicaciones inmediatas" de un cambio de esta magnitud, ya que, a su juicio, "hasta ahora no han sido afrontadas de manera sistemática". Pisani-Ferry no propone en ningún momento suspender o retrasar la descarbonización, pero advierte de la trampa que esta esconde: "Si es demasiado gradual en los próximos años, es probable que provoque ajustes precipitados más adelante. Si es demasiado rápida, conllevará grandes pérdidas derivadas de la obsolescencia acelerada del capital existente y de la escasa disponibilidad de innovaciones que reduzcan los costes". Como ejemplo, pone el cambio del motor de combustión al coche eléctrico, que obligará a 'jubilar' prematuramente a trabajadores, máquinas y patentes.

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De momento, el coronavirus y los fondos europeos han acelerado el cambio, tal y como reconoce el Gobierno en el documento España 2050, e inducen a creer que se impone el segundo escenario. ¿Por qué nadie habla, entonces, de las consecuencias? Jimeno denuncia que el debate "no interesa en el día a día de la política" y pide un gran consenso nacional más allá de las habituales luchas entre el Gobierno y la oposición. Pero para eso hay que mirar a largo plazo, y en España, de momento, no ha habido una mecha que haya prendido el debate, como pasó en Francia con la revuelta de los chalecos amarillos por la subida del diésel.

Mientras los expertos de Macron piden que los costes del proceso les sean compensados a los ciudadanos perjudicados —como los trabajadores del rural que necesitan el coche para ejercer su profesión—, y no a las empresas que han tenido tiempo para adaptarse y no lo han hecho, España ha comprado la paz social subvencionando el fin de la minería y otras actividades directamente impactadas. Sobre los perdedores indirectos, la hoja de ruta del Gobierno afirma que el cambio de la economía "no será inmediato ni sencillo" y "deberá hacerse sin dejar a nadie atrás y sin ampliar las desigualdades sociales".

¿Cómo conseguirlo? La estrategia de Moncloa no renuncia a un aumento de los impuestos verdes y da por hecho que, "al final del proceso, el balance será abrumadoramente positivo". "Toda la ciudadanía se beneficiará de ello", añade. Sin embargo, Jimeno advierte sobre los efectos indeseados: "La imposición sobre el carbón es algo regresivo, que afecta a las familias de poca renta, así que tienes que ayudarlas". El profesor propone la creación de un cheque verde para que la mayor recaudación del Estado por las actividades contaminantes se destine a transferencias directas para los hogares damnificados.

Ángel de la Fuente: "Habrá que intentar compensar a los perdedores, entre otras cosas porque si no lo hacemos se van a resistir"

Aunque sin concretar el diseño de la medida, el Gobierno esboza una opción similar, que denomina 'renta climática' y, según el texto, "facilitaría la aceptación de una mayor fiscalidad ambiental y corregiría los efectos generadores de desigualdad de estos impuestos". Nada de esto ha sido planteado, de momento, en el Consejo de Ministros, y el PSOE llegó a rechazar en el Congreso de los Diputados una propuesta de Más País para implementarla.

En su 'policy brief', Pisani-Ferry resuelve el debate, quizá pensando en aquellos días de 2018 en los que ardió París: "El compromiso de redistribuir los ingresos fiscales dólar por dólar puede ser indispensable para disipar las sospechas de que la tarificación del carbono es solo un pretexto conveniente para aumentar los impuestos", argumenta. En el mismo sentido, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), añade: "Habrá que intentar compensar a los perdedores, entre otras cosas porque si no lo hacemos se van a resistir. Además de equidad, es estrategia".

¿Quién paga la fiesta?

Pero la aportación más original del profesor francés va más allá del problema concreto, para centrarse en las implicaciones del modelo energético en el conjunto del sistema económico. Pisani-Ferry reivindica la necesidad de diseñar escenarios cuantitativos que permitan anticiparse a los efectos macro de la transición. De esto no hay rastro en los informes español y francés, pero la lógica académica y la ayuda de los expertos permiten aventurar, al menos, los riesgos a los que nos enfrentamos.

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El primero y más intuitivo es el de la deuda pública, que en España alcanza el 122% del PIB. Cualquiera de las medidas anteriores —desde la inversión en I+D+I hasta su implementación en las cadenas de producción y distribución, pasando por el cheque verde— solo se pueden pagar de una manera: con más gasto. Y los nuevos impuestos medioambientales podrían quedarse cortos para financiarlo. "Hay un exceso de optimismo. Se supone que con el Next Generation va a ser suficiente, pero ni mucho menos. Es un cambio radical en la forma de producción de la energía que requiere inversiones muy elevadas", denuncia Jimeno. Los fondos solo están contemplados para el periodo 2021-2026, pero el camino hasta lograr la neutralidad en emisiones es mucho más largo: finaliza en 2050.

De la Fuente, en cambio, es más cauto con este escenario, ya que considera que la mayor parte de la inversión tendrá que venir del sector privado. Esto provocaría otro posible desequilibrio: un aumento de la deuda de las empresas. En cualquier caso, las transferencias a las familias sí se apuntarían en el pasivo del sector público y, aunque España tenga un amplio camino por recorrer en la fiscalidad verde respecto al resto de Europa, el economista reconoce que es muy pronto para saber si será suficiente para financiar la fiesta. "Los gobiernos tienen razón justificada para tirar de deuda en esto, no para subir las pensiones. Una vez que se haga, beneficiará para siempre a las generaciones futuras", matiza De la Fuente.

Pero el riesgo más preocupante no tiene que ver con el Estado, sino con el mercado, aunque sea como efecto de las políticas públicas. Pisani-Ferry considera que el precio del carbono continuará su escalada durante los próximos años. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo de los gobiernos, para conseguir la reducción de emisiones en favor de otras energías más limpias y baratas. La progresiva restricción de la oferta y el incremento de los impuestos acelerarán el proceso, cuyas consecuencias más directas se empiezan a notar estos días por la incidencia de los derechos de emisión en los récords del precio de la electricidad. Para 2030, el Banco de Inglaterra calcula que la tonelada de carbono se pagará a 300 dólares.

Pisani-Ferry: "No hay ninguna garantía de que la transición hacia la neutralidad en carbono vaya a ser buena para el crecimiento"

"La repentina fijación de precios de una externalidad negativa que se pasó por alto en las decisiones de producción equivale a un choque de oferta adverso", añade Pisani-Ferry. ¿Les suena? Ocurrió con la crisis del petróleo de los años setenta, y la espiral es conocida por todos: parte del capital se queda obsoleto y tiene que ser desechado antes de tiempo por su escasa rentabilidad, lo que reduce la producción en el corto plazo, dispara la inflación y obliga a recolocar a trabajadores en otros sectores. La renta disponible para el consumo se reduce y aumentan las necesidades de inversión para sustituir al 'stock' que se desechó. En definitiva: lo que empieza como un encarecimiento de la energía acaba en una recesión.

El sobrecalentamiento de la economía por las fuertes inversiones también puede empujar hacia arriba a los tipos de interés, algo todavía más probable en un escenario de elevado endeudamiento. Ya se sabe: cuando la sostenibilidad de las finanzas públicas está en cuestión, estos son los siguientes en entrar en juego. Es la tormenta perfecta. Puede ocurrir o no: lo importante es tenerla en mente para limitar sus efectos. "Hay que anticiparse y no lo estamos haciendo", se lamenta Jimeno.

Mientras los políticos persisten en su ingenuidad, Pisani-Ferry lanza una profecía inquietante: "No hay ninguna garantía de que la transición hacia la neutralidad en carbono vaya a ser buena para el crecimiento". Frente a la realidad, siempre incierta, la previsión del Gobierno que recoge la primera frase de este artículo se antoja una cuestión de fe. Todavía faltan tres décadas para comprobar si esta vez ganan los optimistas o los escépticos.