El Gobierno acorta los plazos en la nueva subasta de renovables para bajar la luz antes

El Gobierno quiere poner en operación 3.300 MW de potencia renovable en tiempo récord. Los adjudicatarios de la nueva subasta de energías limpias anunciada esta semana, que se celebrará el próximo 14 de octubre, tendrán que tener las instalaciones vertiendo a la red incluso antes de que lo hagan los 3.000 MW ya adjudicados en enero, nueve meses antes.

El fuerte acortamiento de plazos trata de dar respuesta a la situación de elevados precios que vive la luz en la actualidad. El objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica es disponer del mayor número de instalaciones renovables en el 'mix' energético que reduzca la dependencia de las plantas de gas, cuyos costes están llevando el precio de la electricidad a niveles récord. El mercado roza este mismo viernes el máximo histórico que se marcó hace tan solo una semana. Ambos días, más de 117 euros por MWh de media. Con esta situación, el sector eléctrico lidera el crecimiento de facturación de la economía.

Tanto los promotores como los inversores de fotovoltaica y eólica, las tecnologías dominantes, que logren capacidad en la nueva subasta dispondrán de 10 meses menos entre el momento de la adjudicación y la fecha límite en que sus infraestructuras tendrán que estar sirviendo a la red, tal y como se desprende de la documentación oficial publicada esta semana por el Ministerio para la Transición Ecológica.

De esta manera, los adjudicatarios de energía fotovoltaica deberán estar operando sus plantas, que obligatoriamente tienen que ser de nueva creación para cumplir con las exigencias de Bruselas, el 30 de agosto de 2023. Esto es un mes antes de lo que tendrán que estar funcionando las ya adjudicadas en enero. Significa que la nueva subasta dará a la fotovoltaica menos de dos años de margen y a la eólica, cuya construcción y ejecución es más compleja, solo un año más, hasta el final de agosto de 2024.

A cambio de acortar plazos en la subasta, y para incentivar a los inversores, el departamento dirigido por Teresa Ribera ofrece algunas ventajas adicionales a los inversores, detalla la resolución de nueva subasta que actualmente se encuentra en consulta púbica. A diferencia de lo establecido en la subasta de enero, la nueva puja competitiva de energía renovable contendrá menos exposición al mercado eléctrico, caracterizado por una extrema volatilidad.

Según las reglas de la subasta, la Administración ofrece unos ingresos fijos a los adjudicatarios durante un plazo de 12 años, lo que ofrece una ventaja respecto a la comercialización libre y sirve en muchos casos como garantía para levantar inversión y deuda bancaria. Sin embargo, existe un ajuste de esos precios según la evolución de los mercados. Este porcentaje de ajuste era del 0,25% en la subasta de enero, mientras que en la nueva es del 0,15%. Eso sí, esto aplica a las plantas gestionables, es decir, que contengan algún tipo de almacenamiento como baterías.

Precisamente se busca incentivar proyectos con almacenamiento que de nuevo permitan producir energía a bajos precios durante las horas en que la fotovoltaica y la eólica no operen por ser de noche y no haber viento. La falta de viento la semana pasada, durante la ola de calor, fue uno de los factores clave por los que se disparó el 'pool', como se denomina al mercado mayorista del que depende alrededor de un tercio de la factura del consumidor, ya que hubo que cubrir con energías mucho más caras la elevada demanda por altas temperaturas.

Opinión

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Al margen de lo anterior, y como novedad respecto a la subasta celebrada a principios de este año, el Ejecutivo ha reservado un cupo de 600 MW para ejecución exprés que obliga a que las instalaciones estén listas antes del verano de 2022. Sin embargo, diversas fuentes son escépticas respecto de que los promotores sean capaces de instalar nuevas plantas en tan escaso plazo de tiempo.

Estas medidas pueden rebajar la factura eléctrica en el medio plazo. La vicepresidenta tercera ya advirtió hace una semana de que las medidas mágicas no existen y que quien crea que se pueden cambiar las cosas de un día para otro o no tiene ni idea de lo que habla o hace demagogia barata, en clara referencia a sus socios de Podemos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ahondó en esta idea y dijo que habría que centrarse en reformas efectivas, por lo que dejó claro que la eléctrica pública que reclama el partido morado no lo es.