La última argucia de Berkeley: pide papeles de minas del franquismo para justificar Retortillo

La mina de uranio de Saelices el Chico, en Ciudad Rodrigo, fue inaugurada en 1972 y lleva cerrada dos décadas. La de La Haba, también en la provincia de Badajoz, empezó a explotarse en 1960 y se clausuró en 1990. Pero el paso del tiempo parece no importarle a Berkeley, que ahora quiere saber cuáles son los requisitos que exigió el Estado —en aquellos momentos, la dictadura de Francisco Franco— a la antigua empresa pública Enusa. El objetivo: intentar cubrirse las espaldas con su proyecto de Retortillo (Salamanca).

En su búsqueda de nuevos argumentos contra la decisión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que tumbó la explotación, la minera australiana ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica la documentación de los procesos de construcción y desmantelamiento de las instalaciones pacenses. Con ello, alega Berkeley en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pretende "verificar y contrastar" las condiciones que se pidieron entonces con las que el CNS le requiere a ella ahora.

La compañía insiste en que su plan para construir la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa en la pequeña localidad salmantina de Retortillo cumple con todos los requisitos, por lo que ha solicitado al CSN una nueva evaluación. Berkeley "refuta enérgicamente" la evaluación del regulador y señala que toda la documentación presentada por la empresa ha sido preparada "siguiendo el asesoramiento de organismos independientes, nacionales y asesores y consultores reconocidos internacionalmente que son expertos en su campo".

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C. H.

Como viene manifestando desde que se rechazó su solicitud el pasado 12 de julio, Berkeley ha insistido este viernes en que el dictamen del CSN "no es técnicamente acertado" y que su proyecto "cumple con la normativa en vigor", y confía en que el Ministerio para la Transición Ecológica atienda el informe de mejora que ha presentado y se lo remita al CSN para su revaluación.

La dirección de la empresa asegura que durante el proceso de evaluación, gran parte de la información adicional solicitada por el CSN ha estado relacionada con cuestiones relativas a etapas posteriores del licenciamiento, que no forman parte de los requisitos legales para el otorgamiento de la autorización de construcción.

Dichas cuestiones solo deberían tratarse tras la adjudicación de la construcción de la planta de concentrado, o incluso en el proceso de clausura del proyecto, según Berkeley, que en el reporte de sus cuentas semestrales únicamente detalla que cuenta con 80 millones de euros de caja.