La 'desconocida' cuenta bancaria que nunca te costará más de 36 euros anuales

Cuenta de pago básica. Así se llama la alternativa a las altas comisiones bancarias que afectan, sobre todo, a los clientes no vinculados a sus entidades. Unas comisiones que rondan, de media, los 141 euros, según los datos de este mes de junio de HelpMyCash. Lo que no todos los consumidores saben es que, desde el año 2017, todos los bancos están obligados por ley a ofrecer una cuenta básica por un máximo de tres euros al mes. O gratis, en el caso de aquellos clientes que se encuentren en riesgo de exclusión financiera, desde el Real Decreto 164/2019.

Estas cuentas están denominadas en euros y permiten realizar depósitos, transferencias, domiciliar recibos y tener una tarjeta de débito o de prepago. Además de por las comisiones, esta podría ser una opción interesante para aquellos clientes sin una pensión o nómina vinculada que les permita ser clientes bonificados. Y, como nace en la UE con la intención de aumentar la inclusión financiera de sus ciudadanos, también debe permitir realizar pagos en cualquier comercio de los Veintisiete, incluidos aquellos que se realicen en línea y las transferencias.

El problema es que “la vulnerabilidad en España ha avanzado hacia unos niveles que podrían contradecir el espíritu de la directiva, que es eliminar cualquier posibilidad de exclusión financiera”, apunta Manuel Pardos, presidente de Adicae. Desde la asociación, consideran que el real decreto “se olvida de la realidad social” y, en una consulta reciente del Ministerio de Asuntos Económicos, han reclamado que se extiendan los supuestos de esta vulnerabilidad.

En esa propuesta, Pardos subraya que deberían tenerse en cuenta otros factores, como la situación de dependencia o incapacidad laboral, los parados mayores de 52 años o aquellas personas que paguen más del 40% de los ingresos netos de su unidad familiar en una hipoteca.

El límite máximo que la entidad bancaria puede exigir a los clientes de esta cuenta es de tres euros —únicos— mensuales, que les darían acceso a hasta 120 operaciones de pago al año. Sus únicas condiciones son las de ser una persona física sin propósito de actividad comercial, empresarial o profesional y no tener ninguna otra cuenta abierta en el país. ¿Su ventaja? Los bancos no pueden condicionar al cliente a contratar otro producto para ofrecerle este servicio básico.

Los requisitos burocráticos ponen en riesgo la "eficacia teórica" de la cuenta

Para la OCU, en cambio, son “un instrumento financiero poco útil en términos generales”, por el “beneficio escaso” y por la “excesiva” documentación que se ha de aportar para obtenerlas. Desde la asociación, indican que este tipo de cuenta está pensado, sobre todo, para clientes en riesgo de exclusión financiera o vulnerabilidad, pero que estos requisitos “ponen en riesgo la eficacia teórica esperada”. “Sí pueden ser útiles para residentes en la Unión Europea que no dispongan de domicilio fijo”, añaden, ya que solo necesitarían presentar un documento identificativo para abrir la cuenta en cualquier país de la UE.

Para aquellos consumidores en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera, los bancos deben proporcionar este servicio de forma gratuita durante dos años —prorrogables de mantenerse la misma situación pasado ese periodo—. Pero ¿en qué casos se considera al cliente ‘vulnerable’?

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Principalmente, se calcula de acuerdo a los ingresos económicos brutos anuales, que no podrían superar los siguientes umbrales: dos veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem) para personas no vinculadas a una unidad familiar (1.129,8 euros anuales en 2021), 2,5 veces para los que formen parte de una unidad familiar de menos de cuatro personas (1.412,25 euros) y de tres veces el Iprem en el caso de familias numerosas, o con una persona con grado de discapacidad igual o superior al 33% (1.694,7 euros).

La otra condición es que ningún miembro de la unidad familiar puede ser propietario de inmuebles ni sociedades mercantiles, a excepción, claro, de la vivienda habitual. Ambas situaciones (ingresos y número de miembros de la unidad familiar) deben acreditarse ante el banco para solicitar la gratuidad del producto.

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En un entorno en que la banca está restringiendo sus servicios presenciales, el acceso a la información sobre esta herramienta financiera resulta aún más complejo. “Los bancos están obligados a ofertarla y publicitarla, pero si entras en sus webs, no las encontrarás en ningún lugar llamativo, porque no les interesa”, indican desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).

“Esto es para todos, pero son los mayores los que más padecen esta transformación digital y falta de atención presencial en el sector bancario. Hay dificultades para quejarse y ser atendidos en lo que necesiten”, lamenta Ildefonso Suárez, quien forma parte de Coespe. Desde la asociación, han lanzado la campaña 'Reclama tu cuenta de pago básica' y, para obtener información sobre ella, han habilitado un correo electrónico (reclamatucuentabasica@gmail.com) que provee una respuesta automática con todos los detalles.

Puntos clave de este tipo de cuenta: la falta de publicidad y la "carga burocrática"

Existen otras cuentas sin comisiones, sobre todo en formato 'online', pero no se adaptan a todos los clientes y, en palabras de Ildefonso Suárez, dar a conocer estas cuentas es una manera de “concienciar” sobre los derechos que tienen los consumidores financieros y ofrecer la posibilidad de contratar este producto a quien lo pueda necesitar.

En definitiva, según las diferentes asociaciones consultadas, son dos los puntos clave sobre los que trabajar este tipo de cuenta: la falta de publicidad y el exceso de “carga burocrática”. Así lo ha trasladado Adicae al Ministerio de Asuntos Económicos: “Sería necesaria una campaña de difusión para dar a conocer las cuentas de pago básicas a su público objetivo y ampliar su alcance y eficacia”.

Queda pendiente la evaluación del ministerio sobre esta consulta pública y la detección de posibles márgenes de mejora, en especial para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión financiera.