El TdC censura el desvío a las renovables de los derechos de CO2 (1.000 millones)

En plena escalada del recibo de la luz, el Tribunal de Cuentas ha terciado en uno de los asuntos más peliagudos del sector eléctrico, como es la retribución de las energías renovables. Y su conclusión es que los cerca de 1.000 millones que el Estado tiene la obligación de redistribuir en el sector para lograr que sea más eficiente, y que proceden de la subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se utilizan, en realidad, para “el aseguramiento de un nivel de rentabilidad” de las energías renovables. Por lo tanto, no se destinan a respaldar el fomento de energías limpias, sino a garantizar una determinada rentabilidad de las instalaciones, en contra de lo que establece una directiva de la Unión Europea.

Esa directiva, como recuerda el órgano fiscalizador del sector público, impone un deber de transparencia a los Estados miembros sobre el uso de esos ingresos, que se derivan de lo que pagan las instalaciones por contaminar (un derecho de emisión equivale a una tonelada de CO2). Pero lo que ha ocurrido, según el Tribunal de Cuentas, es que la propia Secretaría de Estado de Energía ha reconocido que la aplicación de lo recaudado, procedente de los derechos de emisión, “contribuye a sostener financieramente, entre otras cosas, parte de la financiación de las empresas de energías renovables”. Es decir, una especie de subvención encubierta no prevista en las leyes europeas.

Como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica en su turno de alegaciones, “las liquidaciones del sistema eléctrico cubren, entre otros, los importes que perciben las instalaciones renovables en concepto del régimen retributivo específico y que han de garantizar que las instalaciones perciban una rentabilidad razonable”.

El resultado, como sostiene el TC, es una auténtica paradoja. “Parte de los costes del uso de energías no renovables [que son las que emiten CO2 a la atmósfera] se retorna a las empresas del sector energético”, cuando el sector eléctrico supone en torno al 44% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No se trata de una cantidad residual. Entre 2017 y 2019, las obligaciones reconocidas con cargo a las subastas de derecho de emisión, una especie de impuesto que pagan las industrias contaminantes, suman 1.948 millones de euros que habría que haber distribuido de otra forma.

Asignaciones gratuitas

El Tribunal de Cuentas europeo recordó en su último informe sobre el régimen de derechos de emisión gratuitos que desde este año se aplicarían condiciones más estrictas sobre el uso de estos derechos, toda vez que el sistema anterior había sido ineficiente. Y, de hecho, desde 2013, el sector de la electricidad no está autorizado a obtener asignaciones gratuitas, dado que puede repercutir los costes en sus consumidores.

Para asegurarse de cómo habría que haber destinado esos fondos, el Tribunal de Cuentas consultó a la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) si había casos europeos similares, y la respuesta fue que el sistema utilizado en España era “singular” en la medida en que en otros Estados los recursos aplicados en la lucha contra el cambio climático se incluyen directamente en los Presupuestos, encuadrados en los programas destinados a esta finalidad. Es decir, no se destinan a asegurar la rentabilidad del sector. El Tribunal de Cuentas recuerda que incluso el coste de la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas celebrada en Madrid en diciembre de 2019, algo más de 61 millones de euros, se cargó a la subasta de derechos de emisión. No se financió, por lo tanto, con crédito presupuestario, sino a costa de la tarifa.

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El Tribunal de Cuentas no se queda aquí y cuestiona, igualmente, la capacidad legal de quien tomó la decisión de conceder ayudas no previstas en la legislación. “Los referidos actos”, señala el TC, “fueron adoptados por un órgano que no era competente para ello, pudiendo haber comprometido con ello su validez”, tal y como establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En concreto, el firmante de la orden de pago fue el director de gabinete del secretario de Estado de Energía, y no la ministra del ramo, Teresa Ribera.

La ley deja bien claro que los miembros de los gabinetes de los secretarios de Estado o de los ministros “solo” realizan funciones de confianza y asesoramiento especial y “en ningún caso” pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a órganos administrativos, como son la autorización del compromiso de gasto o el reconocimiento de obligaciones para la realización de transferencias a la CNMC en concepto de compensación de los costes del sistema eléctrico. Entre otras razones, porque los miembros de los gabinetes, y en este caso el director, tienen la condición de personal eventual que “solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. El TC concluye que no es posible que una norma con rango inferior a la ley, como es una orden ministerial, les confiera nuevas responsabilidades, y menos por delegación.

El encarecimiento de los derechos de emisión explica en parte la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, de ahí que su importancia sea cada vez mayor. También, por lo tanto, los recursos que se ponen a disposición de la eficiencia energética, no para financiar los rendimientos asegurados.

En España, el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) afecta a cerca de 1.000 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos activos. Este miércoles, en el mercado de futuros, fijaba un precio de 52 euros por tonelada, y para comprender su rápida evolución al alza solo hay que tener en cuenta que en octubre de 2017 su cotización era de 7,71 euros. Es decir, en casi cuatro años se ha multiplicado por siete. En 2020, España participó en 145 subastas e ingresó 1.240 millones de euros, con un precio medio de 24,3 euros/derecho.