Calviño acumula más poder en la fase crítica para el desembolso de los fondos europeos

Alta funcionaria de la UE, ministra del Gobierno de España, vicepresidenta tercera, vicepresidenta segunda y ahora vicepresidenta primera. Nadia Calviño no ha perdido el tiempo en los últimos tres años. Ahora, tras la última remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, acumula más poder que nunca.

Y ese poder se va a ver reflejado tanto en términos absolutos —será la número 2 del Ejecutivo y presidirá los consejos de ministros cuando no esté el presidente— como en términos relativos —en la relación de poder y jerárquica con los ministros de Podemos—.

Este último ascenso llega en un momento clave: cuando hay que empezar a implementar los cientos de reformas prometidas a Bruselas, a las que está condicionado el desbloqueo de los pagos de los fondos europeos Next Generation EU. Casi 70.000 millones de euros en ayudas directas y otros 70.000 millones en créditos en condiciones ventajosas.

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Al contrario de lo que podían pensar algunos y por muy titánico que haya sido el esfuerzo para sacarlo adelante, la elaboración del plan de reformas, y su aprobación por Bruselas, ha sido la parte fácil. La difícil empieza ahora: un Gobierno en minoría deberá sacar adelante en el Congreso reformas de tanto calado como las pensiones, la fiscal o la laboral, para las que no hay acuerdo ni el seno de la coalición.

A ello hay que sumarle la inestabilidad intrínseca de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo. Sin ir más lejos, el socio prioritario, ERC, mantendrá en paralelo una negociación en la que solicitará al Gobierno central algo que este no puede dar: un referéndum pactado de autodeterminación. Y la oposición, encabezada por el PP, parece más centrada en solicitar un adelanto electoral que en pactar las reformas.

La labor de Calviño será doble. En primer lugar, muñir unas reformas que se parezcan lo máximo posible a las comprometidas con Bruselas. En segundo lugar, ante el probable escenario de que estas se queden cortas o incompletas, tratar de convencer a los hombres de negro de que sigan desbloqueando los pagos. La primera parte la puede hacer mucha gente en el Gobierno y en el PSOE. Para la segunda, la vicepresidenta primera está en una situación de privilegio.

Es una alta funcionaria de la Comisión Europea que entiende el lenguaje y los equilibrios de poder de la Unión Europea y que ahora ocupa un puesto de poder en un Gobierno de coalición donde uno de los socios —Podemos— causaba recelos, tanto en las instituciones como en algunas de las capitales importantes.

Para Bruselas, Calviño es la persona que garantiza que el Gobierno de la cuarta economía del euro no se eche al monte. Para Pedro Sánchez, la que va a convencer a los socios europeos de que los desvíos de la ortodoxia comunitaria (pensiones, laboral, fiscal) se harán cuando no quede otro remedio y siempre dentro de un orden.

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Es esta especie de rol de agente doble el que ha hecho de Calviño una persona tan valiosa en la coyuntura actual, tanto para Madrid como para Bruselas. La primera legislatura de Sánchez, con Unidas Podemos como socio parlamentario, y lo que llevamos de segunda, con la formación morada ya en el Ejecutivo, han sido un buen entrenamiento para lo que está por venir. Tanto con la dupla Pablo Iglesias vicepresidente segundo y Yolanda Díaz ministra de Trabajo como en esta última fase con Díaz de vicepresidenta. Una fase, por cierto, que ya requirió de un reajuste: la degradación de la vicepresidencia de Unidas Podemos de segunda a tercera para no sembrar dudas sobre la posición jerárquica de Calviño en materia económica.

Duelos de vicepresidentas

Los choques Calviño-Díaz han sido frecuentes, tanto en público como en privado. Pero tal vez el que más se ha librado de cara a la galería ha sido el del salario mínimo interprofesional (SMI) y en las dos últimas ocasiones se ha impuesto la ahora vicepresidenta primera.

El primer choque surgió a finales de 2020, cuando la situación económica era todavía muy delicada. En ese momento, Díaz inició una ronda de contactos con los agentes sociales con una premisa: subir el SMI un 0,9% para cubrir el avance de la inflación. Sin embargo, Calviño terminó imponiendo su criterio de congelar el salario mínimo para evitar una recaída mayor del PIB.

En junio se reprodujo el debate, una vez se confirmó el inicio de la recuperación tras las restricciones. Con la ‘percha’ del informe del comité de expertos para la subida del SMI, Díaz volvió a introducir el debate en el Consejo de Ministros y en la opinión pública. Pero Sánchez volvió a decantarse por las tesis de Calviño y ahora todo parece indicar que el salario mínimo se quedará congelado en lo que queda de año para retomar la senda alcista en 2022. Eso sí, estas dos victorias de Calviño frente a Díaz se producen en un contexto muy concreto: tras la subida del 22% del SMI de 2019.

El otro gran choque entre Díaz y Calviño se produjo cuando estalló la pandemia. Tras la declaración del estado de alarma, el Consejo de Ministros tuvo que debatir cuál sería la respuesta de política fiscal a ese reto mayúsculo. Calviño defendió la moderación en ese momento, dado que la deuda pública estaba en niveles muy elevados y el Banco Central Europeo aún no había puesto en marcha toda su potencia de fuego monetaria. Díaz, por el contrario, reclamó poner todos los recursos a disposición de los esquemas de protección de rentas en un debate en el que encontró el apoyo del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Finalmente, Díaz y Escrivá impusieron su opinión y la respuesta fiscal fue muy contundente, especialmente con los ERTE.

A lo largo de toda la crisis sanitaria surgieron nuevos debates en torno a la posición fiscal del Gobierno. Uno de ellos fue el de las ayudas directas a las empresas, en el que Díaz exigía una acción contundente y Calviño pedía moderación. Finalmente, las ayudas habilitadas fueron cuantiosas, tanto como pedía Unidas Podemos, pero Calviño retrasó mucho el debate y diseñó un sistema que todavía mantiene bloqueado el dinero.

La reforma laboral ha sido otro de los grandes focos de tensión entre Díaz y Calviño. No hay más que recordar el gesto de Calviño en el Congreso mientras Díaz aseguraba: “Vamos a derogar la reforma del Partido Popular”. Calviño nunca ha querido hablar de derogación, ya que hay aspectos de la reforma que considera apropiados para crear un mercado laboral flexible. Por el contrario, Díaz pretende dar un giro total al empleo, eliminando la mayor parte de los contratos vigentes actualmente, en especial los temporales, y recuperando el poder de los sindicatos en la negociación colectiva.

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El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a cerrar la reforma laboral este mismo año. La intención de Díaz es buscar el acuerdo con la patronal y, si no es posible, legislar sin su apoyo. Sin embargo, para Calviño es fundamental el acuerdo en el diálogo social. Esto implica que Díaz tendrá que rebajar sus posturas para que la CEOE pueda entrar en el acuerdo, con el riesgo de que sean los sindicatos quienes se queden fuera.

Otro momento de tensión en el seno del Gobierno de coalición se produjo durante la negociación de la reforma de las pensiones. Calviño y Escrivá, presionados por Bruselas, plantearon en las reuniones internas de la coalición un aumento de los años utilizados para el cálculo de la pensión. Lo que significa una rebaja, por la puerta de atrás, de las pensiones (en concreto, de la tasa de sustitución). Díaz y el resto de ministros de Unidas Podemos criticaron esta decisión y exigieron que se mantuviese sin cambios. La polémica saltó a los medios a través de filtraciones, provocando una profunda crisis que terminó con Escrivá retirando la propuesta.