La AIReF calcula un impacto de 1.300 M por la bajada del IVA en la factura de la luz

La decisión del Gobierno de bajar el IVA en la factura de la luz del 21% al 10% para reducir la carga de los hogares ante el pico alcanzado en el precio costará a las cuentas públicas en torno a 1.300 millones de euros. Esta es la estimación inicial que ha realizado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Así lo ha reflejado este martes su presidenta, Cristina Herrero, en unas jornadas organizadas por la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y patrocinadas por BBVA. La economista ha destacado que, aunque “es prematuro, estimamos un impacto de 1.300 millones. Esa rebaja podría suponer un aumento de la demanda, con lo que el impacto (neto) podría estar en una horquilla de entre 1.100 millones y 1.300 millones”.

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Este impacto es solo por el IVA, a lo que podría añadirse la suspensión del 7% en la producción eléctrica, que supondrían otros 1.000 millones, aunque sin efecto en el déficit público ya que se va a la reducción del déficit eléctrico. En cualquier caso, ha destacado que en teoría es una medida temporal y, por ello, tendría un impacto limitado en la sostenibilidad.

Sin revisión de previsiones

La presidenta de la autoridad fiscal ha alertado de los riesgos a los que se enfrenta la economía española, principalmente a partir de 2023. “Nuestras previsiones coinciden con las del Gobierno este año y en 2022, pero somos más pesimistas para 2023 y 2024”. Herrero lo explica por el peor panorama que anticipa para el turismo. Frente a los números del Ejecutivo, que cree que el turismo se recuperará en 2022, AIReF no ve las visitas internacionales en niveles precovid al menos hasta 2023.

La presidenta de la autoridad fiscal ha aplaudido las cifras económicas de las últimas semanas, que reflejan la recuperación del PIB, pero ha descartado por el momento mejorar sus previsiones: “Los últimos datos son positivos, pero ya estarían incorporados, no esperéis grandes cambios”. Estas estimaciones son de un crecimiento del 6,5% en 2021 y un 7% en 2022.

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Entre los mayores riesgos que AIReF prevé a medio plazo están la elevada deuda, que expone a que un aumento de 100 puntos básicos en los intereses de la deuda cueste 15.000 millones, y el envejecimiento de la población, que puede llevar la deuda pública/PIB al 165% en 2050.

Precisamente, Herrero ha puesto el acento en realizar esfuerzos para la sostenibilidad de las cuentas públicas. “Hay incertidumbres sobre el legado de esta crisis en las cuentas públicas. El déficit se ha situado en el 11%, el más alto en nuestro entorno. Si se excluyen los impactos de Sareb y Castor, estaría al nivel de Italia y otros países. Este 11% se descompone en cuatro puntos por las medidas instrumentadas para el sostenimiento de rentas, otro 3% por el efecto denominador y el impacto macroeconómico en los ingresos, y hay un 2,9% que es el déficit de partida que teníamos en 2019, frente a un déficit medio de la zona euro del 0,6%”, ha resumido la presidenta del ‘sheriff fiscal’.

“Esperamos una recuperación rápida de ese saldo, incluso mayor que el que contempla el Gobierno. Pero aquí me interesa destacar la dificultad para estimar la senda del déficit dado que se desconoce la planificación para los próximos años porque se basa en políticas constantes sobre 2021, y llegamos a 2024 por encima del 4%, por encima del límite fijado para establecer el protocolo de déficit excesivo”, ha advertido.

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En este sentido, “nuestra previsión es que la deuda se sitúe en el 112,4% del PIB en 2024. Pero, si no hay reformas y se mantiene el déficit estructural, nuestra ratio de deuda se estabilizará por encima del 100% del PIB. Esto es relevante por varios motivos, por la vulnerabilidad que nos coloca respecto a variaciones en los tipos de interés y en las condiciones de financiación”, ha avisado. El organismo estima que, con un incremento de 100 puntos básicos en los tipos de interés, “el impacto alcanzaría los 15.000 millones hasta 2024, una cuantía similar a lo que supone el ingreso mínimo vital en el periodo”.

Además, a largo plazo hay que añadir el reto de la sostenibilidad de la Seguridad Social. Según sus cálculos, “la ratio de deuda se situaría en el 165% en 2050, suponiendo que hay factor de sostenibilidad o algo similar, aunque con actualización con el IPC. Sin este factor, se iría al 175% en 2050”. Ha insistido en que “haya un marco previsible con una estrategia para la sostenibilidad financiera. Por la incertidumbre es importante dotar de confianza y seguridad a los agentes económicos con una hoja de ruta. Es fundamental la fijación de una estrategia a medio plazo. Da igual cómo se llame, son planes de reequilibrio porque así lo llama la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.