El Consejo de Estado duda de que la reforma energética beneficie más a pobres que a ricos

Uno de los argumentos de más peso que utiliza el Ministerio para la Transición Ecológica a la hora de poner en valor la reforma por la que se baja la electricidad subiendo los carburantes y el gas es que se trata de una medida progresiva. Es decir, que beneficia a la población de menos renta y perjudica más a quien más recursos tiene.

Sin embargo, esta aseveración ha sido puesta en cuestión por diversas empresas y patronales que, por otro lado, pueden verse perjudicadas por las medidas en cuestión, por las que se crea un Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Este argumento no es baladí, ya que tras aprobarse el proyecto de ley el pasado 1 de junio por el Consejo de Ministros, ha sido remitido a las Cortes, donde el Gobierno de Pedro Sánchez necesita del apoyo de la mayoría de la Cámara para sacar adelante esta ambiciosa medida, consistente en que las primas a las renovables que hoy van en la factura eléctrica sean pagadas en gran parte por las empresas gasistas y petroleras.

Poco antes de la aprobación del proyecto por parte del Gobierno, el Consejo de Estado elaboró un dictamen a cuyo contenido ha tenido acceso El Confidencial y que pone en duda el carácter progresivo de la ley en tramitación. La institución presidida por la vicepresidenta del Gobierno en la era de Zapatero (PSOE), María Teresa Fernández de la Vega, valora como positivo que una medida así tenga un efecto progresivo, "si bien sería conveniente un desarrollo mayor de esta cuestión, con un análisis que pueda respaldar de forma más sólida las afirmaciones realizadas, máxime cuando en el trámite de audiencia e información pública una entidad ha presentado un informe en el que se exponía un parecer diferente".

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En este sentido, el órgano encargado de valorar la reforma legal cree que "sería adecuado, por ello, que la memoria recogiera una valoración sistémica del impacto social y, en su caso, territorial. En particular, en lo que hace a los consumidores domésticos y al consumo en las zonas rurales y en los territorios insulares. Por otro lado, convendría también dejar constancia del impacto que ello supone en relación con la familia, en el apartado correspondiente a la memoria".

En relación con lo anterior, diversos estudios concluyen, con base en los datos publicados por el departamento dirigido por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico solo beneficiará a un tercio de los usuarios totales. Además, consideran que habrá un castigo a las zonas rurales respecto de las ciudades. También desde el punto de vista geográfico tendrá efectos desiguales. La España interior y del norte se verá perjudicada respecto del sur y el levante de costa, dado que los primeros son mucho más dependientes del gas y los combustibles que los segundos, cuyos consumos están más electrificados.

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Otra crítica que lanzan tanto petroleras como gasistas, en este sentido, es que son las capas con mayor renta quienes más capacidad de inversión tienen para cambiar sus consumos de combustibles fósiles a eléctricos, ya sea para cambiar de automóvil o para instalar sistemas de calefacción, cocina y agua caliente eléctricos en sustitución de los carburantes.

Desde las eléctricas, por el contrario, defienden las tesis del carácter progresivo que defiende el Gobierno y aseveran que la medida ayudará más a los hogares pobres, cuyo consumo general, basándose en datos del INE, es inferior y más eléctrico, lo que redundará en su beneficio. Sobre todo para aquellos hogares que no disponen de vehículo. En cualquier caso, los expertos destacan que no se puede realizar un análisis de detalle porque las exenciones y compensaciones que contempla la nueva medida no se han clarificado, con lo que se desconoce cómo impactará finalmente esta medida sobre los diferentes usuarios.

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Sea como fuere, el ministerio competente en materia energética no ha publicado el análisis de impacto social que le pide el Consejo de Estado. El órgano consultivo destaca, por otro lado, que "cabe constatar que la norma afectará de forma muy relevante a los consumidores domésticos de los distintos tipos de energía, razón por la cual hubiera sido pertinente consultar al Ministerio de Consumo".

Desde la parte del Gobierno de Unidas Podemos, han criticado públicamente que no se les haya consultado sobre diversas reformas relacionadas con la factura de la luz, como la nueva estructura de la factura, que entró en vigor el pasado 1 de junio y que ha suscitado críticas por ser el consumo más caro a las horas de mayor demanda.

En todo caso —matiza el Consejo de Estado—, a través del trámite de consulta a los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos, ha participado el Consejo de Consumidores y Usuarios (donde se agrupan las grandes asociaciones de consumidores como Facua, OCU, etc.) que, "a pesar de la relevancia que tendrá la norma", no ha "formulado ninguna observación ni consideración sobre el proyecto", siendo así "que entre la amplia participación pública en la elaboración de la norma, solo una entidad representativa de los intereses de los consumidores haya presentado observaciones".

Reconsiderar el nombre de la ley por confuso

Al margen de lo anterior, el Consejo de Estado estima oportuno, a fin de evitar confusión, "reconsiderar la denominación del fondo". Según su consideración, "se suscitan dudas acerca de si la denominación del fondo [Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico] es la más adecuada". "A este respecto, conviene tener en cuenta que si bien el concepto de sostenibilidad es un concepto integral que tiene diversas dimensiones —y, entre ellas, y de forma fundamental, la relativa a la sostenibilidad ambiental—, es cierto que en la vigente Ley del Sector Eléctrico la referencia a dicho término se vincula con la sostenibilidad económica y financiera del sector", explica el órgano consultivo.

"Se diría que la finalidad de la creación del fondo no es, principalmente, la de contribuir a dicha sostenibilidad económica y financiera, sino la de ayudar a la electrificación de la economía, aspecto vinculado con la sostenibilidad ambiental", zanja el Consejo de Estado.