El juez pide a Rato 65 M de fianza y le abre juicio por delito fiscal, blanqueo y corrupción

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado la apertura del juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares.

En el auto, conocido este miércoles [y que puede consultar aquí], el juez Antonio Serrano-Arnal descarta, sin embargo, añadir una supuesta falsedad continuada e insolvencia punible, tal como solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación.

El magistrado, que también abre juicio a otras 17 personas, físicas y jurídicas, requiere a Rato para que en el plazo de un día preste una fianza de 65,1 millones de euros a fin de garantizar la posible responsabilidad civil derivada del proceso. En concreto, le da un día de plazo, desde el momento en el que sea notificado formalmente de esta decisión, para prestar fianza por un total de 65.132.961 euros, con el fin de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponérsele en sentencia, y con el apercibimiento de que de no aportar esta cantidad "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada". Además de Rato, se sentarán en el banquillo otras quince personas y dos sociedades, una de ellas el bufete del abogado y socio de Rato Domingo Plaza.

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Según el resultado de la instrucción de este asunto, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares. A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide casi 70 años de cárcel para el exministro de Economía por defraudar esos más de 8,5 millones de euros. El Ministerio Público ha acusado a Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

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Por los dos últimos delitos no será finalmente juzgado, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral. Sobre ese extremo, el auto dado a conocer este miércoles señala que en su escrito pidiendo la transformación en procedimiento abreviado el fiscal no señalaba dichos delitos, que si aparecieron posteriormente en el escrito de conclusiones provisionales.

"Se trata, por tanto, de evitar acusaciones sorpresivas que introduzcan en el procedimiento hechos no sometidos a contradicción, causando con ello una efectiva indefensión material de los acusados", apunta el juez. Serrano-Arnal ha notificado su decisión a todos los acusados requiriéndoles que designen abogado en el plazo de tres días o les designará letrado de oficio, y les da veinte días más para presentar escrito de defensa proponiendo "las pruebas de que intenten valerse".

"Dada la naturaleza de la pena solicitada", el magistrado ha citado a todos los acusados el próximo 11 de junio ante la letrada de la administración de justicia del Juzgado para que le sea notificados personalmente los requerimientos acordados. El auto también declara extinguida la responsabilidad penal de uno de los investigados, Miguel Ángel Furones, que ha fallecido.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción calcula que las cuotas defraudadas suman 7.470.163,96 euros, a los que hay que añadir las cantidades dimanantes de la tributación de los servicios profesionales prestados por Rato a través de sus sociedades, aprovechando las bases imponibles negativas que las mismas arrastraban, que sería el caso de los trabajos a Telefónica o la celebración de conferencias después de regresar a España tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional.

Un enjambre societario y un excuñado

La Fiscalía menciona como especialmente relevante la participación en tal operativa de Santiago Alarcó, excuñado de Rato que habría manejado sus cuentas en el extranjero y gestionado las estructuras societarias, y del asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara -filial de la británica Vivaway- y organizando la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury.

Conforme al escrito de acusación, Rato también habría titulado cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza desconocidas para la Hacienda Pública, que ha operado a través de otras cuentas en la Isla de Man, Curaçao o Kuwait, y se ha servido de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de 'trust' y sociedades opacas.

El Ministerio Público ha detectado hasta ocho mecanismos de blanqueo de capitales de los que se habría beneficiado el exvicepresidente del Gobierno, entre ellos el llamado 'crédito lombardo', que le permitía obtener líneas de financiación muy flexibles con la garantía de su abultada cartera de valores; las propias inversiones de las sociedades de Rato en la mercantil alemana Bagerpleta Gmbh; o las millonarias ampliaciones de capital en Kradonara y Vivaway.

Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal declarando ser el propietario de Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia a otras sociedades suyas, con lo que reconoció un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros por el que pagó a Hacienda 11.533,35 euros.

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A juicio del Ministerio Fiscal, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente (...), utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior".

Durante la instrucción también han aflorado indicios de que Rato cobró comisiones indebidas por los contratos de publicidad firmados por Bankia con las empresas Publicis y Zenith de cara a la salida a bolsa de la entidad bancaria cuando él era su presidente.

Las comisiones se habrían canalizado desde la sociedad interpuesta Albisa, propiedad del también acusado Alberto Portuondo, que además habría sido contratado como asesor de Bankia. Albisa habría cobrado el dinero y enviado parte del mismo a Kradonara -una de las empresas de Rato- con la cobertura de un supuesto contrato de asesoría a la otra mercantil.

El juez ha propuesto juzgar, además de a Rato, a Miguel Ángel Montero -administrador de varias empresas del exvicepresidente del Gobierno- y al abogado Domingo Plazas Ruiz y su despacho, Plazas Abogados, por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Además, por corrupción en los negocios ha apuntado a la que fuera secretaria de Presidencia en Caja Madrid y directora de coordinación de la Presidencia en Bankia, María Teresa Arellano; a Alberto Portuondo, uno de los 'hombres' de Montero; a las empresas Publicis y Zenith y a siete personas relacionadas con ellas.