El acuerdo fiscal del G7 subirá los impuestos a 3.200 empresas españolas

La propuesta para imponer un mínimo de tributación del 15% en el impuesto de sociedades sigue adelante tras el acuerdo del G-7 a nivel ministerial. Posteriormente, a mediados de junio, los líderes de los países más ricos del planeta lo deberán ratificar en la Cumbre de Cornualles (suroeste de Inglaterra), aunque posteriormente comenzarán unas arduas negociaciones en el seno de la OCDE, donde los debates tienden a eternizarse. Un ejemplo. El proyecto BEPS (acrónimo de erosión de la base imponible y traslado de beneficios), que se centra en encontrar una solución para evitar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales, principalmente las tecnológicas, lleva empantanado desde 2013, lo que da idea de lo que duran unas negociaciones de este tipo.

El objetivo de tributación mínima del 15%, en todo caso, está sobre la mesa, y esa es la gran novedad. Y, de hecho, aparece en el programa de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, ahora ‘congelado’ en el capítulo fiscal. Como sostiene un miembro de la ejecutiva federal del PSOE, “ahora no toca, no es el momento”. Por el contrario, habrá que esperar a 2023, año, por cierto, electoral si se agota la legislatura. En su opinión, es tiempo de reformas, no de subidas de impuestos. No hay que olvidar que el efectivo medio sobre los beneficios se situó en 2019 en el 9,2%, casi seis puntos por debajo de lo que se propone ahora, aunque con grandes diferencias entre empresas en función de su facturación.

¿A cuántas empresas les afectaría en España un suelo del 15% en sociedades? Los datos los proporciona la Agencia Tributaria, y básicamente implicaría una subida de la presión fiscal para cerca de 3.200 sociedades con una cifra de negocio superior a los 60 millones de euros anuales, cuyo tipo efectivo sobre los beneficios obtenidos es ahora muy inferior a ese 15% que se quiere poner como tributación mínima.

Presencia en el extranjero

Las 3.200 empresas suponen apenas el 0,002% del tejido productivo de España, pero son muy relevantes, no solo porque tienen un volumen de facturación superior, sino, también, porque son las que tienen mayor presencia en el extranjero. De hecho, representan el 51,5% de la base imponible total de las empresas españolas, lo que da idea de su importancia, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. La mitad de lo que recaudó Hacienda en 2018 —último año con cifras cerradas— procedió de las empresas con una facturación superior a esos 60 millones. En total, 23.193 millones de euros.

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La franja más perjudicada serían, con diferencia, las que tienen una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros, donde habitan 216 empresas, y que hoy pagan un tipo efectivo del 5,47%. Esta cifra, sin embargo, no incluye lo que pagan en el extranjero, por lo que en las negociaciones de la OCDE estará presente este asunto, que es capital para evitar la doble imposición, así como el perímetro de consolidación fiscal en relación con las filiales, que ya se endureció en 2014.

Otras 217 empresas que facturan entre 500 y 1.000 millones serían las más afectadas, ya que hoy pagan apenas el 8,39%, mientras que las que oscilan entre 100 y 500 millones (1.471) pagan un 9,54%, también claramente por debajo del límite inferior que ahora quieren imponer los países más ricos del planeta tras el 'nihil obstat' del presidente Biden, que ha sido respaldado por los gobiernos de Alemania y Francia, además de otras naciones europeas. En el caso de las empresas con una facturación anual superior a 60 millones e inferior a 100 millones, que son 1.281, el incremento de la presión fiscal sería mucho más reducido. Hoy pagan, como media, el 13,59% en relación con sus beneficios, aunque el 22% si la comparación se hace respecto de las bases imponibles.

Factura fiscal

La diferencia tiene que ver con las desgravaciones y deducciones, que tienen una enorme importancia en términos de factura fiscal, por ejemplo, mediante la libertad de amortización o las exenciones por la venta de inmuebles urbanos que tengan la consideración de activos no corrientes. En total, según lo previsto para este año en los Presupuestos del Estado en la 'Memoria de beneficios fiscales', 3.871 millones de euros, de los que casi la mitad son deducciones de la cuota íntegra (actividades de investigación, ayudas al cine, donaciones o reinversión de beneficios extraordinarios).

Opinión

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La baja recaudación del impuesto de sociedades ha sido calificada por algunos especialistas como Desiderio Romero y Jose Félix Sanz-Sanz como una auténtica anomalía, solo comparable a lo que sucede en Italia. Italia y España, de hecho, son los dos únicos países de la antigua UE-15 (con Reino Unido) que en 2018 no habían logrado alcanzar el nivel de ingresos de la anterior crisis.

El acuerdo del G-7 podría afectar a las empresas con menor cifra de negocios. Solo en teoría, porque es probable que queden fuera de la medida. Entre otras razones, además de por su propia vulnerabilidad económica, por el escaso impacto que tendría sobre la recaudación. Las que facturan menos de 50.000 euros sufren un tipo efectivo del 6%, mientras que las que cuentan con una cifra de negocios inferior a los 100.000 euros tributan al 10,7%. El segmento de empresas que pagan más por sus beneficios se sitúa entre dos y diez millones de euros, con un tipo efectivo de alrededor del 20%. Fundamentalmente, porque aprovechan menos las deducciones fiscales.