El plan de Bruselas contra los pactos fiscales de las multinacionales se complica
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PROBLEMAS EN LA VÍA RÁPIDA

El plan de Bruselas contra los pactos fiscales de las multinacionales se complica

Varios reveses judiciales a la estrategia de la Comisión Europea para perseguir los acuerdos fiscales entre los Estados miembros y los gigantes digitales complican la vida a Bruselas

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Margrethe Vestager. (Reuters)

Para la Comisión Europea son mucho más que simples decisiones respecto a ayudas selectivas. Los titulares, que llenaban todos los medios europeos, en los que se indicaba que Bruselas obligaba a Apple a devolver a las arcas públicas irlandesas 13.000 millones de euros, o que Amazon debía pagar 250 millones en impuestos a Luxemburgo, eran auténticas campañas de comunicación pública. Margrethe Vestager, comisaria de Competencia entre 2014 y 2019, había dado con la tecla. En el Ejecutivo comunitario notaban que los ciudadanos conectaban con esa figura de la Comisión como una jueza, la única, que plantaba cara a los gigantes digitales.

La luna de miel duró hasta julio de 2020. A mediados de ese mes, el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) tumbó la decisión de la Comisión Europea por la que obligaba a Apple a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda. La lógica detrás de esa decisión, que no se había probado de forma suficiente que la ayuda era selectiva, está detrás de otra sentencia que ha sido otro duro revés para la Comisión y que se produjo este mes de mayo, cuando el TUE tumbó por idénticas razones la decisión de Bruselas por la que obligaba a Amazon, otro de los gigantes digitales americanos, a devolver 250 millones de euros a las arcas públicas luxemburguesas.

Foto: Sede de Amazon.

No todo son malas noticias para la Comisión Europea. La principal buena noticia es que la corte de Luxemburgo no tumba la lógica detrás de las decisiones de la Comisión, considera que se puede hacer uso de las normas de ayuda de Estado para perseguir los 'tax rulings', los acuerdos fiscales entre los Estados miembros y las grandes multinacionales que buscan los resquicios legales para pagar menos impuestos. Lo que ocurre es que el TUE pide que tenga más información, que sea consciente de que recae sobre ella la carga de la prueba, y que debe tener todos los cabos bien atados. Como señalaba en este periódico en julio de 2020 Alfonso Lamadrid, socio de Garrigues que representa a más de medio centenar de empresas en asuntos de ayudas fiscales pendientes ante los Tribunales de la UE, “la sentencia Apple se incardina dentro de una tendencia, en materia de competencia y ayudas de Estado, en que los tribunales de la Unión vienen exigiendo a la Comisión mayor rigor y profundidad en cuestiones en las que la carga de la prueba recae sobre la institución”.

Las decisiones del TUE, que bajan hasta el mínimo de los detalles hasta el punto de llegar a sentencias distintas para casos similares (por ejemplo dando luz verde a las decisiones sobre Fiat o Engie, pero denegando la de Starbucks), deben leerse en ese marco más amplio. Pablo Ibáñez Colomo, profesor de Derecho de la Competencia en la London School of Economics (LSE), señala en la misma dirección. "Para la Comisión es mucho más difícil probar una ayuda de lo que ella pensaba, y sobre todo hay dos cosas fundamentales que cambian la perspectiva bastante. Por un lado está la carga de la prueba: quién debe probar qué, y ahí yo creo que para la Comisión es bastante más difícil de lo que se pensaba. Y después de las cuestiones técnicas creo que la Comisión tiene menos margen de maniobra de lo que presuponía", señala.

Ibáñez Colomo no cree que este sea el final de esta estrategia. "Es más difícil para la Comisión de lo que pensaban, pero eso no significa que estos asuntos estén muertos ni que no se puedan perseguir estas cuestiones (a través de esta estrategia) en el futuro. Lo que sí es verdad es que la ambición que tenía la Comisión en un principio quizás no se cumpla", explica. "La cuestión es cuán frecuentemente y en qué medida el derecho de ayudas va a ser una herramienta para examinar la fiscalidad agresiva de este tipo. Jugará un papel, pero mi sensación es que será menos central de lo que cabría esperar a raíz de las decisiones originales de la Comisión. Creo que hay una cierta reorientación", señala.

"La ambición que tenía la Comisión en un principio quizás no se cumpla"

Coincide con él Lamadrid. "Las sentencias del Tribunal General respaldan la aplicación de las normas de ayudas de Estado para combatir este tipo de acuerdos fiscales (por otra parte, en principio legítimos), pero obligan a la Comisión a probar que las empresas percibieron una ventaja económica tomando en consideración todas las circunstancias relevantes en cada caso concreto, y sin recurrir a presunciones", explica a El Confidencial.

Pero para el profesor de la LSE la Comisión Europea ha hecho bien en explorar esta vía aunque no sea tan efectiva como esperaba. “Siempre fue controvertido, pero la Comisión tiene razón en explorar estas vías. La Comisión toma riesgos y en general es bueno que busque hasta dónde puede ir. Ya sea en investigaciones sobre abuso de dominio contra Google o ya se trate en materia fiscal con ayudas, la Comisión tiende a tomar riesgos y ver hasta dónde puede llegar, y yo creo que eso es en cierta medida positivo porque es como evoluciona el derecho de la Unión”, señala.

Lamadrid considera que "la Comisión continuará investigando este tipo de prácticas fiscales bajo la óptica de las ayudas de Estado pero, previsiblemente, será más selectiva al decidir en qué asuntos centrar sus recursos. En los últimos años, además, la Comisión ha venido cuestionando la compatibilidad con las normas de ayudas de Estado de otros diversos tipos de normas fiscales en base a una lógica que no está afectada por estas recientes sentencias y que, sin duda, continuará aplicando en el futuro".

Más allá de los "tax rulings"

En todo caso, la persecución de la Comisión Europea a los 'tax rulings' utilizando las normativas de ayudas de estado es solamente una pata de la estrategia con la que el Ejecutivo comunitario busca limitar los poderes de las grandes compañías tecnológicas americanas y abordar el problema de los esquemas fiscales agresivos. Vestager, a la que el antiguo presidente norteamericano Donald Trump bautizó como “la dama de los impuestos”, sigue abriendo nuevos casos contra los gigantes digitales por comportamientos anticompetitivos o monopolísticos, y la Comisión Europea busca otros marcos para abordar la cuestión fiscal.

La idea de que existe competencia fiscal entre Estados miembros no es el problema, según explican las fuentes europeas y diplomáticas consultadas, sino que esa carrera sea cuesta abajo y sin frenos. "Nuestro sistema fiscal quebrado pone en peligro la justicia social, nuestra recuperación y, sobre todo, nuestras democracias. Para mí, es escandaloso que Luxemburgo rechace 250 millones de euros en impuestos de Amazon. Debemos poner fin a esta actitud de 'mendigar a tus vecinos' de la UE. La carrera hacia abajo debe detenerse para finalmente practicar la solidaridad europea. En lugar de permitir que los países compitan agresivamente entre sí e inducir a las multinacionales a comparar precios para obtener la tasa impositiva más baja, debemos garantizar conjuntamente que se aplique una tasa impositiva mínima efectiva a todas las empresas, grandes y pequeñas, y que los beneficios se gravan donde se obtienen", explica Evelyn Regner, eurodiputada socialdemócrata austriaca que participó durante la última legislatura en la Comisión Especial de Resoluciones Tributarias y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares del Parlamento Europeo, destinada a investigar precisamente este tipo de casos.

placeholder El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)

Esta misma semana, el Ejecutivo comunitario ha presentado una nueva propuesta con el objetivo de lograr una mayor coordinación fiscal a nivel europeo que haga que las multinacionales paguen más impuestos y se aprovechen menos de los resquicios y huecos que cuentan gracias a los esquemas fiscales agresivos de algunos países. La Comisión Europea quiere que esa propuesta esté aprobada para 2023 al mismo tiempo que desea que haya un acuerdo en el seno de la OCDE sobre los dos pilares de esta negociación: el derecho de cada país a gravar parte de los beneficios conseguidos por compañías sin presencia física en su territorio y el establecimiento de una base imponible mínima y efectiva para las multinacionales.

La administración americana ha dado un impulso importante al segundo de esos pilares al proponer un impuesto de sociedades global del 21% que no solamente pone en el foco a los tradicionales y conocidos paraísos fiscales como las Islas Caimán, sino también a países como Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos, tres Estados miembros europeos que están invariablemente implicados en prácticamente todos los casos que la Comisión Europea investiga en el marco de esos 'tax rulings' y que ahora han recibido duros reveses.

Para la Comisión Europea son mucho más que simples decisiones respecto a ayudas selectivas. Los titulares, que llenaban todos los medios europeos, en los que se indicaba que Bruselas obligaba a Apple a devolver a las arcas públicas irlandesas 13.000 millones de euros, o que Amazon debía pagar 250 millones en impuestos a Luxemburgo, eran auténticas campañas de comunicación pública. Margrethe Vestager, comisaria de Competencia entre 2014 y 2019, había dado con la tecla. En el Ejecutivo comunitario notaban que los ciudadanos conectaban con esa figura de la Comisión como una jueza, la única, que plantaba cara a los gigantes digitales.

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