El Constitucional tumba el decreto de integración de clases pasivas en la Seguridad Social
  1. Economía
DA LA RAZÓN AL PP

El Constitucional tumba el decreto de integración de clases pasivas en la Seguridad Social

La sentencia se ha dictado en el mismo pleno en que se ha anulado otro polémico decreto: el que permitió la entrada de Pablo Iglesias en la comisión delegada del CNI

placeholder Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (EFE)

El Pleno del Tribunal Constitucional no se ha limitado a desarmar el ardid del Ejecutivo destinado a introducir al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de la comisión del CNI. En una segunda resolución, el tribunal de garantías ha desactivado parte de otro decreto del Gobierno dirigido a gestionar las clases pasivas del Estado a la Seguridad Social, tal y como confirman a El Confidencial fuentes jurídicas.

El TC ha estimado un recurso presentado por el PP contra varias disposiciones que se habían incluido en el real decreto-ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que culminaban la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social. Como sucedió en el caso de la decisión del CNI, la clave ha estado en las dudas sobre si existió "extraordinaria y urgente necesidad" en cuatro disposiciones impugnadas, que introdujeron cambios para integrar de forma definitiva este régimen —compuesto, entre otros, por funcionarios, militares y altos cargos del Estado— en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Foto: El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

El real decreto-ley, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de abril, en pleno confinamiento, escondía una reforma de este régimen. La iniciativa ya estaba prevista por el Ejecutivo, pero su calendario inicial se vio alterado por la pandemia. El covid fue, así, la justificación ofrecida para introducirlo como medida urgente. Al TC, sin embargo, no le han convencido los argumentos. La resolución incluye un voto particular del magistrado Cándido Conde-Pumpido, que sí entiende la urgencia.

La resolución incluye un voto particular del magistrado Conde-Pumpido, que sí entiende la urgencia

Pumpido, que también discrepó respecto a la decisión del CNI, considera que concurren los presupuestos de urgencia y necesidad, que legitiman el recurso a un decreto ley, porque en el momento de la aprobación del decreto, estábamos en pleno confinamiento, y la situación del Parlamento no hacía posible resolver esta modificación a través de una nueva ley, que tardaría demasiado tiempo en aprobarse. No puede hacerse una valoración en abstracto, como si no hubiese existido la pandemia, dice.

El Gobierno también apuntaba que la medida era necesaria, ya que el traspaso del régimen requería unos "cambios normativos" que no pueden ser aprobados "mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria", porque el retraso en el tiempo que ello implicaría "generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía". La sentencia del TC, que se conocerá en los próximos días, considera ahora que se hizo "un mal uso del real decreto" pues "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad".

Contra el decretazo

La decisión se ha adoptado de forma paralela a otra conocida este jueves y representa un nuevo revolcón para esta forma de legislar. En otra resolución, el Tribunal Constitucional censuró este jueves al Gobierno por partida doble. Por un lado, anuló la treta del Ejecutivo para incluir a Pablo Iglesias y al jefe del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de un decreto-ley. Por otro, incluyó como propina una advertencia sobre el abuso de esta figura legislativa, un recurso que Pedro Sánchez utiliza más que cualquier presidente anterior. Por mucho que se ponga la pandemia como pretexto, el Constitucional avisa de que gobernar a golpe de decreto no es una opción.

Todos los gobiernos han recurrido a esta figura legislativa de urgente necesidad, pero Sánchez supera a cualquiera de los anteriores. Desde que llegó al poder el 1 de junio de 2018, ha firmado 89 decretazos en estos tres años: uno cada 12 días. El récord absoluto se batió el año pasado, con 39. En este 2021, se suman otros nueve.

Señor con maletín

Detrás de toda gran historia hay otra que merece ser contada

Conoce en profundidad las 20 exclusivas que han convertido a El Confidencial en el periódico más influyente.
Saber más
Seguridad Social Partido Popular (PP) Tribunal Constitucional
El redactor recomienda