Hacienda reniega del texto enviado a la UE y dice que mantendrá la declaración conjunta

El Gobierno aseguró ayer por la noche que no se está planteando la supresión de la reducción fiscal por tributación conjunta, a pesar de que la idea aparece reflejada textualmente en el documento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió el viernes pasado a la Comisión Europea. Concretamente, en su página 341 se puede leer que "se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)".

Si esta figura se elimina, equivaldría a una subida de impuestos de 2.400 millones de euros para 2,1 millones de familias, lo que supone un golpe medio de 1.150 euros al año por hogar. En total, 4,2 millones de contribuyentes de todo tipo de renta y condición.

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Pero fuentes del ministerio de Hacienda se desligaban ayer de esa cita literal y afirmaban que esta medida no figura en el componente dedicado a las reformas tributarias, sino en el apartado dedicado a combatir fiscalmente la desigualdad entre hombres y mujeres. El titulado 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI'.

La reinterpretación de la literalidad del documento por parte de Hacienda llegó el domingo por la noche, después de que la medida recibiera fuerte eco mediático y suscitara críticas de la oposición. Todo ello a menos de 48 horas de las elecciones autonómicas en Madrid, donde el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ha prometido no subir impuestos.

Las propuestas de reformas y de inversiones que haga el Gobierno a Bruselas son clave para la recuperación económica tras la pandemia. El visto bueno de las autoridades comunitarias es necesario para obtener los 140.000 millones de euros preasignados de los fondos de ayuda europeos.

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Las fuentes gubernamentales aseguran que no hay que hacer caso a la textualidad del documento cuando menciona la "desaparición" de esta ventaja fiscal, debido a que la mención se encuentra en el Anexo IV del plan, dedicado al 'Análisis sectorial de aspectos de igualdad de género y oportunidades'. Según esta versión, el texto solo pretendía hacer referencia a la conclusión alcanzada por un estudio realizado en julio de 2020 por la AIReF, la autoridad fiscal independiente: que la medida genera un “desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente, mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española”. Igualmente, la AIReF proponía “acelerar su paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio”.

Lo que ahora dice el Gobierno que hará es evaluar las recomendaciones de la AIReF y analizar la eficacia de los incentivos fiscales vigentes, pero que en ningún caso, los cambios en la declaración conjunta supondrán "un aumento de la carga fiscal de las familias". Para ello se ha creado un grupo de expertos que emitirá su informe en febrero del año 2022. Será en ese momento cuando se planteará qué medidas fiscales son más adecuadas para adecuar nuestro sistema tributario al siglo XXI e impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

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La AIReF argumenta en su informe que la ayuda actual solo beneficia a los contribuyentes únicos o a las unidades familiares en las que el segundo perceptor tiene unos ingresos bajos. De lo contrario, según este organismo, no compensa liquidar el impuesto conjuntamente.

La AIReF añade que esta reducción “sí que alcanza el objetivo de adecuar el impuesto a la estructura de las rentas del hogar, especialmente en aquellos hogares en los que casi toda la renta la obtiene un perceptor y el hogar es de renta baja”.

El coste para la Hacienda española de esta reducción asciende anualmente a casi 2.400 millones de euros, mientras que beneficia al 18% de los contribuyentes y al 17% de las familias. El organismo sostiene que el beneficio fiscal se reparte de manera homogénea y no altera la desigualdad. Pero indica que el coste recaudatorio se concentra en la parte alta de la distribución: “El 10% de mayor renta genera el 19,5% del coste total del beneficio (466 millones)”, apunta.