Hacienda estima unas pérdidas de 10.000 millones por la morosidad de los avales del ICO
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En el déficit de 2022 y 2023

Hacienda estima unas pérdidas de 10.000 millones por la morosidad de los avales del ICO

El Gobierno realiza un cálculo prudente del impacto en déficit que tendrán los avales fallidos concedidos a empresas. Esta cifra se suma a los 3.000 millones de reestructuraciones ya aprobados

placeholder Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

Los más de 100.000 millones de euros en avales concedidos por el ICO para garantizar la liquidez de las empresas durante la crisis del coronavirus evitó una crisis de crédito que podría haber provocado una caída en cadena de la economía española como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Estas ayudas no se computaron en el déficit público, ya que son avales del Estado que se compensarán a medida que las empresas vayan amortizando sus préstamos. Sin embargo, es evidente que una parte de los préstamos no se devolverán, de modo que los bancos activarán los avales y cobrarán del Estado, lo que implica importantes pérdidas potenciales para las administraciones públicas.

El principio de prudencia financiera obliga al Estado a contabilizar estas pérdidas potenciales de estos avales y a anotarlas como pasivos contingentes en los años para los que se estima que se conviertan en fallidos. Esto significa que tiene que apuntarse las previsiones de créditos fallidos en el déficit público. En 2021 no hay riesgo de impagos, ya que el Gobierno ha ampliado el periodo de carencia un año, hasta 2022, año en el que empezarán los problemas.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

El Ministerio de Hacienda ha incluido el cálculo de los préstamos fallidos en el programa de estabilidad que tienen que remitir todos los países de la UE a la Comisión Europea antes del mes de mayo. Según sus estimaciones, los créditos fallidos ascenderán al 10% del total de avales concedidos, esto es, 10.000 millones de euros. Hacienda ha repartido estos pasivos contingentes en 6.000 millones para el año 2022 y otros 4.000 millones para 2023.

Así lo señala el Gobierno en el programa de estabilidad: “Para los años 2022 y 2023 se recoge el impacto en ayudas a la inversión y otras transferencias de capital de la previsión de fallidos por ejecución de avales ICO por medidas covid puestos en marcha a partir de 2020”.

Hacienda ha realizado este cálculo sobre la base de tasas históricas de morosidad

El ministerio ha realizado estos cálculos sobre la base de tasas históricas de morosidad por sectores del Banco de España. El cumplimiento de las tasas de morosidad históricas dependerá, en gran medida, del ritmo de recuperación de la economía que permita a las empresas recuperar sus ingresos y su flujo de caja de forma rápida tras la pandemia. Hacienda señala que se trata de estimaciones prudentes.

Estos 10.000 millones se suman a los 3.000 millones de ayudas a la reestructuración de los préstamos ICO que aprobó el Ministerio de Economía como parte del paquete de ayudas directas a las empresas. En concreto, el Ejecutivo permitirá a los bancos renegociar los créditos dudosos para realizar conversiones de deuda por capital, ampliar los plazos de vencimiento o realizar quitas, de modo que faciliten la supervivencia de las empresas y los autónomos.

Hacienda también ha incorporado estos 3.000 millones al déficit público dividiéndolos a partes iguales entre 2021 y 2022, a razón de 1.500 millones al año. Esto significa que para 2022 las reestructuraciones de los ICO y las pérdidas anotadas por fallidos tendrán un impacto en el déficit de 7.500 millones de euros, más de medio punto del PIB.

Un gran plan de liquidez

La puesta en marcha de un sistema de avales crediticios a través del ICO representó una de las primeras y más potentes herramientas de cuantas ha puesto en marcha el Gobierno para aliviar el golpe de la crisis en el tejido empresarial. A través de dos reales-decretos, publicados en marzo y en junio, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez dispuso la creación de dos líneas de avales por un monto total de hasta 140.000 millones de euros, para ayudar a aquellas empresas solventes que pudieran enfrentarse a problemas de liquidez a causa de las distorsiones generadas por la pandemia.

Estos créditos han sido gestionados por las entidades financieras, que se han hecho corresponsables de las posibles pérdidas de estos préstamos, ya que los avales públicos cubren hasta un máximo del 76%. Según la última actualización publicada por el ICO, fechada el pasado 31 de marzo, estas líneas han desplegado avales por un importe superior a los 93.899 millones de euros de financiación, que han permitido movilizar 123.566,90 millones de euros. Estas cantidades se han distribuido en 1,03 millones de operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.

Foto: Imagen de la ciudad financiera del BBVA en Madrid. (EFE)

Lógicamente, la mayor parte de estos créditos avalados han ido dirigidos a los sectores más golpeados por la crisis, con el sector turístico recibiendo alrededor de 17.800 millones de euros. 12.810 millones han ido a parar a compañías del ramo de construcción e infraestructuras, mientras que las empresas englobadas en el segmento de servicios empresariales, profesionales y administrativos han recibido créditos del ICO por valor de casi 10.750 millones.

En lo referido a la distribución geográfica, la publicación del organismo indica que cerca del 39% de la financiación ha sido concedida a empresas radicadas en Madrid y Cataluña, mientras que a las de Andalucía y Valencia ha correspondido algo más del 22%.

El Banco de España avisa del riesgo oculto existente en la cartera de créditos ICO

Un informe del Banco de España publicado esta misma semana ponía el foco en el posible riesgo oculto existente en la cartera de créditos ICO de los bancos. El organismo supervisor resaltaba que, a cierre de 2020, las entidades financieras españolas habían puesto en vigilancia especial un 8% de estos préstamos y tan solo un 1% en dudosos, por impago, unos datos que contrastan con el 32% de los bancos holandeses y entre el 11 y 15% que registran las entidades de Italia, Francia y Alemania.

La gestión de los ICO ha sido motivo de constantes roces entre el Gobierno y los bancos. Especialmente a partir de las intenciones del Ejecutivo de articular un plan de ayudas directas a las empresas a través de una quita a la deuda correspondiente a estos préstamos, que, dada la estructura de los mismos, supondría pérdidas para los bancos.

Finalmente, el plan aprobado por el Ejecutivo limitó en gran medida el riesgo para las entidades financieras, aunque de las ayudas por 11.000 millones planteadas, unos 3.000 millones estarían dirigidos a la reestructuración de estas deudas.

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