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Más zanahoria que palo: Bruselas se arruga ante los gobiernos
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DINERO SIN REFORMAS

Más zanahoria que palo: Bruselas se arruga ante los gobiernos

Los fondos europeos llegarán aunque no haya reformas. La historia dice que Bruselas siempre ha sido comprensiva con los gobiernos pese a los continuos incumplimientos

Foto: Banderas de la Unión Europea. (EFE)
Banderas de la Unión Europea. (EFE)
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¿Palo o zanahoria? ¿Tiene la UE capacidad para imponer reformas a los Estados que arrastran los pies? No lo parece. La vinculación entre la entrega de los fondos europeos Next Generation —no todo el dinero de Europa procede de esos recursos— y las reformas económicas no aparece formalmente en el reglamento que los desarrolla. Precisamente, el documento a tener en cuenta y el que preocupa a los gobiernos.

Entre otras razones, porque la soberanía fiscal descansa todavía en los Estados miembros, pero lo que sí puede hacer la Unión Europea, y eso es lo que hará, es realizar un seguimiento de la ejecución de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, incorporando, incluso, la oficina antifraude. Y lo que no es menos relevante, también obligando a los gobiernos a integrar esos programas en los planes nacionales de reformas en un “único documento integrado” (punto 38). El 30 de abril es la fecha límite.

Así es el plan de recuperación económica de Pedro Sánchez

Aquí está la clave de bóveda del procedimiento fiscalizador. Bruselas hará un seguimiento pormenorizado del destino y la ejecución de los fondos (emisiones de hasta 800.000 millones de euros en cinco años) en el marco del llamado Semestre Europeo, que es el instrumento de coordinación de las políticas europeas. No está tan claro, sin embargo, si tendrá suficiente capacidad de presión para obligar a los gobiernos a cumplir sus recomendaciones o, en caso contrario, frenar las inversiones cuando toque evaluar sus planes de reformas.

No es un juicio de valor, es simplemente una observación de lo que ha sucedido en los últimos años. Tanto el anterior Gobierno como el actual han incumplido de forma sistemática la mayoría de las recomendaciones, en particular las más relevantes, aquellas que sirven para elevar el potencial de crecimiento de la economía. Los fondos, sin embargo, han seguido llegando con normalidad. Incluso cuando algunos Estados, como España, han incumplido de forma flagrante los objetivos de déficit. Algunas muestras.

Foto: Pedro Sánchez, en la presentación del plan de recuperación. (Reuters)

Bruselas, por ejemplo, ha pedido por activa y por pasiva garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario (sin el pago del servicio de la deuda) no supere el 0,9% (2020), lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB. Nunca se ha cumplido esa recomendación, y menos, por razones obvias, en medio de una pandemia, salvo en los primeros años del ajuste tras la doble recesión. Otro ejemplo: Bruselas reclama de forma insistente “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿El resultado? “Sin avances”, dice el último informe de la Comisión Europea.

Otro ejemplo. Según Bruselas, el Gobierno debe garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar un apoyo efectivo a los que los necesitan, mejorando el apoyo a las familias, reduciendo la fragmentación del desempleo, favoreciendo los contratos indefinidos y subsanando el abandono escolar temprano. ¿El resultado? Los avances son “limitados”, dice la Comisión. Exactamente la misma calificación que ha tenido España en 2020 en relación con el fomento de la innovación, la eficiencia energética, la mejora de las infraestructuras ferroviarias o las interconexiones eléctricas. O, por último, la mejora en la coordinación entre administraciones avanzando en la unidad de mercado.

Exigua mayoría

Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos más, y lo que ponen de manifiesto es el trecho que hay entre lo que se dice y lo que se hace. O lo que es lo mismo, entre lo que se publica en los documentos oficiales y lo que posteriormente se ejecuta.

Foto: La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. (EFE)

Y este es, realmente, el problema del plan español de recuperación y resiliencia que el Gobierno quiere sacar adelante con una exigua mayoría parlamentaria. No es un asunto menor, teniendo en cuenta que entre los cambios que propone Bruselas están cuestiones tan peliagudas como la reforma laboral y la de pensiones.

En el primer caso, no solo reduciendo el número de contratos, una promesa incumplida durante décadas, sino también atacando el desempleo juvenil y de larga duración, que no solo son una cuestión contractual reduciendo número de modalidades, sino algo mucho más complejo y de largo plazo, ya que la dualidad entre fijos y temporales también está afectada por el patrón de crecimiento.

¿Se ha hecho algo por aumentar el tamaño de las empresas? Nada, Bruselas seguirá pagando

No es lo mismo una economía de servicios que otra con mayor peso de la industria, cuyo empleo es más estable, al no depender tanto de la estacionalidad. Y España, hay que recordarlo, no cuenta siquiera con un consejo nacional de productividad, reclamado desde hace años por Bruselas sin ningún resultado. Es más, incluso en el reglamento que define el terreno de juego en el que se distribuirán los fondos se pide a los gobiernos que recaben la opinión de sus consejos de productividad. ¿El problema? España carece de un órgano similar. Lo más parecido es la AIReF, pero no es exactamente lo mismo.

Tampoco es un asunto cualquiera. Uno de los ejes del plan de recuperación español es, como se sabe, impulsar la transformación digital de las empresas. Pero la realidad es que la economía choca con uno de los incumplimientos más sistemáticos de las recomendaciones de Bruselas, que no es otro que el tamaño de las empresas.

Foto: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)

Aunque Bruselas reconoce en su último informe que España está mejorando en materia de digitalización, tanto el escaso número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación como la lenta adopción de las tecnologías digitales por parte de las pequeñas y medianas empresas “impiden aprovechar plenamente su potencial”. O expresado de otra forma, las microempresas, que representan una gran proporción de las empresas españolas, “no pueden aprovechar las ventajas de la digitalización tan fácilmente como las entidades más grandes”. Y no hay que olvidar que el 93% de las pymes españolas cuenta con una plantilla inferior a los nueve trabajadores.

¿Se ha hecho algo por aumentar el tamaño de las empresas? Nada, pero el Gobierno ha previsto destinar el 29% de los 70.000 millones de euros a transformación digital. Bruselas seguirá pagando.

¿Palo o zanahoria? ¿Tiene la UE capacidad para imponer reformas a los Estados que arrastran los pies? No lo parece. La vinculación entre la entrega de los fondos europeos Next Generation —no todo el dinero de Europa procede de esos recursos— y las reformas económicas no aparece formalmente en el reglamento que los desarrolla. Precisamente, el documento a tener en cuenta y el que preocupa a los gobiernos.

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