Las ayudas directas en España: más tarde, más escasas y con más trabas burocráticas

Cuando el Gobierno decretó el segundo estado de alarma para hacer frente a los rebrotes del virus quedó patente que la recuperación económica se había terminado y empezaba una segunda fase de la crisis, que duraría varios meses, hasta que se lograra la inmunidad de grupo. La estrategia que siguieron los países europeos fue la de volver a establecer restricciones severas a la movilidad y a la actividad económica para frenar los contagios, lo que provocó una recaída del PIB en el cierre del año y la entrada en recesión en este inicio de 2021. En ese momento, las empresas empezaron a reclamar ayudas públicas para socializar las pérdidas generadas por el cierre administrativo de algunas actividades, no solo en España, también en el resto de Europa.

La urgencia de las ayudas públicas es mayor en España que en el resto del continente por dos motivos. El primero es que la caída de la actividad ha sido más profunda por el modelo del tejido productivo muy enfocado a los servicios turísticos. Y, el segundo, la abundancia de pymes, en especial de microempresas, que son las que tienen menos músculo financiero para superar las crisis. Sin embargo, las empresas españolas tendrán que seguir esperando unos meses para recibir las ayudas.

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Un estudio elaborado por Raymond Torres para Funcas compara las ayudas directas a empresas aprobadas por los cuatro grandes países del euro: Alemania, Francia, Italia y España. De todos ellos, España es el único que aún no ha empezado a repartir las ayudas, y previsiblemente no lo hará hasta el próximo verano, como ya ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El problema del paquete de ayudas español es que se canalizará a través de las comunidades autónomas, lo que significa que primero tiene que pactar las condiciones con los gobiernos regionales. El Ejecutivo firmará convenios con los diferentes territorios para fijar criterios similares en todo el territorio nacional y evitar así que se generen situaciones de desigualdad. Sin embargo, todavía no ha contactado con los consejeros de Economía y Hacienda de las diferentes comunidades, lo que anticipa que todavía quedan varias semanas antes de que se llegue a un acuerdo.

Para Torres, “el principal riesgo [del programa de ayudas] atañe a la puesta en marcha, más complejo que en los otros países, algo que podría retrasar significativamente la llegada de las ayudas además de plantear desafíos de gestión y de disparidad entre las diferentes comunidades autónomas”. Estas complicaciones burocráticas afectarán a la rapidez con la que se canalicen los fondos y previsiblemente complicarán los trámites para las empresas.

La cuantía de los fondos también es menor en España que en el resto de países analizados, y eso a pesar de que la crisis económica está siendo más profunda. El Gobierno movilizará 7.000 millones de euros, lo que supone un 0,56% del PIB existente antes de la pandemia. Este porcentaje en Alemania alcanza el 1,45% del PIB, más del doble que en España; en Francia es del 0,84% y en Italia, del 0,61%. En el caso de Francia el límite es orientativo, ya que el gasto total será el que requieran las empresas que cumplan los criterios de selección sin límite superior.

España compensa la menor cuantía de ayudas focalizándolas en los sectores que han sufrido un mayor impacto económico. Eso significa que hay muchas empresas que no podrán acceder a las ayudas públicas en España, algo que no ocurre en los otros tres países europeos. La estrategia que ha seguido el Gobierno para focalizar las ayudas permite liberar recursos para mejorar las ayudas a los negocios muy pequeños. En concreto, el real decreto establece que la ayuda mínima será de 4.000 euros por empresa y 3.000 euros para los autónomos, un umbral que no han establecido los otros países.

Aunque la cuantía mínima sea más generosa en España, para pérdidas que superan este umbral, las ayudas en España son menos generosas. En concreto, el Estado soportará entre el 20% y el 40% de los ingresos perdidos y siempre en un pago finalista para costear gastos fijos. En Alemania las ayudas oscilan entre el 40% y el 90% de los costes fijos; en Italia, entre el 20% y el 60%, pero en su caso se toma como base la facturación perdida y en Francia se cubre entre el 15% y el 100% de la facturación perdida.

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“La cuantía de las ayudas es relativamente reducida en España en comparación con los otros tres países”, apunta Torres, “sin embargo, España es el único país que concede una prestación mínima de 4.000 euros para todas las empresas que cumplan los requisitos de concesión de las ayudas. Esta circunstancia podría favorecer en especial a los pequeños negocios”.

Otra de las cuestiones que generó mucha polémica en España es el de la concesión de ayudas a empresas no viables. El motivo es que el Ministerio de Economía quería diseñar las ayudas con mucha precaución para evitar que el dinero público terminara en negocios condenados al cierre. Sin embargo, después de muchas semanas dándole vueltas, el criterio que fijaron es que las empresas no estuvieran en pérdidas antes de la pandemia, ya que es muy complicado afinar más qué empresas no son viables. En otros países, como en España, el requisito de viabilidad tiene poco peso, “tal vez porque no es fácil establecer criterios objetivos sin retrasar excesivamente la asignación de los recursos”, explica el autor.