El Gobierno apalabra el apoyo clave del PNV para bajar la luz y subir los combustibles

El Gobierno avanza con paso firme hacia su objetivo de revolucionar la factura energética de los ciudadanos. El PNV está dispuesto a apoyar cuando llegue a las Cortes el proyecto de ley por la que se crea un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que supondrá una importante bajada de la factura de la luz y un significativo incremento de los combustibles fósiles.

Según señalan fuentes gubernamentales y de la formación jeltzale, ambas partes ya han apalabrado su apoyo, aunque aún están por concretarse algunos detalles que desbloqueen el respaldo definitivo del Grupo Parlamentario vasco llegado el momento de la votación. Este apoyo estaría condicionado a que el Ministerio para la Transición Ecológica matice el golpe al gas que contempla actualmente el anteproyecto de ley, que actualmente está en fase de tramitación.

País Vasco es una de las regiones más gasificadas de la Unión Europea, tanto a nivel doméstico como industrial. La mayoría de hogares cuenta con este combustible para usos térmicos (calefacción y cocina) y el nuevo fondo, en su configuración actual, supone un incremento de alrededor de 50 euros al año para cada familia, según cálculos sectoriales. La formación vasca, cuyas negociaciones lidera su portavoz en el Congreso de los Diputados Aitor Esteban, implementó la política energética que se marcó a principios de siglo que pedía dar mayor peso al gas natural para usos térmicos. Por lo que ahora creen que se debe ser sensible a esta cuestión, que afecta de forma transversal a la economía y la sociedad vasca.

El apoyo del PNV es clave para esta reforma que pretende abordar la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera. Sin el aval de la Ejecutiva liderada por Andoni Ortuzar, la reforma que aborda Transición Ecológica podría quedar en agua de borrajas. Sin embargo, el departamento que dirige Ribera lleva trabajando desde el pasado verano en la sombra el apoyo del Grupo Vasco, aseguran fuentes presentes en las negociaciones.

El beneplácito del partido vasco es fundamental para abordar esta reforma. El partido que gobierna Euskadi está sometida a la influencia de dos multinacionales cuyos intereses sobre esta nueva ley son antagonistas. La primera empresa del País Vasco, Iberdrola, es uno de los más fervientes defensores de la misma. La reconfiguración de los costes energéticos es claramente beneficioso a sus intereses como compañía eléctrica. El Ejecutivo asegura que con esta medida busca profundizar en la descarbonización de la economía a través de la electrificación.

El PNV condiciona su apoyo a que se matice el impacto de la ley al gas, ya que País Vasco consume gas tanto en hogares como en industria

Sin embargo, todo lo contrario ocurre con Repsol, dueña de Petronor, otra de las grandes firmas vascas. Para la compañía dirigida por Josu Jon Imaz, presidente del propio PNV entre 2004 y 2008, la introducción de este fondo representa un golpe próximo a los 1.000 millones de euros por año. Se trata de un fuerte varapalo para una de las firmas que más empleo e inversión genera en el País Vasco gracias, entre otras cosas, a la refinería de Muskiz (Vizcaya) y su tupida red de estaciones de servicio por todo el territorio.

El último choque entre ambas compañías se escenificó el pasado lunes en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado. La CEO de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, defendió las bondades del fondo y señaló que su implantación es inevitable para avanzar en la descarbonización. Por el contrario, Imaz criticó esta medida por señalar que pagan subvenciones a inversores de renovables cuando no era competitivas y que compromete la competitividad de muchas industrias.

¿Qué es y cómo funciona?

El Anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) se anunció el pasado mes de diciembre para su tramitación de urgencia. Actualmente ya ha cerrado el periodo de enmiendas y se está enriqueciendo el texto, que tiene que pasar por Consejo de Estado antes de que regrese al Consejo de Ministros para que sea ya aprobado como Proyecto de ley. De ahí entrará en las Cortes para su tramitación definitiva. Las previsiones más optimistas hablaban de que esto podría estar listo para el mes de junio, pero la carga legislativa puede retrasar aún más esta reforma.

Opinión

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El Fondo pretende sacar el gasto a las primas a las energías renovables, denominado Recore, de la factura de la luz para que lo sufraguen todos los operadores energéticos en función de sus ventas. Esto lleva a que de los cerca de 6.000 millones que cuesta pagar las ayudas a las energías limpias, un 43% lo paguen las petroleras, un 31,5% lo paguen las eléctricas y un 24,8% lo doten las gasistas.

No obstante, el fondo prevé una implantación gradual que se va incrementando un 20% al año hasta que funcione definitivamente al 100% en 2025. Además, existen exenciones y compensaciones para sectores críticos para la competitividad de la economía. Precisamente el nivel de exenciones y compensaciones, que aún están pendientes de determinarse reglamentariamente, es uno de las grandes incógnitas del fondo que determinará definitivamente la bajada de la luz y la subida de combustibles y gas.

El Gobierno prevé que con esta medida la factura eléctrica baje alrededor del 13% mientras que, a falta de mayor claridad legislativa, la gasolina puede subir alrededor de nueve céntimos por litro de combustible y el gas unos 50 euros al año.