El PP llevará al pleno del Congreso la disputa por la deducción de 1.000€ por guardería

El Congreso de los Diputados tendrá que significarse sobre si quiere que la deducción de 1.000 euros por gastos de guardería llegue a todas las madres o se limite a los centros de educación infantil. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley (PNL) sobre dicha deducción, que se debatirá en pleno. Por ahora, decenas de madres se han enfrentado a Hacienda y un tribunal regional ha dado la razón a una de ellas en la primera sentencia al respecto.

El PP ha registrado en la Mesa del Congreso de los Diputados una PNL esta semana en la que propone la modificación del reglamento del IRPF para que la deducción ponga el foco en los gastos para el cuidado de los niños, como hicieron los últimos Presupuestos de Cristóbal Montoro, en los que se incluyó este beneficio fiscal. Sin embargo, Hacienda, ya con María Jesús Montero, limitó esta ayuda a los centros de educación infantil.

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Hay una distinción entre centros de educación infantil y otros espacios que se asemejan al concepto tradicional de guardería, que, en realidad, no está tipificado en la ley. Todos tienen autorización municipal para funcionar. Pero, para considerarse centros de educación infantil, se necesita una autorización autonómica que incorpora exigencias de espacio, titulación de los profesores o ratio de profesores y niños. Este concepto de centros de educación infantil existe desde la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, que creó el ciclo educativo de cero a tres años, y depende de cada comunidad autónoma. Hay ejemplos en los que ni siquiera hay registro, como ocurre en Cantabria.

Los Presupuestos de 2018, prorrogados hasta el pasado ejercicio, incluyeron una deducción de 1.000 euros por gastos de guardería para las madres, beneficio que se añadió a la deducción de 1.200 euros para madres trabajadoras con hijos menores de tres años. El beneficio fiscal puso el foco en los gastos de custodia, con lo que se incluirían todas las guarderías, pero la modificación del artículo 69 de la Ley del IRPF redujo el universo de madres beneficiadas a las que lleven sus hijos a los centros de educación infantil, lo que deja decenas de miles de familias sin la ayuda.

Se debatirá en pleno

Ahora, el PP llevará al pleno del Congreso en los próximos meses este asunto. La diferenciación establecida por Hacienda, denuncia el grupo popular, “supone en la práctica la imposibilidad de muchas familias para acceder a esta prestación”. Asimismo, “genera una evidente y clara distorsión del mercado entre los centros que tienen autorización regional y lo que la tienen local”, dice la propuesta registrada en la Mesa del Congreso, y añade que “la autorización depende en ocasiones solo del tamaño del centro en cuanto a las edades que abarca, por lo que incluso se podría entender que esta situación se convierte en ayuda de Estado, contraria al libre mercado y a la libre competencia”.

La formación que lidera Pablo Casado ha decidido que el asunto vaya al pleno, en vez de tramitarse en alguna comisión parlamentaria, para que tenga más visibilidad, aunque tarde más en debatirse. El argumento será que hay una discriminación hacia decenas de miles de madres y confrontarlo con el feminismo. “El Gobierno más feminista de la historia ha decidido lo contrario (respecto a proteger la conciliación familiar y laboral de las mujeres), complicar el acceso a esta deducción fiscal que ayuda a estas madres trabajadoras y limitar su acceso de forma tal que lo hace inviable en gran parte de las situaciones”.

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Los centros de educación infantil tienen que enviar a la Agencia Tributaria (AEAT) información sobre las madres que tienen en los mismos a sus hijos con el modelo 233, con lo que la información aparece por defecto en el borrador de la declaración de la renta de las madres a las que Hacienda reconoce el derecho a la deducción. Miles de familias comprobaron en 2019 que no tenían la posibilidad de deducirse estos 1.000 euros, ya que Hacienda modificó el criterio reflejado en los Presupuestos para fijar que el beneficio fiscal se enfoque en el gasto por criterios educativos y no por cuidado del niño.

El PP recoge así los argumentos de la Asociación de Personas Afectadas por la Deducción de Gastos en Guarderías en el IRPF, creada por la jurista Elena Manzano, con el objetivo de dar asesoramiento y ayudar en la reclamación contra Hacienda. Manzano, profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura, recomienda a las madres afectadas no incluir la deducción para evitar el riesgo de sanciones y, después, rectificar la autoliquidación.

Cuando llegue la negativa de la Agencia Tributaria, hay un mes para presentar recurso de reposición o ir directamente al siguiente paso, como aconseja, que es la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) que corresponda. Si esta no es favorable, los siguientes pasos son acudir al tribunal de Justicia superior de la comunidad autónoma y, en última instancia, al Tribunal Supremo.

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Una de las madres que han reclamado ante los TEAR autonómicos ya ha obtenido respuesta. Se trata del TEAR de Cantabria, que le ha dado la razón, en contra del criterio de Hacienda. La sentencia con la primera victoria de las madres que pleitean contra la Agencia Tributaria asegura que el ministerio de María Jesús Montero se extralimitó con la modificación del reglamento, ya que, por su rango, “no puede ir en contra de lo dispuesto en la ley”. Ahora, la AEAT tiene tres meses para recurrir al 242 de la Ley General Tributaria y pedir la unificación del criterio con el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC).

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) señala que en España hay 5.000 centros de educación infantil, y estima que hay, al menos, la misma cantidad de guarderías con licencia municipal, pero no autonómica. Si esta estimación es correcta, y dado que en cada centro hay decenas de niños, serían decenas de miles de madres las que se quedan sin la deducción de 1.000 euros por el criterio del reglamento.

La restricción de la Agencia Tributaria ha limitado el gasto asumido por el Estado. La previsión de la memoria de beneficios fiscales publicada en 2018 estimó 781,81 millones, y la de 2019 —cuando se dedujeron los gastos por primera vez— ascendió a 1.029,98 millones, con 843.030 beneficiarias. Según cálculos de Elena Manzano, en un ejercicio de máximos, el aumento habría sido de 843,03 millones en vez de 248,17 millones, con lo que pasaría de ser el cuarto beneficio fiscal más importante al primero.