Las CCAA dejan en evidencia al Gobierno y multiplican las ayudas directas

El debate sobre si son más eficientes las ayudas directas o los avales y moratorias a las empresas con más dificultades para sobrevivir a la pandemia económica, la vía que ha escogido el Gobierno central, lo están resolviendo las comunidades autónomas por la vía de los hechos. En las últimas semanas, todos los gobiernos autonómicos, unos más y otros menos, han diseñado una panoplia de ayudas directas que no suponen ningún endeudamiento. Van a fondo perdido y, por lo tanto, no hay nada que devolver.

La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha aprobado ayudas directas de 1.000 euros a los sectores más castigados por la pandemia, como son la hostelería, las agencias de viajes, el comercio o la artesanía. En total, se distribuirán, mediante un procedimiento administrativo ágil, 46,1 millones de euros con los que se pretende beneficiar a unas 46.000 pequeñas y medianas empresas. El mecanismo elegido es el de concurrencia no competitiva, lo que significa que prima el orden de presentación de solicitudes hasta agotar el dinero presupuestado, siempre que la empresa esté domiciliada en Andalucía.

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El Gobierno vasco, en la misma línea, aprobó en 2020 un paquete de ayudas de 70 millones de euros en el marco del llamado Plan de Resistencia del Turismo, Hostelería y Comercio, y más recientemente ha aprobado otros 18 millones en ayudas directas a esos mismos sectores. En este caso, las ayudas directas oscilan entre 6.000 y 20.000 euros, en este último caso, para las empresas con más de 49 trabajadores. El requisito que se exige es que se trate de empresas de mediación turística o agencias de viajes.

En Aragón, por su parte, se subvencionan entre 1.500 y 10.000 euros a fondo perdido para compensar las inversiones que hagan los autónomos en infraestructuras relacionadas con la pandemia, mientras que en Extremadura las ayudas directas oscilan entre 3.000 y 12.000 euros para hostelería, comercio o industria cultural. En este caso, el decreto ley entiende que han sido afectadas por el covid-19 aquellas pymes y autónomos que hayan facturado durante los tres primeros trimestres del año 2020 de forma acumulada una cifra inferior en, al menos, un 50% con respecto a la cifra de ese mismo periodo en 2019.

A contracorriente

Asturias, Cantabria, Murcia, Madrid, con ayudas de hasta 10.000 euros en función del tamaño de la pyme, y el resto de comunidades autónomas participan de esta estrategia, reivindicada, incluso, por la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien de esta forma se alinea con las políticas puestas en marcha por administraciones tan dispares como las de EEUU en época de Trump, o las de Boris Johnson, Macron y Merkel. Todos con un solo objetivo: articular medidas rápidas y con escasa complejidad administrativa para evitar la destrucción del tejido productivo más pequeño, cuya musculatura financiera es reducida.

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No es el caso del Gobierno central, que hasta ahora se ha resistido a articular un paquete de ayudas directas, pese a que España, como ha revelado este martes Eurostat, es el país más castigado por la pandemia en términos económicos. En particular, por su elevada exposición a los sectores con mayores restricciones a la movilidad: hostelería y turismo.

El Gobierno, por el contrario, ha preferido desviar las ayudas directas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que también han realizado subvenciones a fondo perdido, argumentando que el comercio minorista es una competencia autonómica. Hacienda, sin embargo, dispone de información de todas las empresas a través de la Agencia Tributaria, lo que permitiría habilitar las ayudas a partir de los domicilios fiscales y de la información que las propias empresas proporcionan al fisco sobre su situación patrimonial.

Turismo y ayudas directas

Hay que tener en cuenta que de los 738.969 trabajadores que permanecen acogidos a un ERTE, más de la mitad, el 53%, están relacionados con el turismo y la hostelería, como ha recordado Hosteltur, la patronal del sector. Precisamente, los sectores a los que se dirigen las ayudas directas de las CCAA. El Ministerio de Industria, sin embargo, en el plan de relanzamiento del turismo, ha omitido las ayudas directas. Para financiar esas transferencias, las CCAA pueden utilizar los denominados fondos REACT-UE, dotados con 10.000 millones de euros. Según Turismo, regiones como Andalucía o Extremadura ya han hecho uso de esos fondos.

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La angustiosa situación financiera de muchos sectores se manifiesta con crudeza en un nuevo trabajo estadístico que ha publicado este mismo miércoles el INE, y que revela que tras los tres primeros trimestres de 2020, la cohorte de unidades legales empleadoras —concepto similar al de empresas, aunque introduciendo ajustes para hacer un análisis en tiempo real y no esperar a la publicación del directorio de empresas— ha perdido más del 17% de sus efectivos. El trimestre más crítico fue el primero, con una pérdida del 11,8% de efectivos (sobrevivió el 88,2%). En los siguientes trimestres, los ritmos de pérdidas se ralentizaron, tanto para la cohorte inicial como para las cohortes que tienen su inicio en el segundo y tercer trimestre.

Estadística, igualmente, ha constatado una evidencia a la que se puede llegar de forma intuitiva. Ha observado una alta correlación entre el número de asalariados y la probabilidad de supervivencia. Así, las unidades legales con menos de seis asalariados tienen los indicadores más bajos (85,3% al primer trimestre, 81,6% al segundo y 78,5% al tercer trimestre). Por el contrario, las unidades con más de 250 asalariados presentan tasas de supervivencia cercanas al 99% al cabo del tercer trimestre de seguimiento.