Carlos Sebastián: "A las grandes tecnológicas hay que trocearlas"

Carlos Sebastián (Madrid, 1944) ha hecho un gran favor a los no especializados en teoría económica y gestión de empresa, a quienes no disponen de tiempo para leer complejas obras académicas o, sencillamente, a aquellos que sufren del mal de la pereza sin perder la inquietud intelectual. Ha cogido las voluminosas obras de economistas de moda como Thomas Piketty, ha extraído sus ideas principales y las ha puesto en contraste con las de otros autores económicos considerados 'progresistas', como el Nobel Joseph Stiglitz o Mariana Mazzucato. Y lo ha hecho además desde una perspectiva crítica con el fin de armar una batería de propuestas de reforma del sistema económico dirigida a corregir lo que todos ellos coinciden en señalar como el principal problema actual del capitalismo: el incremento de la desigualdad y la concentración de rentas en el grupo de población mundial más rico, y el dominio cada vez mayor que ejercen grandes corporaciones y los llamados gigantes tecnológicos sobre el mercado, vulnerando los principios de la libre competencia.

Catedrático emérito de la Universidad Complutense, exdirector general de Planificación en el Ministerio de Economía con Miguel Boyer, primer director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y autor de artículos y libros sobre economía, Sebastián, que es hermano del exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha concentrado esas reflexiones en una obra con espíritu divulgativo de 215 páginas titulada 'El Capitalismo del siglo XXI. Mayor desigualdad, menor dinamismo', donde condensa y sintetiza las principales propuestas para recuperar la eficiencia en un sistema capitalista que considera enfermo y necesitado de una renovación urgente.

La conversación por videollamada iba a producirse a través del servicio Meet, pero Sebastián cuestiona el uso que Google hace de los datos y no tiene correo Gmail, así que elegimos la vía de Skype, de la que es accionista Microsoft. Difícil escapar del oligopolio de las grandes tecnológicas americanas. Un día después de realizarse esta entrevista, El Confidencial publica que Amazon ha decidido cargar sobre sus clientes vendedores la tasa del 3% aprobada por el Gobierno para gravar a las grandes plataformas digitales. Es el mercado, amigo, como diría Rodrigo Rato. Pero algunos lo dominan más que otros.

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PREGUNTA. Stiglitz, Piketty, Mayer, Tepper y Hearn, Mazzucato… Como usted relata, son muchos los autores que ponen el foco en la desigualdad económica, en la concentración de las rentas y en la necesidad de reformar el sistema económico. Algunos llevan años publicando y lanzando propuestas. Están siendo recogidas tímidamente por algunos gobiernos, pero no terminan de cuajar en la agenda política o, incluso, dominarla en el caso de gobiernos progresistas o socialdemócratas. ¿A qué cree que obedece?

RESPUESTA. Cambiar tan radicalmente como proponen algunos tiene el riesgo de que no se sabe cómo va a evolucionar el sistema. Hay primero el no convencimiento y, luego, una aversión al riesgo. No se puede convencer a la población de poner un impuesto sobre el patrimonio como el que propone Piketty. Pero, en cambio, las propuestas de Stiglitz de un impuesto progresivo que incluya las rentas del capital sumado a algo que se le olvida a Piketty, como son reformas para mejorar la competencia en la economía, podrían prosperar si hubiera alguien con capital político y convencido.

Hay cambios últimamente, sobre todo en Estados Unidos, que son esperanzadores en el terreno de la competencia. El año 2020 ha sido muy positivo para ese terreno y también para otros como el de la fiscalidad. La discusión que hubo sobre esto en el Congreso de EEUU y el informe final sobre competencia en los mercados digitales suponen un cambio radical de la evolución de los últimos 25 años en la política de la competencia, que ha estado abandonada, dominada por la Escuela de Chicago y es responsable de muchas de las aberraciones que se han producido en el funcionamiento de las industrias. Sobre todo en el caso de los monopolistas digitales.

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Víctor Romero. Valencia

P. La pandemia del coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de la participación estatal para generar redes de seguridad y amortiguar el desplome de la actividad privada. Hay quien cree que se abre una ventana hacia una nueva era de capitalismo de Estado, similar a la que inauguró el New Deal tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todo ese colchón se sustenta sobre el endeudamiento público y el déficit. ¿Cree que servirá para regresar a nuevos escenarios regulatorios? Tarde o temprano habrá que pagar la factura. Y si es así, ¿quién tendría que pagarla?

R. Yo no llamaría capitalismo de Estado al New Deal, sino más bien al capitalismo chino. Hay por un lado el cambio que se sustancia en que hay que intervenir para sostener rentas, crear un colchón para los más desfavorecidos y sostener la actividad productiva de las empresas. Esto era impensable hace seis años. Recordemos lo de Grecia. Pero las consecuencias sobre el endeudamiento van a ser tremendas. Se necesita hacer programas creíbles de consolidación fiscal que no supongan una reversión del impacto positivo. Han de ser creíbles y lentos. El nuevo paradigma es uno en el que hay cantidades ingentes de deuda pública y la mayoría está en las carteras de los bancos centrales. Eso no existía antes y hay muchas dudas sobre a qué va a conducir eso. Lo que no sé es si eso va a favorecer los necesarios cambios en la organización del sistema capitalista. Me temo que no, pero tampoco estoy seguro.

Realmente, los cambios tienen que venir de revertir los elementos de desregulación que se fueron introduciendo a partir de los años ochenta del siglo pasado. La laxitud de la política de mercado y competencia en Estados Unidos no exagero si digo que es criminal. Además, se da en un país que tenía una tradición bastante potente en política 'antitrust'. Eso ha favorecido lo que estamos viendo ahora, el poder de muchas industrias y, muy especialmente, el poder de los tecnomonopolistas. Cambiar esto me parece lo más importante. Y en segundo lugar, cambiar la correlación de fuerzas dentro de las empresas y su funcionamiento. Ahí es donde aparece Collin Meyer, que a mí me parece revolucionario, aunque él diga que no y que es solo un profesor conservador de Oxford.

Ha habido ya movimientos en Davos de empezar a plantear que el accionista no se convierta en el centro y que entren en juego los otros afectados. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que cambiar hasta los métodos de contabilidad de las empresas, que deberían tener contabilizados sus efectos sobre la población laboral, sobre el medio ambiente, sobre las comunidades locales, porque eso son costes que muchas veces imponen y en cambio no se reflejan en un menor beneficio para los accionistas. Aunque por ahora es un debate académico, empieza a filtrarse hacia la sociedad. La crisis de la pandemia favorece el que nos tenemos que replantear todo.

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Agustín Monzón

P. Ha hablado de la posiciones de dominio que tienen las grandes tecnológicas de Estados Unidos, lo que se denomina el 'capitalismo de vigilancia'. Europa ha tratado de ponerle freno con los servicios de competencia aplicando multas millonarias; pero más complicado parece ser romper esos oligopolios en buscadores, comercio electrónico, etc. Los intentos de la UE tuvieron respuesta contraria de la Administración de Trump. Está por ver qué camino adopta Joe Biden. ¿Es posible poner coto a esas posiciones de dominio sin una acción concertada de los gobiernos a nivel internacional?

R. Yo creo que no es posible. Si Estados Unidos no hace nada, aquí la valiente comisaria danesa de Competencia (Margrethe Vestager) puede poner multas que luego Google recurre. Pero la cuestión no es solamente la posición de dominio. La cuestión es la cultura extractiva de nuestros datos que han creado en beneficio propio. A eso hay que ponerle freno. En la discusión que ha habido en el Congreso de los Estados Unidos se ha planteado si hay que trocear o hay que regular. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Uno de los exsocios de Zuckerberg en Facebook, Chris Hughes, lo propone. Hay que trocear. Instagram, WhatsApp y compañía deben ser troceadas. Es lo que ya ocurrió en el siglo pasado con la Standard Oil. El señor Rockefeller era un cínico tan grande como los directivos de Google. Decía: la competencia es pecaminosa y por eso yo intento cargármela. Los líderes de Google vienen a decir lo mismo: la regulación va en contra de la innovación y la mejora de la vida de los ciudadanos. Esto hay que abordarlo, hay que ponerles multas enormes cuando laminan a un competidor por métodos inaceptables. Hay que partirlas y exigirles cuentas de qué hacen con los datos que extraen.

P. Habla usted también en el libro de defectos en la configuración de derechos en la protección intelectual. Es creciente el fenómeno de patentar instrumentos de investigación científica que muchas veces han contado con respaldo público, lo que limita y encarece su aplicación hacia el interés general. Lo vemos en las 'spin-off' de algunas universidades, pero también es cierto que la trasferencia de conocimientos al mercado es clave para el desarrollo económico. ¿Cómo podría corregirse ese defecto del que habla?

R. No permitiendo que se patenten lo que son instrumentos o conocimientos científicos. ¡Cómo se pueden patentar conocimientos científicos! Eso va en contra de la ciencia. Uno puede patentar lo que, con su habilidad, genera a partir del conocimiento científico para que se pueda usar. El acceso al acervo del conocimiento tiene que ser libre, porque de lo contrario se limita el ritmo de crecimiento de ese acervo y la posibilidad de crear innovaciones a partir del mismo.

P. ¿Qué le parece cómo se está gestionando el tema de las vacunas contra el covid? Los laboratorios privados han hecho un esfuerzo ingente, incluso han anticipado la producción asumiendo riesgos financieros antes de contar con las autorizaciones. Pero en casi todos los casos han contado con aportaciones públicas. Países como Israel, que las paga más caras, terminan por tener preferencia en la cola de producción. ¿Es justa esta lógica?

R. Realmente lo desconozco. Lo que habría que estudiar es cuánto hay de investigación pública en el ARN modificado; no en las últimas etapas, sino en la base. Quizás habría que pedir a Mariana Mazzucato que investigara esto, en relación con su libro ‘El Estado emprendedor’. Por otro lado, a mí me parece que han hecho un gran esfuerzo y eso debe recibir una remuneración. Pero esto tiene que ser temporal. Esta es la segunda parte de las patentes: la temporalidad y el llamado reverdecimiento de las patentes que se hace mediante procedimientos poco claros. No sé muy bien qué va a ocurrir con las vacunas. Deberíamos pensarlo, pero estamos tan contentos… A mí me faltan dos años para estar en la lista (en el sentido de que le faltan dos años para cumplir 80 años y estar en el grupo prioritario). Es un tema complejo, porque si el contribuyente ha contribuido a crear ese conocimiento ¿por qué va a estar limitado el acceso al producto?

P. La inversión en educación se cita como elemento clave para favorecer la igualdad no solo por autores progresistas, sino también por algunos liberales, como ha recogido, por ejemplo, Luis Garicano. Sin embargo, mientras en España no pasa de ser un eslogan sin que hasta ahora se haya traducido en dotación presupuestaria, en Portugal se ha observado que en apariencia ya se recogen resultados. ¿Por qué cuesta tanto en España hacer una apuesta clara por invertir en educación?

R. Porque todo está manchado por unas discusiones ideológicas y porque el debate en España está adulterado. Básicamente, es que no hay debate. El acceso a la educación de calidad es fundamental. Tiene que ser más fácil y –insisto– de calidad. Por facilitar el acceso no podemos limitar la mejora en calidad. Esto en la enseñanza superior es muy importante. Los datos que aporta Piketty sobre la falta de equidad en la inversión educativa pública en un país como Francia, con un sistema educativo tradicionalmente de calidad, laico, etcétera, es llamativo. Esto habría que revisarlo. Para mejorar la calidad también es importante cambiar la gobernanza de las universidades.

P. Acaba de tocar un tema casi tabú.

R. A mis amigos rectores no les gustará mucho, pero hay que revisar cómo se eligen los rectores, qué grado de burocratización tienen las universidades, que es tremenda. Pedir una ayuda a la investigación o sencillamente pedir un contrato de investigación con una empresa privada es un desierto de peleas con los burócratas.

Habría que estudiar cuánto hay de investigación pública en el ARN modificado de las vacunas; no en las últimas etapas, sino en la base

P. Entrando en la fiscalidad, Stiglitz sostiene que la bonificación que implica no gravar las rentas del capital con la misma progresividad que las rentas del trabajo contribuye a elevar la desigualdad y a agrandar la brecha entre el 1% más rico y el resto de la población, a hacer mayor la concentración de rentas. Sin embargo, ese modelo dual se ha extendido a casi todos los sistemas fiscales del mundo, como recoge en su libro. ¿Por qué cree que ha sido así?

R. Pues no lo sé, son de esas cosas que se establecen. Pero cuando uno coge los informes serios que considero que están fundamentados, como el Informe Mirrlees en Europa, dicen taxativamente que tienen que ser gravadas con la misma escala impositiva las rentas del capital y las rentas del trabajo. Mirrlees es un Premio Nobel de centro-derecha. Y luego, el Nobel de centro-izquierda que es Stiglitz dice exactamente lo mismo en el informe para el Instituto Roosevelt. Sin embargo, si uno dice en medios de economistas y fiscalistas que la situación no es sostenible se escandalizan. ¡Pero por qué se escandalizan!

P. Mantiene una posición crítica con la propuesta de Piketty, primero porque parece dejar de lado en el diagnóstico de la desigualdad la concentración de los mercados, pero también por sus tipos de carácter confiscatorio sobre patrimonio y sucesiones y sus efectos sobre la supervivencia de las empresas. Sin embargo, sí valora iniciativas como otorgar una cantidad de dinero a los jóvenes tras su proceso de formación para poner en marcha negocios o empresas. ¿Es posible una cosa sin la otra?

R. Probablemente, no. La idea de Piketty es que le quitamos a los ricos y se lo damos a los jóvenes para que se instalen, aunque no pone restricciones, porque instalarse puede ser comprarse una casa en la playa. Pero en los cálculos que yo hago, que son los que hace él también, para España dar a cada joven 150.000 euros es como el 6% del PIB. No es posible. Pero hay otra cuestión que no es menor: si los mercados son de tal naturaleza que los que intentan empezar son laminados por las empresas dominantes no va a servir para revitalizar el mundo productivo y empresarial. En el análisis de Piketty el problema de la falta de competencia de los mercados no está. Considera que es básicamente un problema de acumulación de capital, de riqueza. Pero en realidad eso es la consecuencia, a veces por el alto grado de monopolio que se da en los mercados.

P. En España estamos viviendo un proceso de consolidación importante en la banca, que por un lado necesita generar sinergias para ganar rentabilidad en un entorno de márgenes bajos, pero por otro reduce la oferta en un sector clave como es el de la concesión de crédito. Ya se habla de grandes uniones bancarias continentales. ¿Cree que las fusiones bancarias terminarán por tener consecuencias negativas para el ciudadano?

R. Algunas sí, en el sentido de la falta de competencia que obviamente se va a producir. Puede hacer todavía más difícil para determinados grupos acceder al crédito. Esto puede conducir a un aumento del grado de racionamiento del crédito, que ya es elevado, y eso es malo. No sé muy bien cómo se ha hecho lo de las fusiones, pero pienso que tendría que haberse producido una concentración a nivel europeo, no CaixaBank con Bankia o este con el otro. ¿Por qué los bancos españoles no lo han hecho? Pues quizás porque no se sienten capacitados o se sienten muy cómodos en la forma como se regula el sistema bancario en España, que a pesar de que el Gobierno ha perdido muchas competencias en regulación conserva algunas en el Ministerio de Hacienda y el Banco de España.