Los ERTE hunden las cláusulas de descuelgue a mínimos desde la reforma laboral

La generalización de los ERTE a raíz de la pandemia no solo ha servido para evitar que muchos trabajadores pierdan su empleo. También ha hundido el número de empresas que se han acogido a la posibilidad que les brinda la ley de no subir los salarios pactados en convenio. El desplome ha sido tan acusado que, pese a tratarse de la mayor recesión en la reciente historia de España, el número de inaplicaciones ha sido el más bajo desde que la reforma laboral de 2012 facilitó que las empresas en dificultades pudieran escapar temporalmente de la negociación colectiva.

En concreto, y ya con datos de cierre de 2020, se han registrado 566 inaplicaciones de convenio, poco más de la mitad de las 1.044 que se produjeron el año anterior. Y, desde luego, muy lejos de las 2.512 registradas en 2012, cuando el Gobierno puso en marcha este mecanismo para superar la crisis.

En 2012, 159.500 trabajadores vieron que no se les aplicaban todas las mejoras, mientras que en 2020 apenas 20.301 han visto un recorte

Si la comparación se hace no respecto del número de cláusulas de descuelgue, sino en relación con los trabajadores afectados, el resultado es todavía más elocuente. En el primer año de la reforma laboral, 159.500 trabajadores vieron que no se les aplicaban todas las mejoras que incluían sus convenios colectivos, mientras que en 2020 apenas 20.301 han visto un recorte de sus derechos iniciales.

El hecho de que un número significativo de empresas no se haya acogido a las cláusulas de descuelgue tiene que ver con la regulación de los ERTE, que permite a las empresas con mayores dificultades acogerse a la suspensión de empleo. Es decir, son los servicios públicos de empleo, a través del SEPE, quienes asumen el coste de las nóminas. Esto, en la práctica, deja vacío de contenido uno de los artículos estrella de la reforma laboral.

Aquella reforma modificó el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores permitiendo a las empresas que cuando concurrieran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se pudiera proceder, previa consulta a los representantes de los trabajadores, a “inaplicar” en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, ya fuera de sector o de empresa. La inaplicación podía afectar a las materias más sensibles de la negociación colectiva, como la jornada de trabajo, su distribución, la movilidad funcional y, por supuesto, los salarios.

Condiciones de trabajo

Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, en la inmensa mayoría de los casos, las inaplicaciones han tenido que ver con convenios de ámbito superior a la empresa. De hecho, el número de renuncias ha sido marginal en el caso de que se hubieran pactado las condiciones de trabajo en el ámbito de la propia empresa. En la mayoría de los casos (un 63%), las inaplicaciones han tenido que ver con los incrementos salariales previamente pactados, y en mucho menor porcentaje, sobre la jornada y la distribución horaria.

Los datos aparecen en el primer informe que han hecho los técnicos del Ministerio de Trabajo sobre la negociación colectiva en 2020, un año singular marcado por la pandemia. Tan singular que, a lo largo del año pasado, apenas se firmaron y registrado 524 convenios colectivos, y de ellos solo 100 fueron de empresa. Aquella cifra contrasta con los 1.666 que se firmaron el año anterior o los 1.907 de 2018, lo que da idea de cómo la pandemia ha retrasado la negociación colectiva.

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La pandemia —y sus presiones deflacionistas, precisamente— es lo que explica que, por primera vez desde 2014, la tasa de crecimiento de los salarios pactados en convenio se haya frenado. Los salarios, en concreto, subieron un 1,89% el año pasado de media, frente al 2,33% del año anterior.

En todo caso, muy por encima de los precios. La inflación acumulada hasta diciembre se situó en terreno negativo (-0,5%), lo que significa que las nóminas ganaron en 2020 casi 2,5 puntos de poder adquisitivo, la mayor cifra en muchos años. Madrid fue la comunidad donde más subieron los salarios, un 2,4%, lo que significa una ganancia del poder adquisitivo de casi tres puntos. Por el contrario, en Baleares, fuertemente castigada por las consecuencias de la pandemia sobre el sector turístico, los salarios apenas subieron un 0,9%.