Pensiones: Bismarck o Beveridge, he aquí el dilema

De dos a ocho; de ocho a 15; de 15 a 25 y, en el futuro, es probable que toda la vida laboral: 35 años. Así ha evolucionado el periodo de cálculo de las pensiones desde 1985, cuando la Seguridad Social comenzó a realizar reformas paramétricas con la idea de reducir gastos y equilibrar sus cuentas mediante un procedimiento muy expeditivo en términos de ahorro: aumentando la correspondencia —la llamada contributividad del sistema— entre lo cotizado y lo percibido durante la jubilación.

Es decir, frente al modelo Beveridge, que supone la existencia de una pensión para todos de igual cuantía, se haya cotizado o no, y que tenía una función esencialmente asistencial, se ha optado por el modelo Bismarck, que supone cobrar en función de lo cotizado. Algo que puede significar un recorte de las cuantías futuras, lo que obligaría a aumentar los complementos de mínimos, que se activan cuando una pensión no alcanza el umbral decidido en la Ley de Presupuestos de cada año. Y en ello está el Gobierno, en alianza con la Comisión Europea.

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¿Se ha conseguido aquel objetivo, es decir, el equilibrio financiero de la Seguridad Social? Solo durante los años de fuerte creación de empleo. Sin duda, porque el volumen de puestos de trabajo es la clave de bóveda de un sistema de reparto como el español, en el que los trabajadores en activo pagan la jubilación de los pensionistas.

Los resultados, de hecho, no han podido ser más magros. No solo porque la tasa de empleo de España es significativamente inferior a la media de la eurozona o, incluso, a la de la Europa de los Veintisiete, sino, también, aunque esta es una variable que suele esconderse, por el hecho de que la vida laboral media es más corta. En particular, frente a Dinamarca, Países Bajos o Suecia, donde se prolonga durante más de 40 años. Aunque, paradójicamente, muchos trabajadores, al mismo tiempo, tienen largas carreras laborales, por encima de los 45 años, y no obtienen ventajas frente a quienes han cotizado mucho menos.

Salarios y pensiones

En España, por el contrario, la vida laboral se sitúa en 35,3 años, precisamente el número de referencia que hoy maneja el Gobierno, y que cuenta con la oposición de los sindicatos, ya que ello supondría una reducción de la cuantía de las pensiones futuras. Básicamente, porque el salario tiende a subir con la edad, y con la nueva legislación se tendrían en cuenta también los años con nóminas de menor cuantía. Es decir, los 35 años suponen, en realidad, tener en cuenta todos los años de la vida laboral. Ni más ni menos.

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La escasa duración de la vida laboral en España respecto de otros países de la UE tiene que ver, fundamentalmente, con la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Hasta el punto de que su vida laboral media baja hasta los 33,1 años, más de cuatro años por debajo de los hombres (37,4 años). El drama para la economía española es que la vida laboral media apenas ha aumentado en los últimos 15 años, pese a que tras la reforma socialista de 2011 se prolongó la edad legal de jubilación hasta los 67, aunque el periodo transitorio vaya a acabar en 2027. En 2021, se situará en 66 años.

Lo relevante, sin embargo, no es solo el número de años trabajados, sino también la esperanza de vida a los 65 años, no en el momento de nacer, de quienes cobran una pensión de jubilación. Y lo que reflejan las estadísticas es que en 2019 se situó en 19,5 años para los varones y 23,4 años para las mujeres. Eso quiere decir, redondeando, que, en el caso de los hombres, por cada dos años de vida laboral se cobra un año de pensión.

Prolongar el periodo de cálculo beneficia a trabajadores con largas carreras laborales que han sido despedidos de forma prematura

El problema, en todo caso, no tiene que ver solo con el presente, sino también con el futuro. Según las proyecciones de Estadística, en 2069 la esperanza media de vida al alcanzar los 65 años se situará, aproximadamente, en tres años más para los hombres y 2,8 para las mujeres, respecto a los datos de 2019. Esto es, en realidad, lo que se quiere neutralizar con la propuesta del Gobierno de aumentar el periodo de cálculo hasta los 35 años, aunque sea, como se ha hecho en el pasado, con periodos transitorios, que es una forma amable de reconocer que la reforma supondrá un recorte de las futuras pensiones.

Desde luego, no en todos los casos. Prolongar el periodo de cálculo beneficia a trabajadores con largas carreras laborales que han sido despedidos de forma prematura, y que en los últimos años antes de alcanzar la edad de jubilación entran y salen del mercado de trabajo en condiciones precarias. O, incluso, percibiendo una renta del Estado que rebaja el promedio de sus cotizaciones históricas.

Lagunas de cotización

Esas lagunas de cotización se intentaron corregir en el acuerdo de 2011 entre Gobierno, sindicatos y patronal, pero la reforma laboral de 2012 dio al traste con esa vía de compensación, que suponía, en esencia, integrar en la base de cálculo periodos de cotización anteriores, lo que en la práctica suponía un sistema más favorable que el actual.

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Como se sabe, lo que pretende la Unión Europea es la prolongación de la vida laboral y desincentivar la salida del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad, algo que ya se consigue mediante la imposición de fuertes coeficientes correctores. Y para ello, las claves son la edad media de salida del mercado laboral y, en paralelo, la duración media de la vida laboral. Pero, sobre todo, el nivel de empleo, que es lo que explica —al margen de otros factores como los gastos impropios de la Seguridad Social— las insuficiencias del sistema público de protección social, que es el mayor instrumento de cohesión social.

Y lo que muestran las estadísticas es que la tasa de empleo entre quienes tienen entre 16 y 64 años apenas llega el 64,3%, pero es que en el caso de quienes tienen más de 60 y menos de 64 años, solo llega al 41,2%, lo que refleja lo determinante que es para ciertos colectivos la decisión de prolongar el periodo de cálculo de las pensiones. Es más, antes de la crisis derivada del coronavirus, la tasa de paro entre quienes tenían entre 50 y 64 años era superior (12,6%) a la que tenían más de 35 años y menos de 50, lo que da idea del sesgo del mercado laboral en contra de los trabajadores de mayor edad. Y sin empleo, no hay pensiones.