La UE busca rematar un acuerdo que anule el veto húngaro y polaco a los fondos europeos

El veto de Hungría y Polonia al paquete presupuestario que incluía el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para la reactivación económica tras el coronavirus era, como todo en la Unión Europea, una posición negociadora para buscar cambios, alguna mejora. Un veto inamovible e infranqueable hasta que se ofrezca una solución mejor. En Bruselas, los principios son fijos y sólidos, pero si es necesario, todo el mundo tiene otros al alcance de la mano.

El bloqueo era la manera de hacer real la protesta de ambos Estados miembros contra un mecanismo ya acordado que vincula el desembolso de fondos con el respeto al Estado de derecho, que sentían, con razón, que iría especialmente dirigido a ellos, los dos únicos Estados miembros con un procedimiento abierto por su ataque a los valores fundamentales de la Unión.

Budapest y Varsovia han jugado sus cartas durante las últimas semanas sabiendo que eran relativamente limitadas. Los Estados miembros señalaron rápidamente que no iban a renegociar el texto del mecanismo, algo en lo que coincidía el Parlamento Europeo, y tampoco había apetito para alguna otra opción propuesta por ambos países. Si Hungría y Polonia no querían ver cómo la Comisión Europea activaba para 2021 un presupuesto de emergencia que les impactaría de lleno con importantes recortes y verse fuera de una 'réplica' del fondo de recuperación en la que ya trabajaban los técnicos comunitarios, la única solución pasaba por una declaración interpretativa, un texto aprobado por los líderes y con validez legal en el que se aclara el funcionamiento del mecanismo.

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Y si bien el órdago de Hungría y Polonia no ha surtido todo el efecto que habrían deseado los primeros ministros Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, ambos están cerca de sacar un resultado más o menos decente en el último Consejo Europeo del año, que se celebra este 10 y 11 de diciembre en Bruselas, después de ir por detrás toda la partida. Los líderes europeos debatirán una declaración interpretativa presentada este miércoles por la presidencia alemana a los embajadores permanentes de los Veintisiete y que, en principio, ha tenido un buen recibimiento.

El compromiso, al que ha tenido acceso El Confidencial, se divide fundamentalmente en dos concesiones. Primero, unas aclaraciones sobre el uso del mecanismo que subrayan algunos aspectos ya conocidos, como que la herramienta se utilizará de forma justa. En segundo lugar, se señala que la Comisión Europea realizará unas directrices para la aplicación del instrumento, pero que no las completará hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la herramienta en caso de que algún Estado miembro presente una acción de nulidad ante el alto tribunal de Luxemburgo, algo que puede hacerse en los dos primeros meses. Bruselas concluirá sus directrices cuando la Justicia europea haya emitido su opinión, para recoger así su jurisprudencia. Estos últimos puntos son los más polémicos. Incluirá también el mecanismo de "freno de emergencia" ya utilizado en el debate sobre el desembolso del Fondo, que permitirá a cualquier Estado miembro elevar el asunto al nivel de los líderes.

El texto se mantiene intacto, y para los arquitectos de la propuesta y los Estados miembros que favorecen una solución rápida, eso es lo central. Si finalmente esta propuesta de la presidencia alemana es aceptada por los Veintisiete, la Unión Europea contará a partir del próximo 1 de enero por primera vez con un mecanismo que vincule el desembolso de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, dando también por primera vez los instrumentos reales a la Comisión Europea para proteger de forma efectiva el artículo 2 de los Tratados. Es especialmente relevante después de que los últimos años hayan demostrado la ineficacia del procedimiento del artículo 7, una cláusula sancionadora que requiere en última instancia una unanimidad que hace imposible que se llegue hasta el final.

Pero entre analistas y eurodiputados hay voces críticas que consideran que se está cediendo en exceso, y que es cuestionable desde un punto de vista legal que la Comisión Europea se abstenga de tomar medidas a la espera de una sentencia del TJUE que podría tardar un tiempo, aunque fuentes diplomáticas recuerdan que cuando se trata de un asunto políticamente relevante, la corte de Luxemburgo se pronuncia de forma rápida. Como guardiana de los Tratados, en caso de que hubiera motivos para activar de forma inmediata el mecanismo, algunos dudan de las consecuencias que pueda tener que el Ejecutivo comunitario decida no cumplir con un reglamento en vigor. Otros analistas sostienen que es una cesión política razonable.

En todo caso, los servicios legales del Consejo han respaldado el texto que durante la noche de este miércoles ha sido repasado por los expertos de todos los Estados miembros para poder emitir una opinión en la reunión que celebran este jueves los líderes europeos. Los servicios jurídicos han quedado a disposición de todas las capitales para resolver cualquier duda antes de que los jefes de Estado y de Gobierno aborden el texto. Según fuentes diplomáticas, el tono general en la reunión de embajadores celebrada este miércoles fue positivo, con un reconocimiento al esfuerzo de la presidencia, para acto seguido proceder con un bombardeo de preguntas técnicas. Hay un lema que gobierna cada debate en Bruselas: nada está acordado hasta que todo está acordado.

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Así que nadie da el acuerdo por hecho. Fuentes diplomáticas insisten en que nadie dio su luz verde en la reunión de embajadores del miércoles. Tendrán que ser los líderes los que den su bendición, y hay Estados miembros que durante todo el debate han pedido que se fuera muy exigente, como por ejemplo Países Bajos o Finlandia, dispuestos a vetar el documento si consideran que cede demasiado. Pero incluso puede haber sorpresas por el lado húngaro y polaco. Por ejemplo, el ministro de Justicia y el de Asuntos Exteriores polacos expresaron en las últimas horas del miércoles que no están de acuerdo con el compromiso, que pone en riesgo la “soberanía” de Polonia, aunque hay esperanzas en que el primer ministro Morawiecki se mantenga este jueves cuando comience el Consejo Europeo. Mientras tanto, la ministra de Justicia húngara sí que ha celebrado como una "victoria" las cesiones que ha obtenido el Gobierno de Hungría, porque en realidad hay algo de eso: puede venderlo así a su público interno, y sabe que ahora habrá cierto margen de tiempo hasta que entre en funcionamiento el mecanismo, aunque algunos analistas señalan que, en cualquier caso Bruselas no habría iniciado una acción inmediata contra Budapest.

Si finalmente los líderes dan luz verde, la maquinaria podrá echar a rodar y seguirá el procedimiento previsto antes del veto de Hungría y Polonia. Pero no estará hecho todo el trabajo. Todavía hará falta que todos los Estados miembros aprueben una decisión de recursos propios que permitirá a la Comisión Europea acudir a los mercados para obtener los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación.

Los jefes de Estado y de Gobierno tratarán otros asuntos durante los dos próximos días. La situación de la pandemia de coronavirus será el primer punto de la agenda durante el jueves, para después debatir precisamente sobre el mecanismo de Estado de derecho. Otro de los platos principales, la tensa relación con Turquía, dominará la cena. Los Veintisiete también abordarán las relaciones transatlánticas, el vecindario sur y los objetivos climáticos, que es otro punto fuerte de la agenda.