El Gobierno transfiere 6.000 millones a la Seguridad Social por el aumento de los ERTE
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También transfiere otros 2.600M. al SEPE

El Gobierno transfiere 6.000 millones a la Seguridad Social por el aumento de los ERTE

El Gobierno ha aprobado un RDL de medidas económicas que incluye la ampliación de los créditos ICO hasta 8 años con dos de carencia, y el periodo de suspensión de los concursos de acreedores

placeholder Foto: Las ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (Efe)
Las ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. (Efe)

La recaída económica provocada por la segunda ola ha obligado al Gobierno a volver a incrementar el gasto en prestaciones sociales para cubrir el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas. En las últimas semanas se ha disparado el número de trabajadores en ERTE (el Gobierno todavía no ha publicado los datos de octubre) y los autónomos en cese de actividad, lo que está suponiendo un nuevo esfuerzo de gasto para el sector público. Como consecuencia, el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un suplemento de crédito a la Seguridad Social y al SEPE en un total de 8.300 millones de euros para cubrir todas las partidas comprometidas.

Así lo ha anunciado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado esta operación. En concreto, el Gobierno amplía el crédito a la Seguridad Social en 6.000 millones de euros y el del SEPE (Servicio Público de Empleo), en 2.300 millones de euros. "El Gobierno muestra su compromiso con la sostenibilidad a medio plazo del Sistema de la Seguridad Social", ha señalado Montero, ya que así el Estado asume este coste derivado de la crisis económica y reduce la presión sobre el sistema de pensiones.

Foto: Terrazas cerradas en Cataluña por el coronavirus. (EFE)

Esta nueva transferencia a la Seguridad Social se suma a la que ya realizó el Gobierno en el mes de mayo y que ascendió a 14.000 millones de euros. De esta forma, en total el Estado habrá transferido 20.000 millones de euros a la Seguridad Social en el conjunto del año. A esta cifra hay que sumarle otros 16.000 millones de euros en préstamos concedidos a la Seguridad Social también el pasado mes de mayo.

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De esta forma, el Gobierno se asegura el pago puntual de todas las prestaciones que tiene que abonar la Seguridad Social de aquí a final de año. Entre estos gastos se encuentran los nuevos ERTE por rebrotes y el cese de actividad de los autónomos que están creciendo con fuerza en las últimas semanas por la segunda ola del coronavirus. También hay que financiar el gasto del ingreso mínimo vital y la paga extra de las pensiones del mes de diciembre, cuantía que supera los 9.000 millones de euros. Y todo ello en una situación de parón en los ingresos de la Seguridad Social como consecuencia de los nuevos ERTE y del cese de actividad. En paralelo, los 2.300 millones transferidos al SEPE permitirán financiar las mejoras en la protección al desempleo aprobadas en las últimas semanas, así como los nuevos despidos derivados del recrudecimiento de la crisis.

Montero ha asegurado que esta medida muestra el "compromiso" del Gobierno con la sostenibilidad de la Seguridad Social, ya que es el Estado quien asume el déficit de este mayor gasto público sin que suponga mayor deuda para la Seguridad Social. Montero también ha informado de que estos nuevos gastos ya entraban en la previsión de déficit que remitió a Bruselas a finales de septiembre, de modo que no agravaría los 'números rojos' del Gobierno. Una afirmación que genera ciertas dudas, dado el recrudecimiento inesperado de la crisis económica en las últimas semanas con la que no contaba el Gobierno.

La ampliación del ICO

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye otras medidas importantes en materia económica. Entre ellas se encuentra la ampliación del programa de avales del ICO. El periodo de carencia de intereses vencía a los 12 meses, lo que significa que a partir de abril muchas empresas y pymes tendrían que empezar a devolver estos créditos, lo que generaría graves problemas de solvencia en muchas de ellas. Para evitar esta situación, el Gobierno ha optado por ampliar el periodo de carencia hasta los 24 meses para las empresas que así lo soliciten. También ha ampliado los periodos de vencimiento para reducir el importe de las cuotas mensuales que tengan que abonar. El periodo máximo pasará a ser de 8 años, ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Foto: La ministra de Economía, Nadia Calviño. (EFE)

Para conseguir esta prórroga, las empresas tienen que estar al corriente de sus pagos (no estar en mora) y tampoco tener solicitado un concurso por parte de sus acreedores. Si cumplen estos requisitos y solicitan a su banco la ampliación del periodo de carencia o devolución, tendrán que concederse automáticamente. Además, el Gobierno también ha amplíado el plazo para solicitar nuevos avales del ICO hasta el 30 de junio para empresas que necesiten más financiación. "Los autónomos y las empresas notarán un importante alivio de su carga financiera", ha explicado la vicepresidenta.

El Gobierno ha adoptado otra decisión importante respecto a los avales del ICO: el Ministerio de Economía tendrá acceso a la base de datos Birde del Banco de España a través del ICO. Esta base de datos incluye información sobre los clientes de las entidades financieras y se utilizan entre las entidades para conocer la solvencia de los agentes que soliciten un crédito. Economía tendrá acceso a esta información para los casos en los que se produzcan impagos de los avales del ICO. En el momento en el que una empresa entre en mora, el ministerio tendrá acceso a sus posiciones en otras entidades financieras para recuperar el crédito si esta empresa tiene activos en otros bancos.

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El Consejo de Ministros también ha aprobado la extensión de la moratoria de procesos concursales. El objetivo de esta medida es evitar que se desencadenen concursos de acreedores en empresas que estén atravesando una situación complicada de pagos, pero su negocio sea viable. El Gobierno ha ampliado hasta el 21 de marzo el plazo en el que las empresas no están obligadas a solicitar el concurso aunque estén en una situación de impago, y también se amplia la no obligatoriedad de los tribunales para poner en marcha un concurso cuando haya una solicitud por parte de los acreedores. De esta forma, las empresas tendrán un paréntesis de otros tres meses para evitar el concurso de acreedores aunque se encuentren en situación de impago.

"Este real decreto busca minimizar los efectos de la crisis: proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas familiares", ha señalado Calviño. Otra de las medidas que se esperaban para este Consejo de Ministros era el plan de choque para los sectores más afectados por el segundo estado de alarma, en especial la hostelería y el comercio. Sin embargo, este texto no ha llegado a tiempo y se ha pospuesto para las próximas semanas.

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