Nuevo choque entre Gobierno y autónomos por las ayudas a la hostelería cerrada

La dureza de la segunda ola del virus ha obligado a las comunidades autónomas a establecer restricciones a la actividad económica presencial para frenar los contagios. Para garantizar la protección de rentas de las empresas y los trabajadores afectados por el estado de alarma, el Gobierno pactó con los agentes sociales y los autónomos extender la protección social de los ERTE y el cese de actividad de los autónomos por los rebrotes. Sin embargo, rápidamente han surgido los problemas por la interpretación del texto acordado entre las partes.

En las comunidades donde se ha decretado el cierre de bares y restaurantes, los autónomos empezaron a solicitar el cese de actividad extraordinario por impedimento de la actividad por rebrotes, para mantener así algún tipo de ingresos. Lo que no se esperaban es que la Seguridad Social rechazara esta prestación. Cuando las mutuas la han solicitado, la respuesta ha sido negativa. El motivo es que la normativa limita la ayuda a las empresas que estén obligadas a un cierre total de su actividad y la Seguridad Social argumenta que no es lo que ocurre actualmente, porque la restauración puede mantener el servicio a domicilio y la recogida en local. De esta forma, bares y restaurantes tendrían una vía de negocio abierta a pesar del cierre de actividad establecido por las CCAA, por lo que no tendrían derecho a cobrar esta prestación.

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La respuesta que está remitiendo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a las mutuas que solicitan información es que “el objetivo de la norma es reconocer el derecho a esta prestación extraordinaria solo en el caso de que el trabajador autónomo se vea obligado a cesar completamente su actividad, sin que proceda tal reconocimiento cuando se permita mantener una parte de su actividad”. Esta interpretación también se está utilizando para negocios que no tienen actividad de reparto a domicilio ni recogida en el local, una situación que es mayoritaria en el mundo rural y las pequeñas ciudades, donde no están implantadas las empresas de reparto a domicilio.

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La Seguridad Social interpreta que siempre que puedan hacerlo, tienen una vía de negocio disponible, aunque nunca la hayan utilizado. Por el momento, la Seguridad Social ha rechazado conceder el cese de actividad en Cataluña y Castilla y León, dos comunidades en las que siguen cerrados bares y restaurantes. A medida que las restricciones a la actividad avanzan por otras regiones, esta situación se ampliará por España, aumentando el malestar del sector.

La Seguridad Social argumenta que estos autónomos tienen que solicitar otra ayuda, el cese de actividad compatible con la actividad. Esta es una prestación diferente que está pensada para los negocios que mantienen una cierta actividad aunque hayan sufrido una gran caída de la facturación. Tiene importantes diferencias con el cese por impedimento de la actividad, ya que este último se concede de forma inmediata a los autónomos cuando se decreta el cierre de una actividad y además se suspende el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Por el contrario, el cese compatible con la actividad exige que los autónomos acrediten una caída del negocio del 75% a lo largo del trimestre. De esta forma, el cobro de la prestación se retrasa y en muchos casos se complica si en unas semanas pueden retomar la actividad. La Seguridad Social está concediendo el cese por los rebrotes a negocios que tienen prohibida toda su actividad, como es el ocio nocturno.

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Para ATA, esta situación es inaceptable, porque dejará sin renta a muchos autónomos de la hostelería que han visto cerrado su negocio por decreto, denuncia Lorenzo Amor, presidente de la asociación. "Es como si cierran el comercio y tampoco se puede dar la prestación por cese de actividad extraordinaria a los autónomos de este sector porque está permitido el comercio electrónico", lamenta Amor. Sin embargo, la Seguridad Social justifica que este escenario es el resultado de la aplicación del RDL 30/2020, que salió adelante con el consenso de los agentes sociales y las asociaciones de autónomos. En concreto, el artículo 13 determina que tendrán acceso a la prestación por rebrotes “los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente”. La clave aquí está en la interpretación de ese literal: un autónomo cuya actividad fuese el servicio en el local, sin entrega a domicilio ni recogida, ¿tiene 'todas sus actividades suspendidas' o no las tiene suspendidas porque puede abrir esas dos nuevas vías de negocio?

Durante los meses del confinamiento total, la Seguridad Social concedió el cese de actividad por covid a todos los autónomos de la restauración aunque pudieran hacer entrega a domicilio. Y cuando se permitió el servicio de recogida en el local, también se mantuvo la prestación. En esta ocasión, los autónomos tendrán que acudir al cese de actividad compatible con el empleo, justificando una caída de la facturación del 75% a lo largo del trimestre para recibir esta prestación.

Para Amor, esta decisión de la Seguridad Social pondrá en más dificultades a los autónomos de la hostelería, que ya están ahogados después de meses de restricciones a su actividad habitual. Por eso, piden un plan ambicioso de protección de rentas para garantizar la supervivencia de este tejido productivo, al menos como el que existió durante los meses del confinamiento de la primera ola del virus. En esta segunda ola, las medidas de protección de rentas desplegadas por las autoridades son claramente inferiores. El argumento es que no se obliga a cierres totales, sino parciales, pero el resultado es que muchos negocios están agonizando y sin ayudas, lo que amenaza con la destrucción de tejido productivo y puestos de trabajo.