La inexplicable estrategia de Calviño: no aceptar (por ahora) préstamos de Europa

El pasado 21 de julio, como se sabe, el Consejo Europeo pactó un paquete de estímulos monetarios a los Estados miembro —en forma de préstamos y transferencias a fondo perdido— a través de llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 560.000 millones de euros (el resto, hasta los 750.000 millones, corresponde a otros fondos destinados a relanzar la economía). Alrededor de 310.000 millones correspondían a subvenciones y el resto, 250.000 millones, a préstamos a tipos de interés privilegiados. No en vano, la deuda emitida por la Unión Europea disfruta de una calificación triple A, con perspectiva positiva o estable, por parte de la mayoría de las agencias de 'rating'.

Esta calificación, la más elevada, explica que el pasado 20 de octubre la UE colocara en el mercado con éxito 17.000 millones de euros a un tipo de interés negativo del 0,24%, en los bonos a 10 años, y lo que no es menos relevante, con una demanda récord de 233.000 millones. Es decir, que los inversores pagaron sin titubear por comprar títulos de la UE a 10 y 20 años, en este último caso, con una rentabilidad del 0,13%, lo que sugiere que los inversores no prevén inflación durante muchos años. La operación batió dos hitos. Por un lado, se trató de la mayor emisión de deuda soberana jamás hecha por una entidad supranacional y, por otro, la demanda de títulos batió todos los récords en una emisión de estas características.

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Es decir, los tipos de interés pagados fueron sustancialmente menores respecto de los que hoy se financia España. En la última subasta, el Tesoro se financió a 10 años al 0,22%, mientras que en las emisiones a 20 años la rentabilidad fue del 0,81%. Por lo tanto, un diferencial en contra de España de 0,46 puntos porcentuales en el primer caso y del 0,74% en el segundo.

Pese a ello, el Gobierno español, por el momento, no ha acudido a ese embrión de Tesoro europeo que es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que sirve para mutualizar riesgos, y, lo que no es menos relevante, permite abaratar la financiación del déficit público, ya que esas emisiones están avaladas por Estados, como Alemania, Países Bajos o Austria, con mejor calidad crediticia que España (Baa1 en el caso de Moody’s).

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La negativa del Tesoro a financiarse más barato -la asignación a España son unos 70.000 millones de euros- ha llamado la atención del PIIE (Peterson Institute for International Economics), uno de los principales 'think tanks' del mundo, que tiene entre sus patronos a Larry Summers (exsecretario del Tesoro de EEUU), Mark Carney (exgobernador del Banco de Inglaterra) o Stanley Fischer, junto con Olivier Blanchard uno de los economistas más influyentes del planeta.

Condicionalidad infundada

Otro economista, el danés Jacob Funk Kirkegaad, ha escrito un artículo en el PIIE en el que asegura que los países del sur de Europa (entre ellos, España) se arrepentirán de no haber pedido ya financiarse bajo el paraguas de la UE. En concreto, asegura, algunos gobiernos se han echado atrás después de su entusiasmo inicial por una preocupación “infundada” sobre la presunta “condicionalidad” que incorporan los préstamos, lo que, en su opinión, dificulta que el Banco Central Europeo (BCE) continúe con su ritmo de compra de activos, lo que, a su vez, alienta una subida de los tipos, que es, justamente, lo que menos necesita Europa.

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La propia Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ha animado a aceptar esos préstamos ya, sin esperar a 2022 y 2023, toda vez que el nuevo mecanismo de financiación supone un avance en la integración fiscal europea, que es una de las viejas asignaturas pendientes. Lagarde, que viene de la política, sabe muy muy bien que la política monetaria tiene límites para estimular la economía, y de ahí que anime a utilizar la política fiscal, que es la base sobre la que asienta el endeudamiento.

La vicepresidenta Calviño, tras lo publicado en su día por ‘El País’, afirmó que la prioridad del Gobierno en política económica era gestionar las transferencias a fondo perdido y no los préstamos que ofrece la UE. Y, de hecho, han incorporado unos 27.000 millones al anteproyecto de ley de Presupuestos de 2021 pese a que Bruselas, formalmente, no haya soltado un euro, ya que el procedimiento de aprobación es lento. Incluso, tedioso. Es decir, que el poder disponer de esos fondos no es una cuestión estrictamente burocrática, sino una decisión política. Y el Gobierno ha dicho no. Probablemente, porque continúa con un gradualismo en su política de financiación extremadamente conservadora que no parece tener en cuenta las consecuencias devastadoras que está teniendo ya el segundo rebrote en la economía. Es como si para Economía todo siguiera igual.

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Esta estrategia conservadora, sin embargo, contrasta con las necesidades de la economía, que ha recaído de forma significativa a medida que las restricciones de movilidad se han ido imponiendo. Hoy, de hecho, ya no hay ninguna duda de que la recuperación iniciada en el tercer trimestre se ha frenado.

La ministra de Economía, sin embargo, anunció hace unas semanas que el Gobierno ha revisado a la baja sus previsiones de endeudamiento hasta finales de año en unos 15.000 millones de euros, en aras de reducir hasta el “mínimo posible” las necesidades de financiación del Estado. Esta idea del 'mínimo posible' esconde, en realidad, una estrategia que parece desconocer la realidad económica que ha traído la pandemia, y que se ha manifestado con especial crudeza en las últimas semanas.

La reputación

Como han reflejado los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, la salida de trabajadores en ERTE se ha desacelerado de forma significativa, lo que obligará a aumentar el gasto público, mientras que, en paralelo, los ingresos, necesariamente, se verán afectados por el menor crecimiento económico. No parece razonable, por lo tanto, mantener esa negativa a tomar los fondos europeos simplemente por razones reputacionales.

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Es evidente que el primer país del sur de Europa que pida dinero a Europa para financiarse puede ser estigmatizado por los mercados, pero eso nunca sería peor si se compara con los efectos que puede tener sobre la economía una actitud timorata del Tesoro —negándose a aumentar la deuda— solo por razones de imagen.

No parece razonable pensar que después de años pidiendo un Tesoro europeo se renuncie ahora a disfrutar de sus ventajas, que no son otras que tipos de interés más bajos y, al mismo tiempo, mutualización del riesgo, lo que favorece a los países con primas de riesgo más elevadas, que es el caso de España. Y, lo que es todavía mucho más relevante, renunciar a aumentar la capacidad financiera del Estado para que el tejido productivo que hoy está en peligro no se destruya. A la larga, de hecho, es más caro invertir en desempleo que hacerlo para que las pequeñas empresas no echen el cierre. ¿Hay alguna diferencia entre tener una deuda del 120% o del 125% del PIB?