USA vs. Google: por qué Trump se suma a la estrategia de la "mujer que odia a América"

Esta semana, y a menos de 15 días de las elecciones presidenciales, Estados Unidos se ha lanzado a tumba abierta contra uno de los gigantes digitales más poderosos del mundo. El departamento de Justicia ha demandado a Google por monopolio y ha lanzado un serio aviso al resto de pesos pesados de Silicon Valley: "Podéis ser los siguientes".

Después de décadas en las que las grandes tecnológicas actuaban a su antojo, eliminado a sus rivales tirando de sus ingentes chequeras, la Justicia ha decidido dar un paso y, al contrario de lo que ocurrió en el año 2012, esta vez parece que no va a ser en falso. Fue entonces, hace casi una década, cuando los reguladores trataron de abrir un caso contra Google por monopolio por primera vez, pero finalmente abandonaron el proceso al considerar que no tenían suficientes argumentos de peso. Eso no va a pasar esta vez.

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La cercanía de los comicios y la creciente tendencia crítica contra la impunidad con la que se mueven las grandes multinacionales digitales han sido sin duda estímulos más que importantes para el Departamento de Justicia, motivado también por las diferentes investigaciones que ya ha resuelto, muchas de ellas con multas históricas, Bruselas contra estas empresas. EEUU no podía permitirse transmitir la sensación de que no se preocupaba por lo que ocurre en su propia casa.

Así, las dos grandes patas en las que se tendrá que sostener el caso de la Justicia son los pagos a Apple y otros fabricantes para establecer Google como buscador por defecto y la posición dominante en el mercado publicitario por búsquedas. En el primer caso, es bien sabido que el gigante de Mountain View paga religiosamente a su rival de Cupertino para que los casi 1.500 millones de dispositivos de Apple activos en el mundo utilicen su buscador. Del mismo modo, y según quedó demostrado por Competencia de la UE, también obliga a los fabricantes que utilizan Android —básicamente todos los relevantes menos Apple— a utilizar por defecto sus productos.

El movimiento ha sorprendido por el 'timing'. No en vano se trata del paso más agresivo de EEUU contra una compañía tecnológica, quizás solo comparable a la investigación abierta a Microsoft en el año 1992, que culminó con un acuerdo 10 años después. La Justicia dio el paso después de que desfilaran —telemáticamente— ante el Congreso los capos de Facebook, Amazon, Google y Apple para ser interrogados por las prácticas de sus respectivos entramados.

400 páginas contra los gigantes

"Google es la puerta de entrada a internet, el dominador de las búsquedas. Nadie está poniendo en duda su éxito pasado, pero la demanda explica que tiene una posición monopolística que mantiene a través de prácticas que excluyen y dañan la competencia", explica Jeffrey Rosen, fiscal General Adjunto de EEUU en el documento presentado ante la Justicia.

El propio Rosen ya ha avisado de que no van a parar ahora y que el resto de gigantes digitales ya están siendo o van a ser examinados al detalle para determinar si ejercen su actividad a base de poner coto a la competencia.

De hecho, el Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU publicó este mismo octubre un informe de 400 páginas en las que detallaba como Facebook, Amazon, Apple o la propia Alphabet —matriz de Google— abusaban de su posición sobre el mercado.

La vía Vestager

Es cierto que Estados Unidos tiene el foco en los gigantes digitales, pero este es un camino ya transitado antes. En 2018 la Comisión Europea impuso una multa de 4.300 millones de euros a Google por prácticas anticompetitivas al obligar a los fabricantes de teléfonos a preinstalar las aplicaciones de Google en los dispositivos de Android. Poco antes, a mediados de 2017, el Ejecutivo ya había multado al gigante americano con casi 2.500 millones de euros por privilegiar su sistema de compras a otros de la competencia.

Las pruebas y el núcleo del caso del Departamento de Justicia contra Google son muy similares a las utilizadas durante los últimos años por la Comisión Europea, si bien ha sido más conservadora y ha querido amarrar el caso al dejar fuera por ejemplo la dominancia en sistemas operativos, algo que sí que incluyó el Ejecutivo comunitario y que es, precisamente, uno de los eslabones débiles del caso contra el gigante digital.

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Por lo tanto, en cierto modo, Bruselas fue la que, machete y multa en mano, fue abriendo el camino que ahora toman en Estados Unidos. La cara visible de ese proceso entre 2014 y 2019 fue la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La danesa llegó a ser calificada por parte de Donald Trump, presidente norteamericano, como "la dama de los impuestos que odia a América". No es solo un rasgo característico de la Comisión Europea, que ya mantuvo a principios de siglo un largo y duro pulso con Microsoft, sino que en los últimos años en Bruselas se ha comprobado que plantar cara a los gigantes digitales, tanto en aspectos económicos, como en el pago de impuestos reducidos, como en términos de prácticas monopolísticas, privacidad y protección de datos, es una de sus políticas más populares entre los ciudadanos europeos.

Vestager, de hecho, ha sido ascendida al cargo de vicepresidenta ejecutiva y se ha ampliado su cartera para abarcar todo el mundo digital. La Comisión Europea tiene más multas esperando a salir del horno: hay investigaciones abiertas contra Amazon, Apple y Facebook. Pero que el Ejecutivo comunitario sea el regulador más agresivo con los gigantes digitales no es suficiente.

Europa va a por más

La Comisión Europea ya anunció en febrero de 2020 que iba a presentar a finales de año un Acta de Servicios Digitales que iba a estrechar el cerco sobre empresas como Google o Amazon. "No somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las plataformas. Son las plataformas las que deben adaptarse a Europa", aseguró entonces Thierry Breton, comisario de Mercado Interior e Industria, y otra de las figuras clave para entender la actitud europea hacia los gigantes digitales durante los próximos años.

El objetivo es que el Ejecutivo comunitario pueda actuar más rápidamente sobre las empresas que se consideran "guardianas", es decir, aquellas que tienen un inmenso poder sobre el mercado en el que operan. Necesita más velocidad porque los procesos antimonopolio son lentos, y en un mundo digital que se mueve rápido, muchas veces Bruselas llega demasiado tarde para prevenir cambios estructurales. Las multas mil millonarias no siempre son efectivas porque si algo tienen estas empresas es dinero. Así, la nueva norma daría más poder a Bruselas para pedir cambios, obligar a las empresas a cambiar partes de su negocio o podría, en última instancia, dar a la Comisión Europea la posibilidad de "partir" o "dividir" a los gigantes digitales. Esta es una idea bastante extendida en Bruselas y en algunas capitales. Por ejemplo, ha recibido el respaldo conjunto de Países Bajos y Francia en un reciente documento de trabajo que han circulado.

Pero la UE quiere ir más allá, y aprieta a los gigantes en otros dos frentes. Por un lado, en privacidad y responsabilidad por los contenidos que hay en las plataformas, también en los procesos electorales, un dosier sobre el que está trabajando Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, y que también se presentará durante los próximos meses.

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El otro frente es el fiscal. La decisión de Estados Unidos de dinamitar las negociaciones en el seno de la OCDE para acordar un impuesto sobre los gigantes digitales, la famosa 'Tasa Google', tuvo una reacción inmediata por parte de la Comisión Europea: volvería a relanzar la propuesta de un impuesto digital europeo, que había quedado frenado por un grupo de Estados miembros preocupados por la posible reacción y represalias de Washington.

Algunos países, como Francia o España, han anunciado que avanzarán con la 'Tasa Google' de manera independiente, a nivel nacional. Eso, probablemente, provoque represalias por parte de Estados Unidos, pero Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ya ha anunciado que el Ejecutivo comunitario está dispuesto a responder a las medidas que pueda adoptar Washington. "La posición de la UE en esto ha sido clara: la fiscalidad es un derecho soberano de los países y por lo tanto no aceptamos que terceros países interfieran en los derechos fiscales de los Estados miembros, especialmente si se establecen de una manera horizontal, no dirigida a ningún país", aseguró el vicepresidente en una entrevista reciente con 'Politico'.