Hacienda prepara subidas de IRPF e IVA para recaudar 4.300 millones

Si 2020 es el año de la tragedia económica, el Gobierno espera una caída del PIB equivalente al 11,2%, por debajo de los principales organismos internacionales, el año 2021 será, paradójicamente, un ejercicio atípico. Y lo será porque todas las previsiones están sujetas a una gran incertidumbre en función de cómo avance la pandemia. Pero también, y es lo que recoge el plan presupuestario enviado a Bruselas, porque hay dos factores que distorsionan cualquier análisis.

Por un lado, la suspensión de las reglas fiscales, que da vía libre a los gobiernos para expandir su política presupuestaria, lo que convierte el año próximo en un ejercicio singular. Pero también por el hecho de que, al ser el rebote tan intenso, después de un desplome del 11,2% este año (el Gobierno estima que el PIB avanzará un 7,2% el próximo), cualquier comparación está fuertemente condicionada por esa anomalía.

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Lo que está mucho más claro es la subida de impuestos para atender al doble efecto económico de la pandemia: la caída de ingresos y el aumento de los gastos. Y lo que anuncia Hacienda en el plan presupuestario es que el Gobierno se compromete a introducir una serie de medidas para “reforzar la progresividad del sistema impositivo, logrando obtener una recaudación adicional para contribuir al mantenimiento del estado de bienestar”. O dicho de otro modelo, subirán los impuestos directos, es decir, el IRPF para las rentas más altas, como aparece en el programa electoral de gobierno de Sánchez e Iglesias, y sociedades.

El impacto conjunto de estas medidas ascendería a 2.548 millones de euros, de los cuales 550 millones se ingresarían el año próximo y 1.998 millones en 2022, que es cuando se liquidan los impuestos. En 2021, se recaudaría solo por retenciones. El instrumento legal será el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

Sube el IVA

En la comunicación enviada a Bruselas, la subida del IVA, que es el segundo impuesto con mayor potencia recaudatoria, se ha quedado en un incremento del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas, cuyo impacto en términos presupuestarios es muy limitado. Ahora bien, como sucede con los impuestos directos, el Gobierno anuncia, aunque no lo concreta, que en los Presupuestos de 2021 se introducirán “una serie de medidas por razones de equidad” en el caso de la imposición indirecta (IVA).

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Solo se sabe que espera recaudar este año y el siguiente por esta vía 1.724 millones de euros, 1.509 millones en 2021 y 215 millones en 2022. Y el IVA, como se sabe, se recauda en el momento. En total, por ambas vías, impuestos directos e indirectos, 4.272 millones.

La aplicación de los impuestos de transacciones financieras y de servicios digitales ya estaba en tramitación incluso antes de que el Gobierno se formara, mientras que el impuesto sobre plásticos de un solo uso es una imposición comunitaria.

Aun así, el Gobierno espera recaudar el año próximo a través de la fiscalidad 6.180 millones sin contar IVA, IRPF y sociedades, de los que 5.352 millones saldrían de tres ámbitos: 2.309 de servicios digitales, transacciones financieras y plásticos; 1.311 de la fiscalidad verde (sin concretar), y 1.509 de lo que llama imposición indirecta. Otros 828 millones saldrían de la lucha contra el fraude fiscal.

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El programa pactado en su día entre el PSOE y Unidas Podemos planteaba, en concreto, una tributación mínima en sociedades del 15% (18% para la banca), un incremento de tipos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 euros y un endurecimiento de la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis).

Un efecto estadístico

De hecho, el plan presupuestario contempla que la ratio de ingresos sobre PIB se sitúe en 2021 en el 40,3%, frente al 41,7% de 2020. No es que se vaya a recaudar menos, que es difícil en un año como este en el que miles de empresas habrán cerrado y se habrán destruido centenares de miles de puestos de trabajo, sino que ese descenso es consecuencia del mayor aumento del PIB el próximo año, ya que los ingresos en términos absolutos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros respecto a 2020. Es decir, es un efecto más estadístico que real.

Esas previsiones difieren de las que hizo en su día la Comisión Europea, que para 2021 había estimado unos ingresos equivalentes al 38,9%, por lo tanto, casi dos puntos menos que Hacienda. Por el contrario, Bruselas estimaba que el gasto se irá al 45,6% el año próximo, por debajo del 48% que prevé el Gobierno.

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El Gobierno, en concreto, estima que el déficit público pasará del 11,3% al 7,7%, pero esta reducción no tiene que ver con un mayor equilibrio entre ingresos y gastos, sino que hay que vincularla a que el PIB avanzará de forma robusta, por lo que gastando lo mismo el déficit se reduce de forma automática. Es decir, aunque lo parezca en las estadísticas, no va a haber ajuste, que es justamente lo que han recomendado a los gobiernos que hagan tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI). No es el momento de recortes en aras de mantener la protección de trabajadores y empresas. Ya se verá lo que pasa en 2022.

La mejora del déficit nominal, sin embargo, no vendrá acompañada de mejores datos en cuanto al desequilibrio en términos estructurales, que es el más relevante debido a que elimina la influencia del ciclo económico. Y, en concreto, estima que el déficit estructural se situará este año en el 5,4% y el próximo en el 6,1%.

Los menores gastos vendrán, por el contrario, de la mejora de la actividad respecto de este año, y el Gobierno, en concreto, estima que el gasto en desempleo pasará del 3,7% del PIB en 2020 al 1,5% del PIB en 2021, mientras que el servicio de la deuda (pese al aumento de los pasivos en circulación) se mantendrá en un 2,2% del PIB, una décima menos que este año. Por el contrario, el gasto en subvenciones crecerá en 2020 un 75%, nuevamente por el impacto de las medidas adoptadas para combatir la pandemia, fundamentalmente por las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social tanto de los trabajadores en ERTE como de los autónomos en cese de actividad.