La "tasa al azúcar" de Garzón ya existe: así ha funcionado el experimento catalán

El Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, quiere un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas. Esta propuesta lleva sobre la mesa un tiempo, pero es ahora cuando coge fuerza tras las declaraciones del ministro, afirmando que quiere acelerar el proceso, y las publicaciones en redes sociales de la institución confirmando su interés en “gravar las bebidas azucaradas”.

Hay quien piensa que encontrar una nueva fuente de ingresos para el Estado puede ser clave en un momento de fragilidad económica como el que atraviesa el mundo con la crisis del covid-19. Otros creen que puede traer más problemas que soluciones, dañando a sectores ya heridos de muerte como la hostelería. Pero, en lo que todos coinciden, es en las dudas sobre cómo funcionaría ese nuevo impuesto, cuánto recaudaría y qué consecuencias traerá en la economía. Para responder a estas preguntas cabe recordar que realmente no es algo nuevo para España, Cataluña lleva tres años gravando estos productos y estos han sido los resultados.

Las cifras de la tasa catalana

Aún no se saben el porcentaje que Garzón elegirá para tasar a los refrescos. En el caso de Cataluña se impusieron 8 céntimos extra por litro para las bebidas que contuvieran entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Para las bebidas que superaran esos ocho gramos, el gravamen se incrementa hasta los 12 céntimos por litro.

Para tener una referencia, una Coca-Cola contiene más de 10 gramos y una tónica Schweppes tiene 8,3 gramos. Pero, hay que tener en cuenta que esta ley no solo afectaría a este tipo de productos si es parecida a la aplicada a la de la CCAA, también incluiría bebidas deportivas o cualquiera que tuviese esas especificaciones respecto al azúcar.

A pesar de la polémica que suscitó (acabó en los tribunales), el recorrido que ha tenido este impuesto es ya de tres años, registrados todos en la contabilidad pública de la región. En 2017, fecha en la que se implementó, se consiguieron recaudar 22,67 millones de euros. En 2018 se consiguió elevar esa cifra de forma muy sensible hasta los 41 millones y, en el último ejercicio, se redujo hasta los 34,74 millones de euros.

Esta recaudación se logró siempre incumpliendo las previsiones marcadas por la Generalitat en su hoja de ruta. En el primer año se recaudó un 27% menos de lo estimado, el segundo un 35% y el último año se ajustó más, con una diferencia de un 11% entre lo que esperaban ingresar y lo que finalmente acabó sucediendo.

En Cataluña se comercializaron más de 2.471 millones de refrescos, siendo la segunda región con más demanda, solo superada por Andalucía. Si con esas cifras aplicáramos lo recaudado al resto de España (que demandó en su conjunto unos 14.471 millones de litros), lo que se generaría anualmente sería algo cercano a los 206 millones de euros al año.

España recaudaría, extrapolando los datos de Cataluña, 206 millones de euros al año con la 'Tasa al Azúcar'

Esta tasa entraría dentro de los “impuestos especiales” y sería el que menos aportase de ellos. Si lo comparamos con los impuestos que se encuentran en esta lista, se queda muy lejos de los más importantes, como el de los hidrocarburos, tabaco, carbón o el alcohol, pero sería similar a lo que recauda el “Impuesto sobre la Cerveza”. Según datos de la Agencia Tributaria el Estado ingresó por él 320 millones de euros el último año registrado (2018).

El segundo objetivo de esta medida, que sería reducir el consumo de determinado tipo de alimentos, también podría lograrse en España si miramos el ejemplo catalán. Según un estudio realizado por el Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra y el Institut d’Economia de la Universitat de Barcelona, la compra de estos productos se redujo un 22% tras la puesta en marcha de esta iniciativa.

¿Qué pasa si ya existe un impuesto?

La implantación a nivel nacional de un impuesto que ya existe en una CCAA tiene pocos referentes en la historia y da lugar a una situación inédita. Aquellos lugares que se podrían estar planteando legislar este tributo tienen que pisar el acelerador si quieren lograr sacar partido de la situación. Si logran hacerlo antes que el Gobierno, tendrían derecho a recibir una compensación por parte del mismo.

Así lo explica la especialista en derecho tributario, Beatriz López, del bufete Casa de Ley, que confirma que, en caso de producirse esta situación "tendría que darse un acuerdo económico" para compensar a una de las partes. Según recoge la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas "los tributos sobre hechos imponibles gravados por las CCAA que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas".

Si la Comunidad Valenciana no legisla este impuesto antes que Garzón, se irá con las manos vacías

La abogada explica que se podrían dar otras fórmulas, como aplicar dos veces el impuesto (CCAA y Gobierno) y que luego el Ejecutivo renuncie a él a través de una deducción. Sin embargo, ve esta alternativa muy complicada y cree que lo más seguro es que se compense a las regiones que ya lo tengan.

De momento solo sería el caso de Cataluña, pero la Comunidad Valencinaa mantiene la tensión. En el Gobierno regional tanto Compromís como Podem quieren sacar adelante esta medida y se ha propuesto varias veces en la Generalitat. Esto situaria a ambas partes en una extraña carrera por ver quien hace efectivo este impuesto primero. En caso de ser Garzón el que se lleve el gato al agua, la Comunidad Valenciana se irá con las manos vacías.

Hostelería y fabricantes critican la medida

Los sectores afectados, por su parte, creen que la puesta en marcha de este proyecto sería un error, especialmente en un momento tan delicado como el de la hostelería, que se vería dañada por una bajada en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

Desde la patronal de hostelería de España opinan que sería un nuevo golpe para un sector ya muy perjudicado por la crisis. “No es un momento de subidas de impuestos, la demanda está desplomada. Todo lo que vaya en contra del consumo en estos momentos es inconveniente”, explica el secretario general, Emilio Gallego.

Además, afirma que “hay una situación inflacionista respecto a los productos que usa el sector de hostelería, nuestros costes ya se han incrementado de forma importante, subirlos más sería muy duro”. Y pide al Gobierno que no “busque una justificación moral para gravar con impuestos” a un sector que “lo está pasando muy mal”.

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Respecto a cómo afectó esta medida a Cataluña, apunta que sí notaron una caída en el consumo cercana a esa cifra del 22%, y confiesa que muchos hosteleros superaron esta situación comprando el producto fuera de la región para esquivar este impuesto.

Desde la Asociación de Bebidas Refrescantes, defienden que los refrescos “sólo aportan el 2,1% del total de las calorías diarias que ingieren los españoles” y que por ello no entienden que se quiera castigar el tomar estos alimentos cuando “pueden formar parte de una dieta equilibrada”. Creen que entrar en una espiral de tasar todos los productos que pueden llegar a ser malos “no es eficaz”.

Además, critican que estos impuestos afectan más a quien menos tiene y que “perjudicaría a la recuperación del consumo”. Respecto a las empresas que envasan y producen estos alimentos, creen que este sería un mal momento para lanzar este nuevo impuesto porque van a perder una parte importante de su facturación debido a que uno de sus principales mercados es el de la hostelería, que está debilitado con la crisis del covid-19.