El deterioro del Estado de derecho pone en riesgo el fondo de recuperación
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El deterioro del Estado de derecho pone en riesgo el fondo de recuperación

La propuesta de la presidencia alemana para un mecanismo de Estado de derecho busca un equilibrio que podría acabar en el bloqueo del fondo de recuperación

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Cuando los líderes europeos alcanzaron un acuerdo el pasado julio para la puesta en marcha de un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, estructurado en créditos y transferencias y financiado con la primera emisión masiva de deuda conjunta de la historia de la Unión Europea, se dio un enorme paso hacia delante. Pero todavía el trabajo no ha terminado. El fondo todavía puede descarrilar en varios puntos del camino que lleva hasta su puesta en marcha mientras se termina de cerrar también el marco financiero plurianual (MFP) que debe cubrir desde 2021 a 2027.

Todos los ojos están puestos en la negociación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. En la capital comunitaria se sabía que todavía quedaban muchos momentos de tensión por delante, especialmente en lo que se refería al mecanismo del Estado de derecho, un instrumento por el cual se puede cortar el grifo de las ayudas europeas a aquellos Estados miembros en los que se registre una violación del Estado de derecho que ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión.

Directamente, se ha eliminado el término 'Estado de derecho' del título

Era imposible que la propuesta no fuera a generar nervios, enfado y revueltas por un lado o por otro. Si era dura, como quieren los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia o Países Bajos, así como el Parlamento Europeo, los Estados miembros hacia los que señala esa propuesta, como Polonia o Hungría, ambos con el artículo 7 activado por sus ataques al Estado de derecho, amenazarían con bloquear la propuesta. Si era demasiado débil, la Eurocámara y los nórdicos pondrían pie en pared.

La presidencia alemana del Consejo presentó su propuesta este lunes sobre la base del mecanismo puesto sobre la mesa por la Comisión Europea en mayo de 2018. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, refleja el delicado equilibrio que Berlín ha tratado de plasmar para lograr que el texto salga adelante. Pero es una propuesta que podría nacer ya muerta. Para los que piden un mecanismo “con dientes”, es decir, con capacidad de acción real, no hace falta más que leer el título para darse cuenta de que es una idea demasiado débil, vaga y flexible con los países a los que busca controlar: directamente se ha eliminado el término 'Estado de derecho' del título.

Riesgo de bloqueo

El acuerdo del fondo de recuperación, que tanto costó tejer, está ahora en riesgo. Hungría ya ha amenazado con no ratificar el acuerdo si hay normas duras para el control de la situación del Estado de derecho, y Países Bajos ha hecho lo propio si la propuesta final no refleja un instrumento ambicioso. Este miércoles se celebra una reunión de embajadores permanentes ante la Unión Europea en la que podrá tomarse ya la temperatura del ambiente respecto a este instrumento.

Durante la cumbre de julio hubo un momento en el que los ‘frugales’, los países que se oponían a un gran fondo de recuperación que incluyera transferencias, pusieron sobre la mesa el asunto del Estado de derecho. En ese momento fuentes diplomáticas acusaron a estas delegaciones de estar utilizando esa reclamación para mantener así su bloqueo al acuerdo, al que llevaban negándose a sumarse desde hacía días.

Esas acusaciones vuelven a sobrevolar Bruselas. Algunas voces en la capital comunitaria señalan que estos Estados miembros vuelven a usar el Estado de derecho como un freno de emergencia al acuerdo. Para La Haya, Copenhague o Helsinki la jugada sería perfecta: empujar por un mecanismo muy exigente que obligue a Budapest y Varsovia a no ratificar el acuerdo. Al final no habría fondo, y la responsabilidad, a diferencia de en julio, ya no estaría sobre los hombros de los ‘frugales’: el trabajo sucio lo harían otros.

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Pero esa es una apuesta que La Haya sabe que no tiene posibilidades de sacar adelante: Alemania, Francia o España, interesados en el acuerdo, no van a acompañar a Países Bajos o Dinamarca en esa exigencia porque saben que el fondo moriría ahí, en la orilla. No solo eso, sino que los ‘frugales’ tampoco están interesados en mantener un bloqueo total porque no quieren ser los responsables de que el plan no salga adelante: no lo fueron en julio y no lo serán ahora. En cambio, con la situación actual, con un bloqueo doble, tanto por parte de los nórdicos como por parte del este, los ‘frugales’ podrían esperar obtener algo a cambio.

Para Ernest Urtasun, eurodiputado de Catalunya en Comú y vicepresidente de Los Verdes, la estrategia es que el mecanismo sea inoperable. “Está diseñado para que no pueda aplicarse nunca. La presidencia alemana ha pensado en proponerlo para poder decir que hay un mecanismo y que los demás no lo bloquean en el Consejo porque saben que jamás se va a aplicar, creo que esa es la jugada”, señala a este periódico.

Estamos atrapados porque nos hacen el chantaje de decirnos que, como bloqueemos esto desde el Parlamento, no habrá Fondo

El objetivo era tener un acuerdo a mediados de octubre, para que pueda producirse el proceso de ratificación. Lo normal sería que la propuesta alemana se mantenga en pie con pequeños cambios. Bloquear el fondo por el mecanismo de Estado de derecho no entra en los planes ni de la presidencia ni de ninguno de los principales Estados miembros.

En el Parlamento Europeo denuncian que se está produciendo un “chantaje” contra ellos. “Estamos atrapados porque nos hacen el chantaje de decirnos que, como bloqueemos esto desde el Parlamento, no habrá fondo de recuperación, y yo creo que eso es una dinámica diabólica, todos necesitamos que los fondos lleguen cuanto antes”, explica Urtasun.

El eurodiputado recuerda que la Eurocámara propuso negociar primero el fondo de recuperación, y después, una vez aprobado, abordar el mecanismo de Estado de derecho junto a las negociaciones presupuestarias regulares. “El Consejo no ha querido, dice que tiene que ser todo en bloque”, explica. “Lo que no me parece justo es que toda esa presión se traslade al Parlamento y se nos diga que seríamos los responsables del retraso del fondo como no aceptemos un mecanismo de Estado de derecho inaplicable”, subraya el catalán, que insiste en que hay “que ir rápido” pero que es necesario “encontrar un equilibrio”.

Contenido

El alcance de la propuesta no llega a todos los puntos del Estado de derecho. No se trata de buscar otra vía por la cual castigar a Polonia por su reforma judicial: para eso ya está el artículo 7 de los Tratados, aunque este está demostrando tener unos efectos limitados. Hace años que se habla en Bruselas de buscar otro mecanismo que de verdad sea efectivo y que permita revertir esos ataques contra el Estado de derecho. Y la idea generalizada, especialmente en el Parlamento Europeo, es que el talón de Aquiles de los países que protagonizan estas violaciones, como Hungría o Polonia, son los fondos europeos. Es ahí donde se debería actuar, a ojos de muchos eurodiputados.

La propuesta, que sí señala que “los órganos judiciales deben actuar de forma independiente e imparcial”, subraya que estas condiciones son necesarias, en este marco, para tener una “garantía mínima contra decisiones ilegales y arbitrarias de las autoridades públicas que puedan perjudicar los intereses financieros de la Unión”. No se trata de utilizar los fondos europeos para evitar una reforma judicial en Polonia. El foco de la propuesta es muy concreto: violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto de la Unión. Es decir: se corta el grifo en caso de que una reforma judicial polaca ponga en riesgo los intereses financieros de la Unión. Pero este es, en realidad, el principio sobre el que ya se basaba la propuesta de la Comisión Europea de 2018.

Sin embargo, en el artículo 3 de la propuesta se produce uno de los cambios más relevantes. Aquí sí que se cierra el foco: la presidencia alemana cambia el texto original y donde antes se señalaba que se debería activar cuando una serie de deficiencias en el Estado de derecho “afecten o haya riesgo de que afecten el principio de buena gestión financiera del presupuesto de la UE” ahora solo se lee que debe activarse cuando afecte “de una manera suficientemente directa”. Ya no vale con que haya un ataque al Estado de derecho que pueda afectar a los intereses financieros, sino que ese ataque debe ser lo suficientemente directo.

Foto: El consejero delegado de Endesa, José Bogas. (Foto cedida por Endesa)

Este será uno de los puntos más polémicos en los próximos días. El Parlamento Europeo siempre ha insistido en la necesidad de ampliar el foco de acción de este mecanismo. El Consejo defiende que esta es la línea acordada en julio, cuando ya fue enormemente complicado alcanzar un pacto, por lo que quieren mantenerlo así, en este delicado equilibrio, para garantizar que salga adelante.

El texto de la presidencia relaja también otros elementos. Por ejemplo, mientras que en la propuesta de 2018 se señalaba que debía haber “deficiencias generalizadas”, ahora el texto señala que debe haber una “violación de los principios de Estado de derecho”, endureciendo también aquí las condiciones para la activación del mecanismo. Se elimina también la mayoría cualificada inversa, establecida por la Comisión para aligerar el proceso y evitar bloqueos. Es algo que el Parlamento Europeo considera, según Petri Sarvamaa, eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), una “línea roja”. “La toma de decisiones por mayoría cualificada inversa significa que ningún puñado de países podría detener el proceso de congelación de los fondos de la UE de aquellos que violan el Estado de derecho”, señaló este lunes el eurodiputado.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el EUCO. (EFE)

Las nuevas normas de voto “permiten a [Viktor] Orbán [primer ministro de Hungría] montar una minoría de bloqueo relativamente sencilla”, explica Urtasun, subrayando el efecto que tiene que Budapest cuente con una estrecha y sólida alianza con el resto de Estados miembros del grupo Visegrado, en el que también están Polonia, República Checa y Eslovaquia. La mayoría cualificada inversa hace mucho más difícil alcanzar el bloqueo.

Además, la presidencia alemana ofrece a Hungría, Polonia o República Checa la misma “palanca de emergencia” que exigió el holandés Mark Rutte para mantener a raya a España o Italia y asegurarse de que están cumpliendo con las condiciones. Si Budapest, Varsovia o Praga consideran que una decisión bajo el instrumento del Estado de derecho no se está tomando siguiendo los principios de objetividad y no discriminación, pueden utilizar ese “freno de emergencia” y pedir a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, que eleve el asunto a la próxima cumbre. Mientras tanto las medidas que estos Estados miembros están recurriendo no podrán ponerse en marcha.

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