Más de 263.000 trabajadores de educación y sanidad están en paro en plena pandemia

La pandemia ha puesto patas arriba tanto el sistema sanitario como el mapa educativo, pero lo que no cambian son los problemas estructurales del mercado laboral para casar oferta y demanda.

No es un juicio de valor. Es lo que reflejan los últimos datos del servicio público de empleo estatal, el SEPE, que muestran que, en agosto, y en medio de los rebrotes originados por la pandemia, 263.605 trabajadores buscaban un empleo en cualquiera de esos dos ámbitos. Algo más de 122.230 en el campo de la educación y 141.368 en lo que el SEPE denomina actividades sanitarias y de servicios. El SEPE no ofrece información pública más detallada sobre las distintas categorías profesionales. Es decir, si son enfermeras, médicos o auxiliares.

Lo más singular, sin embargo, no es solo el número, más de un cuarto de millón de parados en ambos sectores, sino su evolución en medio de la crisis sanitaria y educativa más aguda en muchas décadas.

En febrero de este año, antes de la pandemia, el número de desempleados era de 211.437, lo que significa que, en lugar de haberse reducido la cantidad de parados en ambas áreas, lo que hubiera permitido destinar más trabajadores a reforzar los servicios públicos esenciales, se ha producido un incremento del 24,7%. Algo que contrasta con el hecho de que en los primeros cinco meses de pandemia el volumen de deuda pública haya crecido en 90.000 millones de euros. A juzgar por las cifras del SEPE, no parece que ese dinero se haya destinado a aumentar plantillas de forma relevante.

Los datos de la Encuesta de Población Activa, en la misma línea, reflejan un aumento del desempleo tanto en la educación como en la sanidad. En el primer caso, se ha pasado de 57.000 parados en el primer trimestre a 76.100 entre abril y junio, mientras que en el segundo ha pasado de 87.900 a 94.700 en idéntico periodo de tiempo. Las cifras son diferentes respecto de las que ofrece el SEPE debido a que ambas metodologías para medir el desempleo son diferentes. La EPA, por ejemplo, únicamente clasifica por rama de actividad a los parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos.

Esfuerzo presupuestario

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, en este caso referidos exclusivamente al sector público, complementan lo que está pasando en términos de empleo en educación y sanidad. O lo que es lo mismo, identifican con precisión, ya que se trata de un registro oficial, el esfuerzo presupuestario de las administraciones públicas.

Entre febrero y agosto, el número de cotizantes dados de alta en educación, excluyendo el sector privado, ha pasado de 397.060 a 359.826, lo que representa un descenso del 9%, mientras que, en sanidad, por el contrario, se ha pasado de 675.687 a 752.298. Es decir, se ha producido un aumento de 76.611 profesionales. Por lo tanto, una subida del 11%.

Ahora bien, estas cifras tienen un fuerte componente estacional vinculado a la temporada de verano, pero si se elimina ese efecto, el resultado es el siguiente.

En agosto de 2019, el sector público ocupaba (en términos de afiliación a la Seguridad Social) a 338. 682 trabajadores en la educación, mientras que un año después, ya en plena pandemia, ese número ha crecido hasta los 359.826. Por lo tanto, se ha producido un aumento de 21.144 empleos. En sanidad, en la misma línea, se ha pasado de 730.797 hace un año a 752.298, incluyendo todos los sectores de la Administración, estatal, autonómicos y locales. Es decir, un crecimiento de 21.501 ocupados.

Eso significa, en total, que los dos sectores más afectados por la pandemia, la sanidad y la educación, han obligado a aumentar la contratación en 42.645 trabajadores en el conjunto del Estado.

Hay que recordar que el Gobierno central aprobó en julio un primer tramo de 6.000 millones de euros no reembolsables, que ya debería haber sido entregado, destinado a compensar a las comunidades autónomas, que son quienes gestionan ambas áreas, por los gastos derivados de la lucha contra la pandemia. En particular, para el aumento de plantillas y el reforzamiento de las políticas públicas. Las regiones, de hecho, disponen de una enorme bolsa de parados para contratar.

Enfermeras y médicos

Como sucede en el caso del paro registrado en las oficinas del SEPE, el inventario de afiliados en alta del conjunto de administraciones públicas, a la luz de la clasificación nacional de actividades económicas a doble dígito (CNAE 2009), no precisa la categoría profesional de los cotizantes. Es decir, si son enfermeras, médicos, celadores o servicios auxiliares.Estos datos, como se ha dicho, se refieren a trabajadores públicos dados de alta en la Seguridad Social, y en total, en media mensual, ascendían en agosto a 2,62 millones, lo que supone 57.735 más que al comenzar la pandemia. Eso significa que el 74% de los empleos públicos creados desde febrero ha ido destinado a educación y sanidad. Por lo tanto, uno de cada cuatro, a otras actividades.

La contratación de profesionales para combatir los efectos de la pandemia tiene otra particularidad, y es su enorme precariedad laboral. Pero es que, en el caso de la sanidad —también en la educación—, esta vulnerabilidad laboral es especialmente significativa.

La propia presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reveló este lunes que la comunidad había hecho 250.000 contratos en el ámbito sanitario pese a que el aumento de plantillas ha sido muy reducido. La propia Ayuso ha admitido que el Gobierno regional tiene dificultades para contratar médicos.

Contratos semanales

Los datos más recientes del SEPE muestran que, entre las 20 ocupaciones más contratadas en el mes de agosto, es decir, cuando ya la segunda ola de la pandemia era evidente, la undécima era la de ‘auxiliares de enfermería hospitalaria’, por debajo de ayudantes de cocina, empleados de correos o albañiles.

En agosto, en concreto, se hicieron 16.461 contratos de trabajo en ese segmento, de los que el 20,8% tuvo una duración inferior a una semana; otro 25,9% de los contratos duró entre siete días y un mes, y únicamente el 4,1% fue indefinido, algo que puede explicar las dificultades de las administraciones públicas para contratar, ya que en la inmensa mayoría de los casos el empleo es muy precario. Casi el 96% de los contratos es temporal, lo cual es un hándicap si se quiere favorecer la movilidad entre regiones con dificultades para cubrir las plazas, como es el caso de Madrid. Y eso, sin tener en cuenta el salario.

Según Estadística, el número de profesionales sanitarios colegiados en España se situó en 877.361 en 2019, un 2,9% más que en el año anterior. De ellos, el colectivo mayoritario fue el de enfermeros (36%), seguido de médicos (30%) y farmacéuticos (8,6%).

En cuanto al número de médicos colegiados, en 2019 había 267.995, según el INE, lo que significa un 22,3% más que hace una década. El número de diplomados de enfermería, sin contar matronas, igualmente ha crecido un 23,7%, hasta los 316.094.