Las empresas soportarán los gastos del teletrabajo, pero se fijarán por convenio

El “carácter preferente” del trabajo a distancia decayó el lunes, una vez que el Gobierno rechazó prorrogar la vigencia del artículo 5 del RDL 8/2020. Este cambio es muy importante, porque finalmente la nueva regulación del teletrabajo estará claramente influida por el carácter preferente del mismo. Este escollo centró la discusión de los agentes sociales durante todo el lunes, y no se desatascó hasta última hora del día. Justo en la cuenta atrás, ya que el Gobierno quería llevar la normativa al Consejo de Ministros de este martes.

Finalmente, la normativa acordada por el diálogo tripartito (Gobierno, sindicatos y patronal) es que la nueva ley del teletrabajo no se aplicará en el caso de que se mantenga ese carácter preferente del trabajo a distancia, ya que en esos casos se empleará la ley ordinaria. Como el Ejecutivo no prevé prorrogar ese carácter preferente del trabajo a distancia, la aplicación de la normativa se realizará por la vía de la negociación colectiva, lo que retrasará su aplicación real, explican fuentes del diálogo social.

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La nueva normativa determina claramente que serán las empresas quienes asuman todos los costes del teletrabajo, desde la inversión en los equipos necesarios hasta el pago de los gastos que conlleve (luz, teléfono, etc.). De esta forma, se debería acabar el abuso generalizado que se ha producido en los últimos meses por el cual los trabajadores han puesto de su bolsillo los medios para realizar sus tareas a distancia.

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La norma determina que su aplicación se realice a través de la negociación colectiva. De esta forma, la empresa y los trabajadores tendrán que pactar si se aplica el teletrabajo y también los costes que asume la empresa. En los casos en que el reparto de los gastos ya esté incorporado al convenio colectivo. Sin embargo, en los convenios que no tengan recogido el cálculo de los gastos, será necesario acordarlo en la negociación colectiva. Una situación que retrasará más que las empresas asuman los costes. Además, el acuerdo no fija cuáles son los costes que tienen que soportar las empresas y deja su aplicación abierta a la negociación colectiva.

El trabajo a distancia será en todos los casos voluntario para las dos partes. En la propuesta inicial remitida por el Ejecutivo, se contemplaba que fuese decisión de los trabajadores, algo que las empresas rechazaron tajantemente. El texto definitivo contempla que el trabajador y el empleador decidirán el uso de esta figura en un acuerdo por escrito. Se considerará solo en los casos en que afecte al menos al 30% de la jornada de los trabajadores y no al 20% que reclamaban los sindicatos.

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De esta forma, un día a la semana de trabajo a distancia no se regirá por esta normativa. También será voluntaria la cesación del teletrabajo. Tanto la empresa como el trabajador podrán restituir el empleo presencial cuando lo consideren oportuno.

Tanto los sindicatos como las patronales prevén ratificar el texto en sus órganos de decisión este mismo martes a lo largo de la mañana. De esta forma, el Gobierno tendrá luz verde para llevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Se utilizará finalmente la vía del real decreto-ley y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Sin embargo, el Gobierno ha comunicado a los agentes sociales que podría tramitarlo como proyecto de ley urgente para así aceptar enmiendas de los distintos grupos.