El Tesoro gana casi 500 millones en 2020 con las emisiones a tipos negativos

La crisis del coronavirus ha situado España ante un complejo problema de deuda. La caída de ingresos derivada de la situación se combina con las ingentes necesidades de gastos sanitarios, económicos y sociales que inevitablemente provocarán un agigantamiento del desequilibrio de las cuentas públicas. Cada vez son más las previsiones que apuntan a que la deuda pública superará el 120% del PIB al término de 2020.

El temor a que esta situación coloque la deuda pública española en una senda difícilmente sostenible ya tuvo su reflejo en el mercado en los pasados meses de marzo y abril, cuando en medio de la agitación provocada por la pandemia, la prima de riesgo llegó a rebasar los 150 puntos básicos, casi triplicando los niveles en que se movía un mes antes. En aquellas semanas, el Tesoro vio cómo algunas de las referencias que llevaba colocando a tipos negativos desde hacía años volvían a pasar el umbral de cero, reflejando los recelos de los inversores hacia las letras y los bonos españoles.

Desde entonces, sin embargo, la contundente actuación del Banco Central Europeo (BCE) y la aprobación por parte de la Unión Europea de un fondo de recuperación económica que contempla, por primera vez, la emisión de deuda común para favorecer a los países más golpeados por la crisis —como sería el caso de Italia y España— ha permitido encauzar la situación, hasta el punto de que hoy los bonos a 10 años de España se intercambian en el mercado a tipos inferiores a los del comienzo del año.

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La subasta de letras celebrada este martes por el Tesoro fue una clara muestra de cómo las arcas públicas se siguen beneficiando de una situación excepcional en el mercado de deuda. El organismo que dirige Carlos San Basilio tomó prestado en el mercado algo más de 3.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses, y en lugar de pagar a sus prestamistas obtuvo una rentabilidad negativa que le supondrá una ganancia total de 9,6 millones de euros.

Aunque tradicionalmente considerados una anomalía del mercado, los tipos de interés negativos han sido una constante en el último lustro, desde que el BCE inició sus programas de compra de deuda, y en el caso español han llegado a alcanzar a plazos de hasta siete y ocho años. Y esta situación apenas ha variado en el presente ejercicio, a pesar de las dificultades ocasionadas por el covid-19.

Desde el inicio de año, el Tesoro ha colocado un total de 99.157 millones de euros de deuda con rentabilidades negativas, en plazos que van desde los tres meses a los siete años. Esos títulos generarán para las arcas del Estado una ganancia total, a lo largo de todo su periodo de vigencia, superior a los 460 millones de euros.

El coste medio de la deuda española se sitúa desde julio por debajo del 2%, por primera vez en la historia, lejos del 4% que llegó a rebasar en 2011

La cifra puede parecer poco significativa cuando se pone en el contexto de una deuda que supera con creces los 1,1 billones de euros y genera unos costes en intereses claramente por encima de los 20.000 millones de euros. Pero el fenómeno de los tipos en negativo representa la parte más llamativa de la reducción de intereses en que se halla inmersa la deuda española —y la deuda europea, en general— desde hace años, y que ha sido esencial para evitar un deterioro adicional de las cuentas públicas en el último lustro, a pesar del fuerte crecimiento del endeudamiento.

Valga como referencia que, a los tipos de 2011, el monto de deuda en circulación del Tesoro a términos del año pasado habría generado unos costes casi 20.000 millones superiores a los registrados con los tipos actuales. A lo largo de 2020, y pese a los sobresaltos generados por la pandemia, el organismo público ha logrado seguir rebajando de forma ostensible los costes medios de la deuda, que desde junio se sitúan, por primera vez en la historia, por debajo del 2%. Un recorte que se ha conseguido, además, en paralelo a un aumento hasta máximos de la vida media de la deuda, lo que otorga mayor margen para la gestión de los vencimientos.

En un ejercicio en que el Tesoro se ha visto obligado a revisar al alza en casi un 50% sus objetivos de emisión, hasta rozar los 300.000 millones de euros, contar con un amplio espectro de títulos que a día de hoy no solo no generan coste sino que repercuten favorablemente en las arcas públicas supone un colchón nada desdeñable. Y de hecho, desde el equipo económico del Gobierno, se ha señalado en distintas ocasiones esta situación para restar dramatismo al incremento de la deuda pública.

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Esto no quiere decir, ni mucho menos, que las turbulencias ocasionadas por la crisis del coronavirus no hayan tenido reflejo en los costes de la deuda española. Si se toma en consideración el coste medio asumido por la deuda emitida a lo largo de 2020, se observa que los intereses han repuntado un 44% respecto a los del año anterior. Sin embargo, el 0,281% actual aún ofrece un margen muy holgado para seguir refinanciando la deuda pasada a costes más bajos.

La contención de los costes de la deuda ha sido señalada frecuentemente como una condición inexcusable para evitar que las finanzas públicas españolas alcancen niveles insostenibles. Un estudio de CaixaBank Research cifraba en el 3,25% el coste medio a partir del cual la deuda pública española podría llegar a desestabilizarse de forma preocupante.

Con el respaldo del BCE parece que, a corto plazo, este es un riesgo muy limitado. Sin embargo, entre algunos expertos impera la preocupación sobre la situación a medio plazo, cuando el coronavirus haya dejado de ser un problema inminente para el conjunto de la eurozona y algunos países empiecen a abogar por un retorno a la disciplina fiscal y un recorte de los estímulos monetarios.

El banco central ha elevado su participación en la deuda pública española de algo menos del 4% en 2014 a más del 23% en la actualidad, lo que lo convierte en el mayor tenedor de letras y bonos del Tesoro. Cualquier paso atrás en su disposición a comprar nuevos títulos puede suponer un contratiempo destacable para la capacidad de financiación del Estado.

Otro punto a considerar está relacionado con el riesgo de rebajas de 'rating' al que se enfrenta España, ante el evidente deterioro de su situación financiera. Aunque el Estado esquivó esta amenaza durante el primer semestre del año, la reciente decisión de Scope Ratings de poner la nota de la deuda española en perspectiva negativa ha servido para recordar que el peligro sigue siendo elevado. A lo largo de septiembre, está previsto que Moody's y S&P revisen la nota que otorgan al país.

Cualquier deterioro de la nota —especialmente si se produce la pérdida del nivel de A, en que la sitúan S&P y Fitch— puede suponer una merma para el interés de los fondos internacionales, que en determinados casos cuentan con unos criterios de inversión muy exigentes, que impiden invertir en títulos que no cuentan con una calificación mínima. Entre febrero y mayo, la participación de los inversores extranjeros en la deuda pública española ha caído más de tres puntos básicos, hasta situarse por debajo del 46%.

Todas estas cuestiones obligan al Tesoro y al Gobierno español a mantenerse en guardia y diseñar cuanto antes, como reclamaba Scope, "una estrategia de consolidación fiscal creíble y plurianual", capaz de devolver la deuda pública a niveles más manejables. Mientras tanto, no obstante, las arcas públicas pueden seguir beneficiándose de unos tipos capaces de convertirse en una fuente de ingresos.